Discurso del 21 de mayo
Señor Director:
Muchos criticaron que a la campaña de Sebastián Piñera le faltó una narrativa potente y propia. Este defecto también estaría presente en la agenda de su actual gobierno, que se ha preocupado más de asegurar la eficiencia a lo largo del ciclo de las políticas públicas que con declaraciones tajantes sobre impactos públicos deseados.
Así pues, el gobierno de Sebastián Piñera pareciera estar más inclinado hacia la formulación e implementación de soluciones eficaces, efectivas y eficientes que en la determinación de impactos deseados que tanto le reclaman sus adversarios.
Sin perjuicio de lo anterior, cobra importancia destacar que el 21 de mayo es el momento clave para proyectar la narrativa sobre los impactos que el Gobierno desea generar y comunicarlos con mucha claridad a los miembros de la Coalición por el Cambio, a los ciudadanos y a la oposición.
En este sentido, más que exclusivamente hacer una lectura árida de un listado de variadas soluciones técnicas a ser implementadas por el Gobierno, el Presidente Piñera debe aprovechar su discurso para describir y comunicar solamente dos o tres impactos deseados, no más. Esta opción le permitirá forjar un nuevo espacio de intención estratégica y alineamiento político detrás de su liderazgo para este nuevo ciclo político.
Ha llegado la hora de que el Presidente comunique con mucha convicción la visión de sociedad de oportunidades, seguridades, valores e instituciones que se comprometió a construir durante la campaña.
Rafael Pastor
Profesor Escuela de Gobierno y Gestión Pública
Universidad de Chile
jueves, 20 de mayo de 2010
miércoles, 12 de mayo de 2010
martes, 11 de mayo de 2010
El regreso de la política industrial - Dani Rodrik
2010-04-12 CAMBRIDGE – El Primer Ministro británico, Gordon Brown, la promueve como medio para crear empleos muy especializados. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, habla de utilizarla para mantener empleos industriales en su país. El economista jefe del Banco Mundial, Justin Lin, la apoya claramente para acelerar el cambio estructural en las naciones en desarrollo. McKinsey está asesorando a los gobiernos sobre cómo hacerlo correctamente.
La política industrial está de vuelta.
De hecho, la política industrial nunca pasó de moda. Los economistas entusiastas del neoliberal Consenso de Washington pueden haberla descartado, pero las economías de éxito siempre han confiado en las políticas estatales que fomentan el crecimiento acelerando la transformación estructural.
China es un ejemplo. Sus fenomenales proezas manufactureras se deben en parte a la ayuda pública a las nuevas industrias. Las empresas de propiedad estatal han hecho de incubadoras de aptitudes técnicas y talento en materia de gestión. Las prescripciones relativas al contenido local han originado la aparición de industrias productivas proveedoras de productos para los sectores del automóvil y de la electrónica. Unos generosos incentivos de la exportación han ayudado a las empresas a introducirse en los mercados mundiales.
Chile, calificado con frecuencia de paraíso del libre mercado, es otro ejemplo. El Estado ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de todas las nuevas exportaciones importantes que produce el país. Las uvas chilenas se introdujeron en los mercados mundiales gracias a actividades de investigación e innovación que contaban con financiación pública. Los productos de la silvicultura contaron con fuertes subvenciones de no otro que el general Augusto Pinochet y la industria del salmón, que tanto éxito ha tenido, es una creación de la Fundación Chile, fondo de capital de riesgo casi público.
Pero, en materia de política industrial, los Estados Unidos son los que se llevan la palma. Resulta irónico, porque el término “política industrial” es anatema en el lenguaje político americano. Se usa casi exclusivamente para intimidar a oponentes políticos con acusaciones de designios económicos estalinistas.
Sin embargo, los Estados Unidos deben gran parte de sus proezas innovadoras al apoyo gubernamental. Como explica el profesor de la escuela de Administración de Empresas de Harvard Josh Lerner en su libro Boulevard of Broken Dreams (“Bulevar de sueños defraudados”), los contratos del Departamento de Defensa de los EE.UU. desempeñaron un papel decisivo en la aceleración de Silicon Valley en sus primeros tiempos. La red Internet, posiblemente la innovación más importante de nuestro tiempo, fue consecuencia de un proyecto del Departamento de Defensa iniciado en 1969.
