El regreso de la política industrial - Dani Rodrik

2010-04-12 CAMBRIDGE – El Primer Ministro británico, Gordon Brown, la promueve como medio para crear empleos muy especializados. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, habla de utilizarla para mantener empleos industriales en su país. El economista jefe del Banco Mundial, Justin Lin, la apoya claramente para acelerar el cambio estructural en las naciones en desarrollo. McKinsey está asesorando a los gobiernos sobre cómo hacerlo correctamente.

La política industrial está de vuelta.

De hecho, la política industrial nunca pasó de moda. Los economistas entusiastas del neoliberal Consenso de Washington pueden haberla descartado, pero las economías de éxito siempre han confiado en las políticas estatales que fomentan el crecimiento acelerando la transformación estructural.

China es un ejemplo. Sus fenomenales proezas manufactureras se deben en parte a la ayuda pública a las nuevas industrias. Las empresas de propiedad estatal han hecho de incubadoras de aptitudes técnicas y talento en materia de gestión. Las prescripciones relativas al contenido local han originado la aparición de industrias productivas proveedoras de productos para los sectores del automóvil y de la electrónica. Unos generosos incentivos de la exportación han ayudado a las empresas a introducirse en los mercados mundiales.

Chile, calificado con frecuencia de paraíso del libre mercado, es otro ejemplo. El Estado ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de todas las nuevas exportaciones importantes que produce el país. Las uvas chilenas se introdujeron en los mercados mundiales gracias a actividades de investigación e innovación que contaban con financiación pública. Los productos de la silvicultura contaron con fuertes subvenciones de no otro que el general Augusto Pinochet y la industria del salmón, que tanto éxito ha tenido, es una creación de la Fundación Chile, fondo de capital de riesgo casi público.

Pero, en materia de política industrial, los Estados Unidos son los que se llevan la palma. Resulta irónico, porque el término “política industrial” es anatema en el lenguaje político americano. Se usa casi exclusivamente para intimidar a oponentes políticos con acusaciones de designios económicos estalinistas.

Sin embargo, los Estados Unidos deben gran parte de sus proezas innovadoras al apoyo gubernamental. Como explica el profesor de la escuela de Administración de Empresas de Harvard Josh Lerner en su libro Boulevard of Broken Dreams (“Bulevar de sueños defraudados”), los contratos del Departamento de Defensa de los EE.UU. desempeñaron un papel decisivo en la aceleración de Silicon Valley en sus primeros tiempos. La red Internet, posiblemente la innovación más importante de nuestro tiempo, fue consecuencia de un proyecto del Departamento de Defensa iniciado en 1969.

Tampoco la aceptación de la política industrial por parte de los Estados Unidos es sólo un asunto de interés histórico. En la actualidad el Gobierno Federal de los EE.UU. es el mayor capitalista de riesgo del mundo. Según The Wall Street Journal, tan sólo el Departamento de Energía de los EE.UU. se propone gastar 40.000 millones en préstamos y subvenciones para alentar a las empresas privadas a desarrollar tecnologías verdes, como, por ejemplo, coches eléctricos, nuevas baterías, turbinas eólicas y paneles solares. Durante los tres primeros trimestres de 2009, las empresas de capital de riesgo privadas invirtieron menos de 3.000 millones en total en ese sector. El Departamento de Energía invirtió 13.000 millones.

Así, pues, el cambio a la aceptación de la política industrial es un reconocimiento digno de beneplácito de lo que los analistas sensatos del crecimiento económico siempre han sabido: el desarrollo de nuevas industrias requiere con frecuencia un impulso gubernamental, que puede adoptar la forma de subvenciones, préstamos, infraestructuras y otras clases de apoyo, pero, si rascamos la superficie de cualquier nueva industria de éxito en cualquier parte, lo más probable es que encontremos por debajo ayuda gubernamental.

La verdadera cuestión en materia de política industrial no es la de si se debe aplicar, sino cómo. Veamos tres principios importantes que conviene tener presentes.

En primer lugar, la política industrial es un estado de ánimo más que una lista de políticas concretas. Los que la aplican con éxito entienden que es más importante crear un clima de colaboración entre el Gobierno y el sector privado que facilitar incentivos financieros. Mediante consejos deliberantes, foros de desarrollo de proveedores, consejos consultivos en materia de inversión, mesas redondas sectoriales o fondos privados y públicos de capital de riesgo, la colaboración va encaminada a obtener información sobre oportunidades de inversión y cuellos de botella, lo que requiere un gobierno encaminado –no encamado– junto con el sector privado.
En segundo lugar, la política industrial debe recurrir tanto a las zanahorias como a los palos.

