Transparencia no es sinónimo de valor público

Si bien estoy de acuerdo con lo señalado por el Presidente Consejo para la Transparencia en su artículo de opinión publicado por su Diario el 16 de abril de 2011, quisiera sin embargo hacer algunos alcances al mismo.

Primero, la transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para facilitar la generación de más y mejor valor público. Es decir, transparencia a secas no implica valor público para nada.

Segundo, la transparencia sirve también como medio para asegurar que el ciclo de las políticas públicas y los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes sean alimentados con datos relevantes, fiables y precisos, y además que los mismos sean respaldado por sistemas de información adecuados, y utilizados con buenas prácticas de gestión del conocimiento.

Tercero, la transparencia en sí misma no detiene la corrupción, sino que implica un medio para incentivar mejor control político (vertical y horizontal), financiero y social sobre la función pública. De alguna forma es un subsidio para generar soluciones respecto al complejo problema de acción colectiva que implica controlar a los gobiernos de turno y a la burocracia.

Cuarto, el impacto generado por las políticas de transparencia debe ser medido, ya que la misma no es gratis. Implementar los esfuerzos para asegurar más transparencia pasiva son caros, y por ende resulta clave que la DIPRES u otro ente evaluador independiente, demuestre que los esfuerzos del Consejo para la Transparencia han sido efectivos para disminuir la corrupción y hacer más eficientes y efectivos a nuestro gobierno central, a los gobiernos locales y a las empresas públicas.

Quinto, considero que el foco debiese estar mucho más orientado a satisfacer los resultados en materia de transparencia activa con una política pública real de datos abiertos, antes que a meramente fiscalizar los insumos legalistas que demanda la transparencia pasiva. En la medida que tengamos más datos abiertos, las políticas de transparencia no solo contribuirán al respeto y cumplimiento del derecho ciudadano al acceso a la información, sino también a la generación de mejores políticas públicas sectoriales a un costo mucho más bajo.

Rafael Pastor

Problemas Transcientíficos

En su columna de ayer, Ernesto Tironi señala que el conocimiento técnico-científico ha perdido autoridad para hacerse cargo de los retorcidos problemas públicos como consecuencia de lo ocurrido en Fukushima.

Sin embargo, Giadomenico Majone en su libro Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas, señala que los problemas públicos poseen más bien una naturaleza “transcientífica”, lo que implica que son cuestiones que pueden enunciarse científicamente, pero no resolverse por la misma vía.

Lo anterior sucede puesto que la ciencia se hace cargo solamente del pasado generando analíticamente diagnósticos (descripciones) sobre aquello que es verdadero o falso, más no sobre aquello que tienen compromiso con la acción. Por otro lado, la retórica dialéctica (el lenguaje político) busca hacerse cargo del futuro ideológicamente por medio de diseños argumentativos fundados convencionalmente que apuntan a cambiar el futuro con impactos reales que no pueden ser axiológicamente neutros.

La definición de los problemas públicos como “transcientíficos” fue utilizada por Majone para destacar lo importante que son las palabras y los argumentos en la formulación de políticas públicas, como asimismo para concluir que los criterios científicos de la verdad chocan generalmente con las normas legales de las evidencias y con las nociones políticas de lo que constituye una base suficiente para la acción. También es relevante esta nomenclatura ya que nos refuerza la noción de que las ideas que comienzan a configurarse como soluciones a los problemas sociales están más allá del lenguaje estrictamente técnico.

En consecuancia, cobra sentido concluir que la ciencia siempre ha sido y seguirá siendo solamente un generador de insumos para fundamentar argumentos que nunca serán verdaderos o falsos sino que más bien buenos o malos según el criterio de aceptación que prima mayoritariamente en cada momento histórico.

Rafael Pastor Besoain

Profesor Escuela de Gobierno y Gestión Pública

Universidad de Chile

The A-Lo Show with Guest:Rafael Pastor of Baker & McKenzie’s Intellectual Property Practice Group

Adrien taked with Rafael Pastor, who leads Baker & McKenzie’s (a global Law Firm) Intellectual Property Practice Group in the Santiago office, where he practices mainly on trademark prosecution and litigation. Mr. Pastor authored the chapter, “The Impact of Free Trade Agreements on Intellectual Property Standards in a Post-TRIPS World” in Legal and Business Dynamics, and is also an active speaker in various conferences. He is a member of the International Trademark Association, Inter-american Association of Intellectual Property and American Intellectual Property Law Association.

Comparto carta de mi autoría publicada hoy en la Tercera.

Aprender del pasado

Señor Director:

Creo que la siguiente proposición del filosófo Sören Kierkegaard se aplica indistintamente a conservadores, liberales clásicos o aquellos de izquierda: "Vivimos nuestra vida hacia adelante aunque la comprendemos hacia atrás".

La comprensión del pasado nos permite distinguir nuestros errores y adquirir conocimiento mediante la experiencia. En este sentido cobra importancia otra proposición, esta vez de Oscar Wilde: "La experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores". De ésta tampoco se salva ninguna criatura política, ya sea de izquierdas o derechas.

RAFAEL PASTOR

Rediseño de Gabinete (Carta publicada hoy en el Mercurio)

El cambio del gabinete es un fiel reflejo de la tensión estratégica que invade permanentemente la función ejecutiva del gobierno que se genera entre dos extremos: la legitimidad y los resultados. Esta distinción fue reconocida por el académico Laurence Lynn en su libro Gestión Pública como Arte, Ciencia y Profesión, al describir dos conceptos de gobierno. Por un lado existiría un concepto Jeffersoniano, más inclinado al entendimiento público y a la deliberación política (legitimidad), y por otro un concepto Hamiltoniano, más inclinado a la ejecución de planes y al logro de resultados. Básicamente lo que Lynn concluye es que todo gerente público se verá obligado a navegar constantemente en esta tensión, por lo que si en la gestión pública se pone más énfasis en la legitimidad, se hará sin lugar a dudas a costa de la eficacia (los resultados), y si se pone más énfasis en los resultados, se hará a costa de la legitimidad. De alguna forma Bachelet (legitimidad) y Piñera (resultados) encarnan muy bien esta distinción. Sin embargo, como en todo orden de cosas, el buen gerente público es aquel que logra aplicar ambos conceptos a la vez de forma contextual.

Por otro lado, en los años noventa Mark Moore en su libro Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público, elaboró un marco conceptual que recomienda a los Gerentes Públicos crear valor público mediante el alineamiento estratégico de tres actividades: la gestión política, la gestión programática y la gestión operativa. Es decir, un directivo público para ser buen gerente no solamente debe ser eficiente y efectivo en el uso de recursos públicos, sino que debe explorar que impactos o resultados son los que los ciudadanos colectivamente consideran valiosos y gestionar los mandatos políticos para poder en definitiva proveer los bienes públicos necesarios o implementar las políticas públicas adecuadas para crear dicho valor público.

En sentido, considero que el cambio de gabinente sirve para recordarnos que un gobierno requiere no sólo gestión operacional y técnica sino también muchísima gestión política y programática.

Al parecer con el nuevo gabinete Jefferson llego para quedarse. Veremos que pasa con Hamilton en este nuevo diseño de la función ejecutiva del gobierno del Presidente Piñera.

Rafael Pastor Besoain

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