Tampoco la aceptación de la política industrial por parte de los Estados Unidos es sólo un asunto de interés histórico. En la actualidad el Gobierno Federal de los EE.UU. es el mayor capitalista de riesgo del mundo. Según The Wall Street Journal, tan sólo el Departamento de Energía de los EE.UU. se propone gastar 40.000 millones en préstamos y subvenciones para alentar a las empresas privadas a desarrollar tecnologías verdes, como, por ejemplo, coches eléctricos, nuevas baterías, turbinas eólicas y paneles solares. Durante los tres primeros trimestres de 2009, las empresas de capital de riesgo privadas invirtieron menos de 3.000 millones en total en ese sector. El Departamento de Energía invirtió 13.000 millones.
Así, pues, el cambio a la aceptación de la política industrial es un reconocimiento digno de beneplácito de lo que los analistas sensatos del crecimiento económico siempre han sabido: el desarrollo de nuevas industrias requiere con frecuencia un impulso gubernamental, que puede adoptar la forma de subvenciones, préstamos, infraestructuras y otras clases de apoyo, pero, si rascamos la superficie de cualquier nueva industria de éxito en cualquier parte, lo más probable es que encontremos por debajo ayuda gubernamental.
La verdadera cuestión en materia de política industrial no es la de si se debe aplicar, sino cómo. Veamos tres principios importantes que conviene tener presentes.
En primer lugar, la política industrial es un estado de ánimo más que una lista de políticas concretas. Los que la aplican con éxito entienden que es más importante crear un clima de colaboración entre el Gobierno y el sector privado que facilitar incentivos financieros. Mediante consejos deliberantes, foros de desarrollo de proveedores, consejos consultivos en materia de inversión, mesas redondas sectoriales o fondos privados y públicos de capital de riesgo, la colaboración va encaminada a obtener información sobre oportunidades de inversión y cuellos de botella, lo que requiere un gobierno encaminado –no encamado– junto con el sector privado.
En segundo lugar, la política industrial debe recurrir tanto a las zanahorias como a los palos.
Dados sus riesgos y el desfase entre sus beneficios sociales y privados, la innovación requiere rentas: rendimientos superiores a los que brindan los mercados competitivos. Ésa es la razón por la que todos los países tienen un sistema de patentes, pero los incentivos permanentes tienen sus costos: pueden aumentar los precios al consumo y acumular recursos en actividades improductivas. Ésa es la razón por la que las patentes tienen un plazo de expiración. Se debe aplicar el mismo principio a todas las medidas gubernamentales en pro de la creación de nuevas industrias. Los incentivos gubernamentales deben ser temporales y estar basados en los resultados.
En tercer lugar, quienes aplican la política industrial deben tener presente que va encaminada a servir a la sociedad en general, no a los burócratas que la administran ni a las empresas que reciben incentivos. Como protección contra el abuso y la acaparación, se debe aplicar la política industrial de forma transparente y responsable y sus procesos deben admitir a nuevos concurrentes, además de los establecidos.
La acusación habitual contra la política industrial es la de que los gobiernos no pueden saber quiénes triunfarán. Claro que no pueden, pero eso carece en gran medida de importancia. Lo que determina el éxito en materia de política industrial no es la capacidad para reconocer a los triunfadores, sino la capacidad para abandonar a los perdedores, requisito mucho menos exigente. La incertidumbre garantiza que incluso políticas óptimas provoquen errores. La cuestión es que los gobiernos reconozcan esos errores y retiren su apoyo antes de que resulten demasiado costosos.
Thomas Watson, el fundador de IBM, dijo en cierta ocasión: “Si quieres triunfar, aumenta tu tasa de errores”. Un gobierno que no comete errores al fomentar la industria es el que comete el error mayor de no esforzarse lo suficiente haciendo intentos.
Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela John F. Kennedy de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, ha sido el primer ganador del premio Albert O. Hirshman del Consejo de Investigaciones de Ciencias Sociales. Su último libro es One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (“Una economía y muchas recetas. Mundialización, instituciones y crecimiento económico”).
En este enlace puede encontrar un podcast de este artículo: http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/rodrik.42.mp3
La política industrial está de vuelta.
De hecho, la política industrial nunca pasó de moda. Los economistas entusiastas del neoliberal Consenso de Washington pueden haberla descartado, pero las economías de éxito siempre han confiado en las políticas estatales que fomentan el crecimiento acelerando la transformación estructural.
China es un ejemplo. Sus fenomenales proezas manufactureras se deben en parte a la ayuda pública a las nuevas industrias. Las empresas de propiedad estatal han hecho de incubadoras de aptitudes técnicas y talento en materia de gestión. Las prescripciones relativas al contenido local han originado la aparición de industrias productivas proveedoras de productos para los sectores del automóvil y de la electrónica. Unos generosos incentivos de la exportación han ayudado a las empresas a introducirse en los mercados mundiales.
