Transparencia: más pro-actividad que pasividad [1]
Con la aprobación y reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública (LAP) se va completando uno de los ciclos de reformas administrativas de “segunda generación” más notables en la historia del Chile moderno. Tal como nos recuerdan Navia y Velasco en su artículo titulado ‘The Politics of Second Generation Reforms in Latin America’*, este tipo de reformas se caracterizan menos por declaraciones tajantes acerca de los instrumentos técnicos que por el establecimiento de metas de resultados o impactos deseados (la disminución de la corrupción, la reducción de la pobreza, etc.) y la importancia que adquieren los aspectos cualitativos del proceso decisorio. En este sentido, la LAP y el Consejo para la Transparencia (CPT) resultan ejemplos claros del costoso y difícil proceso implícito en la formulación e implementación de una reforma de segunda generación, así como de la particular (exitoso, podría decirse) mezcla de confrontación y consenso que ha caracterizado al proceso de formulación de políticas públicas en Chile.
Es probable que a esta revolución silenciosa la siga un periodo menos espectacular pero más bullicioso de reformas en el margen, dominado por las tensiones de la implementación y el necesario ajuste iterativo de los marcos jurídicos, organizacionales y culturales. En vistas de ello, y sin perjuicio de lo anterior, creemos importante tener presente las siguientes premisas a efectos de no perder el norte en el esfuerzo por promover la transparencia en todos los ámbitos públicos.
En primer lugar, resulta necesario evitar la tendencia reduccionista a ver a las políticas de transparencia simplemente como una mera herramienta anticorrupción. Con todo lo importante que dicho aspecto puede resultar, la misión más amplia de la LAP y del CPT debe ser la de asegurar que el ciclo de las políticas públicas sea alimentado con datos relevantes, fiables y precisos, respaldado por sistemas de información adecuados, y buenas prácticas de gestión del conocimiento. Conectado a lo anterior, es igualmente preciso evitar la tendencia ingenua de creer que leyes que promueven la transparencia serán cura para todos los males de la esfera pública. Esto no solo es erróneo sino también peligroso, por cuanto la transparencia constituye un insumo y no un sustituto de un proceso sano de discusión de políticas públicas. En este sentido, consideramos el manejo de las expectativas ciudadanas y políticas debería formar parte de la agenda inmediata y mediata del CPT.
En segundo lugar, es importante resaltar que el éxito del nuevo marco jurídico en el mediano y largo plazo depende menos de las llamadas medidas de “transparencia pasiva” que de la progresiva efectivización de los 8 principios de acceso a la información pública implícitos en el concepto de “transparencia activa”: los datos deben ser publicados en forma completa, primaria, oportuna, accesible y no discriminatoria, en formatos no propietarios, aptos para su procesamiento y (por ser un bien público) libre de licencias. Desafortunadamente, y aún cuando la LAP registra importantes avances en este aspecto, es de esperar que la implementación de los sistemas pasivos se lleve –al menos en esta primera etapa- buena parte del tiempo, la atención y los recursos financieros a disposición de los Ministerios, los Servicios, las Agencias gubernamentales y los Municipios.
Finalmente, cabe resaltar que si el desafió de la LAP es grande para el lado de la "oferta" - las organizaciones gubernamentales- no lo es menos para el lado de la “demanda” en materia de información pública, en especial ONGs y prensa. Si bien éstas han tenido un rol fundamental en el desarrollo del nuevo marco jurídico, resulta mucho menos claro que ambos sectores posean hoy las capacidades y los recursos humanos adecuados para aprovechar las oportunidades que ofrece su implementación. En otras palabras: trascender la tentación de ejercer cierto voyeurismo administrativo (p.ej. saber cuanto gana quien) y aprovechar la disponibilidad de datos para enriquecer el debate público podría, en muchos casos, exigir un cambio cultural y organizacional equivalente al que se solicita del sector público.
En resumen, consideramos que durante la etapa de implementación de la LAP el foco debería estar orientado a satisfacer los resultados en materia de transparencia activa, antes que a meramente fiscalizar los insumos legalistas que demanda la transparencia pasiva. En la medida que estos principios se vayan materializando, las políticas de transparencia no solo contribuirán a cumplimentar el derecho ciudadano al acceso a la información, sino también a la generación de mejores políticas públicas como las educativas o de salud.
*Capítulo publicado en el libro After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America.
[1] Rafael Pastor (Profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile)
Gonzalo Iglesias (Consultor Internacional)
