Los Riesgos Comerciales de la Percepción sobre la Corrupción en Chile

La percepción suele ser confundida con la realidad. Sin perjuicio de ello, por lo general la percepción sobre un estado de cosas no siempre se condice con lo que ocurre en la realidad. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el problema público de la delincuencia e inseguridad ciudadana en nuestro país.

Por lo general la gravedad de este problema es percibido por la ciudadanía de una forma que no necesariamente converge con lo que los indicadores sobre delincuencia confirman y que más bien describen a Chile como un país con índices delincuenciales moderados o bajos.

Ahora bien, en lo que dice relación con la percepción de la corrupción sucede justamente lo contrario. La percepción sobre este problema público es más bien positiva, ya que tanto local como internacionalmente se percibe a Chile como un país como baja corrupción. 

En efecto, Chile está muy bien posicionado en los rankings de corrupción y transparencia (ver Corruption Perception Index de Transparencia Internacional o Encuesta de corrupción 2012 de Libertad y Desarrollo), sin que ello implique que en la realidad exista más corrupción y opacidad en nuestros mercados y el Estado de lo que nuestra percepción colectivamente recoge cada año.

Esta percepción positiva muchas veces condiciona la manera en que empresas nacionales y extranjeras se aproximan a este problema en nuestro país, y tiende a promover contextos organizacionales donde se minimiza los graves riesgos legales, económicos y de pérdida de reputación que la corrupción puede gatillar para sus operaciones comerciales.

Esto se hace aún más evidente para personas jurídicas que caen dentro del alcance extraterritorial de Leyes como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos o el UK Bribery Act del Reino Unido, que establecen elevadísimas multas para sus infractores, que por ejemplo, perfectamente podría confirmarse para el caso de una de las tantas empresas chilenas que cotizan en la bolsa de Nueva York.

En este sentido, cobra gran importancia para los directores y gerentes de empresas chilenas con presencia internacional y de multinacionales con presencia en Chile, el no dejar que esta percepción reinante relaje de alguna manera la observancia de medidas organizacionales internas para hacerse cargo de esta problemática, tales como mecanismos internos efectivos de control, la consolidación de registros contables precisos y fidedignos, e investigaciones periódicas internas.

Esta recomendación también es importante para evitar la transmisión de responsabilidad penal al momento de adquirir o fusionarse con una empresa, a la luz de los que prescribe el artículo 18 de la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

No implementar adecuadamente estos mecanismos de contingencias pueden en definitiva transformar un negocio que actualmente es rentable en uno que el día mañana no lo sea tanto. Urgente entonces una mirada que reconozca y aminore la asimetría existente en Chile entre percepción y realidad en materia de corrupción, especialmente en mercado densamente regulados.

Rafael Pastor

The Commercial Perils of Corruption Perception in Chile

Perception tends to be confused with reality. However, the perception of a state of affairs is not always consistent with what actually occurs in reality. A good example of this can be found in the public problem of crime and insecurity in our country.

Usually the severity of this problem is perceived by the public in a way that does not necessarily converge with what crime indicators confirm and that actually describe Chile as a country with moderate or low crime rates.

Contrarily, when it comes to our corruption perception we face the opposite effect. The public perception of this problem is rather positive, as both locally and internationally Chile is perceived as a country with low corruption.

We are indeed well positioned in corruption and transparency rankings (like the Corruption Perception Index of Transparency International or the 2012 Corruption Survey of Libertad y Desarrollo /Liberty and Development a Chilean locally well know Think Tank), albeit this does mean that in reality there is actually more corruption and opacity in the way business is conducted in our markets and the Government than what actually catches the eye of our collective perception each year.

This positive perception often determines the way in which domestic and foreign companies approach this problem in our country, and tends to promote organizational contexts which minimize the serious legal, financial and reputation loss risks that corruption can trigger for their business operations.