Chile, calificado con frecuencia de paraíso del libre mercado, es otro ejemplo. El Estado ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de todas las nuevas exportaciones importantes que produce el país. Las uvas chilenas se introdujeron en los mercados mundiales gracias a actividades de investigación e innovación que contaban con financiación pública. Los productos de la silvicultura contaron con fuertes subvenciones de no otro que el general Augusto Pinochet y la industria del salmón, que tanto éxito ha tenido, es una creación de la Fundación Chile, fondo de capital de riesgo casi público.
Pero, en materia de política industrial, los Estados Unidos son los que se llevan la palma. Resulta irónico, porque el término “política industrial” es anatema en el lenguaje político americano. Se usa casi exclusivamente para intimidar a oponentes políticos con acusaciones de designios económicos estalinistas.
Sin embargo, los Estados Unidos deben gran parte de sus proezas innovadoras al apoyo gubernamental. Como explica el profesor de la escuela de Administración de Empresas de Harvard Josh Lerner en su libro Boulevard of Broken Dreams (“Bulevar de sueños defraudados”), los contratos del Departamento de Defensa de los EE.UU. desempeñaron un papel decisivo en la aceleración de Silicon Valley en sus primeros tiempos. La red Internet, posiblemente la innovación más importante de nuestro tiempo, fue consecuencia de un proyecto del Departamento de Defensa iniciado en 1969.
Tampoco la aceptación de la política industrial por parte de los Estados Unidos es sólo un asunto de interés histórico. En la actualidad el Gobierno Federal de los EE.UU. es el mayor capitalista de riesgo del mundo. Según The Wall Street Journal, tan sólo el Departamento de Energía de los EE.UU. se propone gastar 40.000 millones en préstamos y subvenciones para alentar a las empresas privadas a desarrollar tecnologías verdes, como, por ejemplo, coches eléctricos, nuevas baterías, turbinas eólicas y paneles solares. Durante los tres primeros trimestres de 2009, las empresas de capital de riesgo privadas invirtieron menos de 3.000 millones en total en ese sector. El Departamento de Energía invirtió 13.000 millones.
Así, pues, el cambio a la aceptación de la política industrial es un reconocimiento digno de beneplácito de lo que los analistas sensatos del crecimiento económico siempre han sabido: el desarrollo de nuevas industrias requiere con frecuencia un impulso gubernamental, que puede adoptar la forma de subvenciones, préstamos, infraestructuras y otras clases de apoyo, pero, si rascamos la superficie de cualquier nueva industria de éxito en cualquier parte, lo más probable es que encontremos por debajo ayuda gubernamental.
La verdadera cuestión en materia de política industrial no es la de si se debe aplicar, sino cómo. Veamos tres principios importantes que conviene tener presentes.
En primer lugar, la política industrial es un estado de ánimo más que una lista de políticas concretas. Los que la aplican con éxito entienden que es más importante crear un clima de colaboración entre el Gobierno y el sector privado que facilitar incentivos financieros. Mediante consejos deliberantes, foros de desarrollo de proveedores, consejos consultivos en materia de inversión, mesas redondas sectoriales o fondos privados y públicos de capital de riesgo, la colaboración va encaminada a obtener información sobre oportunidades de inversión y cuellos de botella, lo que requiere un gobierno encaminado –no encamado– junto con el sector privado.
En segundo lugar, la política industrial debe recurrir tanto a las zanahorias como a los palos.
Dados sus riesgos y el desfase entre sus beneficios sociales y privados, la innovación requiere rentas: rendimientos superiores a los que brindan los mercados competitivos. Ésa es la razón por la que todos los países tienen un sistema de patentes, pero los incentivos permanentes tienen sus costos: pueden aumentar los precios al consumo y acumular recursos en actividades improductivas. Ésa es la razón por la que las patentes tienen un plazo de expiración. Se debe aplicar el mismo principio a todas las medidas gubernamentales en pro de la creación de nuevas industrias. Los incentivos gubernamentales deben ser temporales y estar basados en los resultados.
En tercer lugar, quienes aplican la política industrial deben tener presente que va encaminada a servir a la sociedad en general, no a los burócratas que la administran ni a las empresas que reciben incentivos. Como protección contra el abuso y la acaparación, se debe aplicar la política industrial de forma transparente y responsable y sus procesos deben admitir a nuevos concurrentes, además de los establecidos.
La acusación habitual contra la política industrial es la de que los gobiernos no pueden saber quiénes triunfarán. Claro que no pueden, pero eso carece en gran medida de importancia. Lo que determina el éxito en materia de política industrial no es la capacidad para reconocer a los triunfadores, sino la capacidad para abandonar a los perdedores, requisito mucho menos exigente. La incertidumbre garantiza que incluso políticas óptimas provoquen errores. La cuestión es que los gobiernos reconozcan esos errores y retiren su apoyo antes de que resulten demasiado costosos.