Dados sus riesgos y el desfase entre sus beneficios sociales y privados, la innovación requiere rentas: rendimientos superiores a los que brindan los mercados competitivos. Ésa es la razón por la que todos los países tienen un sistema de patentes, pero los incentivos permanentes tienen sus costos: pueden aumentar los precios al consumo y acumular recursos en actividades improductivas. Ésa es la razón por la que las patentes tienen un plazo de expiración. Se debe aplicar el mismo principio a todas las medidas gubernamentales en pro de la creación de nuevas industrias. Los incentivos gubernamentales deben ser temporales y estar basados en los resultados.

En tercer lugar, quienes aplican la política industrial deben tener presente que va encaminada a servir a la sociedad en general, no a los burócratas que la administran ni a las empresas que reciben incentivos. Como protección contra el abuso y la acaparación, se debe aplicar la política industrial de forma transparente y responsable y sus procesos deben admitir a nuevos concurrentes, además de los establecidos.

La acusación habitual contra la política industrial es la de que los gobiernos no pueden saber quiénes triunfarán. Claro que no pueden, pero eso carece en gran medida de importancia. Lo que determina el éxito en materia de política industrial no es la capacidad para reconocer a los triunfadores, sino la capacidad para abandonar a los perdedores, requisito mucho menos exigente. La incertidumbre garantiza que incluso políticas óptimas provoquen errores. La cuestión es que los gobiernos reconozcan esos errores y retiren su apoyo antes de que resulten demasiado costosos.

Thomas Watson, el fundador de IBM, dijo en cierta ocasión: “Si quieres triunfar, aumenta tu tasa de errores”. Un gobierno que no comete errores al fomentar la industria es el que comete el error mayor de no esforzarse lo suficiente haciendo intentos.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela John F. Kennedy de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, ha sido el primer ganador del premio Albert O. Hirshman del Consejo de Investigaciones de Ciencias Sociales. Su último libro es One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (“Una economía y muchas recetas. Mundialización, instituciones y crecimiento económico”).
En este enlace puede encontrar un podcast de este artículo: http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/rodrik.42.mp3

Asociación Ilícita y Propiedad Intelectual

La piratería genera externalidades negativas para las empresas, los consumidores y el estado. En efecto, a los primeros les diluye la fuerza distintiva, el valor comercial y publicitario de sus marcas, mientras que a los segundos les genera un impacto perjudicial para su salud y patrimonios, especialmente en sectores como el farmacéutico, eléctrico y tabacalero.

Los estados se ven también afectados por este flagelo al ver mermados sus ingresos tributarios por la evasión que genera la piratería por uno lado, y por el otro deben lidiar con el aumento del gasto público que implica el combate al crimen organizado de la piratería.

En este sentido resulta una buena noticia que la Ley 20.435 que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual haya incorporado una agravante a los actos de piratería, cuando el responsable de los delitos haya formado parte de una agrupación o reunión de personas para cometer los mismos, sin necesariamente incurrir en los delitos de asociación ilícita tipificados en el artículo 292 del Código Penal y otras leyes especiales.

Es sabido que la piratería nunca se ha podido combatir adecuadamente recurriendo al delito de asociación ilícita puesto que su tipo penal describe una conducta que es muy difícil de probar, ya que como reconoce la Corte Suprema (sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002 - rol Nº 1183-02): “…el delito de asociación ilícita contemplado en la Ley 19.366 debe estar constituida por dos o mas personas cuyas voluntades convergen para constituir un cuerpo organizado jerárquicamente, dirigido por uno o mas jefes, con reglas y directivas que deben acatar y hacer cumplir disciplinadamente (entre ellas el sigilo), con carácter mas o menos permanente en el tiempo, con la finalidad de cometer uno o mas de los delitos que contempla la ley 19.366.”

En consecuencia, cabe manifestar que esta reforma genera una agravante que constituye un desincentivo importante para los piratas, ya que permite castigar con mayor rigor punitivo a los individuos que se agrupen o reúnan para cometer los ilícitos que la ley describe, sin tener que recurrir al exigente artículo 292 del Código Penal.