This becomes even more evident for corporations that fall within the extraterritorial reach of laws like the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of the U.S. or the UK Bribery Act, which set very high fines for offenders, that could for instance very well end up being one of the many Chilean companies listed on the New York Stock Exchange.

In this sense, it becomes very important for directors and managers of Chilean companies with international presence and multinationals with a presence in Chile, not to allow this prevailing perception to somehow relax their enforcement of internal organizational measures when approaching this problem, such as effective internal control mechanisms, accurate and reliable accounting records, and periodic internal investigations.

This recommendation is also important to prevent the inheritance of criminal liability when acquiring or merging with another company. This kind of liability is clearly established in Article 18 of Law No. 20.393 that regulates criminal liability for corporations.

Not implementing these contingencies mechanisms properly may ultimately transform a business that is now profitable in one that is no longer so tomorrow, and therefore, we urgently need to take into account the broad asymmetry that exists between perception and reality in terms of corruption in Chile, especially when it comes to doing business in heavily regulated markets.

Rafael Pastor

La política de la diferencia

En su influyente artículo The Origin of Strategy, Bruce D. Henderson nos recuerda la importancia de tener en cuenta el principio de exclusión competitiva de Gause al momento de formular cualquier tipo de estrategia.

Según este principio dos especies no pueden coexistir en el mismo nicho ecológico si subsisten de forma idéntica. Con el tiempo, una de ellas indefectiblemente excluirá a la otra de dicha circunspección natural, confirmando el hecho que nuestros competidores más peligrosos son aquellos que se parecen más a nosotros mismos. En la diferenciación radica la base de cualquier ventaja estratégica.

Traigo lo anterior a colación a propósito de la carrera presidencial que se ha desatado en la centro derecha, y que viene generando un verdadero marasmo de confusión entre algunos dirigentes de los partidos políticos de este sector y diversos líderes relacionados con el mismo, quienes estarían ya convencidos de consagrar al Ministro Laurence Golborne como el candidato del oficialismo debido principalmente a su alta popularidad y a ciertos atributos blandos que él mismo posee, que lo harían supuestamente ser el único candidato capaz de vencer a Michel Bachelet en la próxima elección presidencial.

Sin embargo, si analizamos a Golborne a la luz del principio de Gause, podemos concluir rápidamente que la opción de llevarlo como candidato pareciera no ser para nada una alternativa tan estratégica.

En efecto, la centro derecha de forma pusilánime ha caído bajo el embrujo de la tiranía de las encuestas y se va convenciendo cada vez más que sólo el ministro de Obras Públicas puede derrotar a Bachelet, cuando a todas luces es el candidato cuya forma de subsistencia política se parece más a la de nuestra ex Presidente de Chile y por ende implica un peligro mucho menor para ella y un riesgo importante para la centro derecha.

De alguna forma se busca un consuelo timorato en la posibilidad de tener un candidato cercano y simpático (un mini Bachelet) para la elección presidencial del 2013, y no un candidato cuya posición estratégica se sustenta justamente sobre la base de una real y profunda diferenciación en lo que a ideario político corresponde.

En este sentido, creo que la Coalición por el Cambio debe a toda costa evitar la elección de un candidato que busca principalmente mimetizarse con Bachelet, bajo el entendido que sus cualidades son las que la ciudadanía más aprecia para gobernar, sino que muy por el contrario debe buscar diferenciarse lo más posible de las mismas, y perdurar en dicha diferenciación intelectual e ideológica.

Se debe consolidar una postura estratégica para tener un patrón claramente distinto al de la inerte cariñocracia de Bachelet.

Si la Coalición por el Cambio no logra alejarse del canto seductor que emana de las encuestas, lo mencionado anteriormente sólo la llevará a alejarse del poder otra vez.

Resulta clave entonces que los principios, la política y las convicciones sean los elementos centrales en los que descanse la ventaja competitiva diferenciadora de la candidatura de centro derecha para el 2013.