Thomas Watson, el fundador de IBM, dijo en cierta ocasión: “Si quieres triunfar, aumenta tu tasa de errores”. Un gobierno que no comete errores al fomentar la industria es el que comete el error mayor de no esforzarse lo suficiente haciendo intentos.
Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela John F. Kennedy de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, ha sido el primer ganador del premio Albert O. Hirshman del Consejo de Investigaciones de Ciencias Sociales. Su último libro es One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (“Una economía y muchas recetas. Mundialización, instituciones y crecimiento económico”).
En este enlace puede encontrar un podcast de este artículo: http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/rodrik.42.mp3
viernes, 7 de mayo de 2010
Asociación Ilícita y Propiedad Intelectual
La piratería genera externalidades negativas para las empresas, los consumidores y el estado. En efecto, a los primeros les diluye la fuerza distintiva, el valor comercial y publicitario de sus marcas, mientras que a los segundos les genera un impacto perjudicial para su salud y patrimonios, especialmente en sectores como el farmacéutico, eléctrico y tabacalero.
Los estados se ven también afectados por este flagelo al ver mermados sus ingresos tributarios por la evasión que genera la piratería por uno lado, y por el otro deben lidiar con el aumento del gasto público que implica el combate al crimen organizado de la piratería.
En este sentido resulta una buena noticia que la Ley 20.435 que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual haya incorporado una agravante a los actos de piratería, cuando el responsable de los delitos haya formado parte de una agrupación o reunión de personas para cometer los mismos, sin necesariamente incurrir en los delitos de asociación ilícita tipificados en el artículo 292 del Código Penal y otras leyes especiales.
Es sabido que la piratería nunca se ha podido combatir adecuadamente recurriendo al delito de asociación ilícita puesto que su tipo penal describe una conducta que es muy difícil de probar, ya que como reconoce la Corte Suprema (sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002 - rol Nº 1183-02): “…el delito de asociación ilícita contemplado en la Ley 19.366 debe estar constituida por dos o mas personas cuyas voluntades convergen para constituir un cuerpo organizado jerárquicamente, dirigido por uno o mas jefes, con reglas y directivas que deben acatar y hacer cumplir disciplinadamente (entre ellas el sigilo), con carácter mas o menos permanente en el tiempo, con la finalidad de cometer uno o mas de los delitos que contempla la ley 19.366.”
En consecuencia, cabe manifestar que esta reforma genera una agravante que constituye un desincentivo importante para los piratas, ya que permite castigar con mayor rigor punitivo a los individuos que se agrupen o reúnan para cometer los ilícitos que la ley describe, sin tener que recurrir al exigente artículo 292 del Código Penal.
Rafael Pastor
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & Mckenzie)
Los estados se ven también afectados por este flagelo al ver mermados sus ingresos tributarios por la evasión que genera la piratería por uno lado, y por el otro deben lidiar con el aumento del gasto público que implica el combate al crimen organizado de la piratería.
En este sentido resulta una buena noticia que la Ley 20.435 que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual haya incorporado una agravante a los actos de piratería, cuando el responsable de los delitos haya formado parte de una agrupación o reunión de personas para cometer los mismos, sin necesariamente incurrir en los delitos de asociación ilícita tipificados en el artículo 292 del Código Penal y otras leyes especiales.
Es sabido que la piratería nunca se ha podido combatir adecuadamente recurriendo al delito de asociación ilícita puesto que su tipo penal describe una conducta que es muy difícil de probar, ya que como reconoce la Corte Suprema (sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002 - rol Nº 1183-02): “…el delito de asociación ilícita contemplado en la Ley 19.366 debe estar constituida por dos o mas personas cuyas voluntades convergen para constituir un cuerpo organizado jerárquicamente, dirigido por uno o mas jefes, con reglas y directivas que deben acatar y hacer cumplir disciplinadamente (entre ellas el sigilo), con carácter mas o menos permanente en el tiempo, con la finalidad de cometer uno o mas de los delitos que contempla la ley 19.366.”
En consecuencia, cabe manifestar que esta reforma genera una agravante que constituye un desincentivo importante para los piratas, ya que permite castigar con mayor rigor punitivo a los individuos que se agrupen o reúnan para cometer los ilícitos que la ley describe, sin tener que recurrir al exigente artículo 292 del Código Penal.
Rafael Pastor
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & Mckenzie)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)