Rafael Pastor
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & Mckenzie)

Transparencia Activa y Reconstrucción Nacional

El lunes pasado (19 de abril de 2010) se cumplió un año de la entrada en vigencia de Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien este primer año ha estado marcado principalmente por un proceso de implementación de estándares legales de transparencia pasiva y la generación de valiosa jurisprudencia administrativa nueva, no parece exagerado señalar que el plan de reconstrucción nacional que anunció el poder ejecutivo nos otorga una gran oportunidad para perfeccionar cualitativamente la noción de transparencia activa que queremos para Chile.

Hasta ahora básicamente esta noción esta circunscrita a un listado taxativo establecido en la Ley 20.285 que determina de forma cuantitativa toda la información que debe ser publicada por la mayoría de los organismos estatales. También incorpora el principio de facilitación que obliga a excluir exigencias o requisitos que puedan obstruir o impedir el acceso a la información pública.

En este sentido, podemos argumentar que actualmente tenemos un estándar adecuado en Chile de transparencia activa desde un punto de vista cuantitativo. También poseemos un marco legal que da espacio para interpretaciones más exigentes en lo que dice relación con la transparencia activa desde un punto de vista cualitativo. Es decir, no sólo estamos frente a la posibilidad real de exigirle al estado el listado antes mencionado, sino que además la publicación de todos los datos del mismo en un formato electrónico amigable que disminuya los costos de transacción de su adquisición, y asegure a su vez la posibilidad de su reutilización con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.

Para ello junto con el plan de reconstrucción nacional, considero que el gobierno debe enviar un instructivo que obligue la publicación de datos por parte de todos los organismos públicos involucrados en la implementación del plan de reconstrucción nacional en una sola página Web, y en un formato abierto y sin restricciones. Esta exigencia permitirá a todos los ciudadanos usar estos datos especialmente en relación con el tremendo potencial de las tecnologías de la información y la Web 2.0, y con ello agregarles valor tanto público como privado.

Lo anterior también permitirá mayor legitimación social del plan, vía transparencia, participación y colaboración, y será un medio idóneo para generar un insumo relevante para un gobierno central que proactivamente busca una mejor gestión, y por ende más y mejores mecanismos de rendición de cuentas en el gasto y uso de los recursos de todos los chilenos.

Rafael Pastor

Leadership Lessons from Dancing Guy

Se viene Iterativa

Me publican carta hoy en el Mercurio.

Estimado Director,

El cataclismo del 27 de febrero abrió varias ventanas de oportunidad para la agenda política del gobierno de Sebastián Piñera. Una de ellas ha sido aprovechada de manera muy asertiva por la actual administración al sugerir el aumento moderado de los impuestos a las empresas.

Este camino no sólo incorpora nuevamente esta alternativa en la discusión de la agenda pública como un insumo importante para la reconstrucción nacional y la provisión de mejores bienes públicos, sino que implica la apropiación de una solución que es bastante ajena al mundo de la centro derecha, y más bien corresponde a una vieja y frustrada aspiración de la Concertación que no fue posible concretar en los últimos veinte años.

En este sentido, podemos argüir que el gobierno se anota un golazo político al meter la mano dentro de un bolsillo de soluciones político-técnicas ajenas, no sólo porque sigue apoderándose del centro político de la agenda pública, sino que además disipa con ello la inquietud reinante en ciertos sectores en el sentido de que el gobierno de Sebastián Piñera tendría una inclinación a velar más por los intereses de los grandes empresarios que por los del bien común.

Asimismo, con esta apropiación estratégica el gobierno pone en un lugar muy incómodo a la oposición y algunos sectores más radicales de la UDI, ya que para los primeros el alza de impuestos es parte esencial de su ADN político, por lo que obviamente no podrán restarse frente a esta opción por módica que sea perdiendo con ello el patrocinio de la misma, y para los segundos es una opción infundada y equivocada, pero cuyo rechazo en un contexto de reconstrucción nacional resulta moral y políticamente muy poco viable.

David Cameron: La próxima era de gobierno

El líder del Partido Conservador británico dice que entramos en una nueva era, en la que los propios gobiernos poseen menos poder (y menos dinero) y la gente, empoderada por la tecnología, posee más. Apoyándose en la nuevas ideas sobre economía conductual, explora cómo estas tendencias podrían transformarse en una forma de hacer política más inteligente.