Llegó entonces la hora de seguir las recomendaciones de Bruce D. Henderson, en el sentido que el oficialismo debe recurrir a la imaginación con el objeto de desplegar lo antes posible una estrategia que no solamente respalde una candidatura cuyo eje central es la reivindicación de la política de la diferenciación, sino que más importante aún, logre acelerar frente a la opinión pública la concreción de los efectos que la competencia política gatilla mediante la representación efectiva de las profundas diferencias que existen por ejemplo entre el ideario político de Andrés Allamand y Michel Bachelet, pero más importante y urgente aún, la existente entre la liviandad popular de Laurence Golborne y la amplia experiencia política y la capacidad deliberativa de nuestro ministro de Defensa.

Comparto con ustedes artículo de mi autoría publicado en la edición de hoy del DF.

La Piratería como Factor de Competencia Desleal en el Comercio Internacional

Cada día los países alcanzan mayores índices de piratería. Según los últimos sondeos de la Business Software Alliance (BSA) y de la International Data Corporation (IDC), el 62% del software existente en nuestro país es ilegal, lo que nos sitúa a la cabeza de los países miembros de la OCDE.

Pero algunas naciones sí han comprendido realmente la relación virtuosa existente entre propiedad intelectual, innovación, y el comercio internacional, por lo mismo han coincidido en no descuidar estas relaciones para evitar efectos negativos. En estas naciones el trabajo en conjunto de gobiernos, empresas y personas, se ha traducido en la entrega de grandes incentivos a través de la protección y certeza jurídica que brinda la propiedad intelectual.

Para ilustrar la relevancia de lo anterior, cabe traer a colación el último discurso en el State of the Union del Presidente Barack Obama, donde señaló que “No está bien que otro país permita la piratería de nuestras películas, música y software.”, como asimismo la vigencia en algunos Estados de EE.UU. de la Ley Unfair Competition Act (UCA).

La UCA determina que las empresas del sector manufacturero -que exporten a EE.UU.- garanticen la legalidad en el uso del software y hardware en sus negocios. En definitiva, esta ley resguarda a aquellos productores que poseen licencias legítimas de software y establece que las empresas que no cumplen con regularizar sus licencias de software estarían incurriendo en actos de competencia desleal en relación con aquellas que sí tienen sus licencias al día.

Si bien esta nueva ley busca que todas las empresas compitan bajo las mismas condiciones, es una regulación que podría tener fuertes repercusiones en el caso de Chile, que el año pasado perdió 349 millones de dólares por piratería.

Es importante tener presente que a mayo de 2011, EE.UU. es el primer y más importante destino de las exportaciones chilenas de productos manufacturados, según indica el último estudio de la Asociación de Exportadores Manufactureros (ASEXMA).

Esta materia se torna aún más relevante para Chile, teniendo en cuenta las normas vigentes según el TLC Chile-EE.UU. En este sentido, se hace fundamental cumplir con el uso de tecnologías de información de manera legal, pues puede constituir un elemento diferenciador con la competencia, dentro del comercio internacional.

En consecuencia, resulta elemental advertir a la industria nacional y a las autoridades pertinentes respecto de esta materia. Desde hoy las empresas chilenas -que exporten a Estados Unidos- pueden verse expuestas a serias sanciones, en caso de no cumplir con la UCA, como la indemnización por daños directos y la restricción de las ventas efectuadas a dicho país.

Rafael Pastor

Baker & McKenzie

Comparto con ustedes carta de mi autoría publicada hoy en El Mercurio.

Señor Director:

Estoy totalmente de acuerdo con Pedro Gandolfo en el sentido de que la revisión de los contenidos educacionales es un tema central del debate público en ese ámbito. Sin embargo, también creo que es esencial en este debate que se discuta cómo pretendemos transmitirles efectivamente a nuestros estudiantes la capacidad de realmente gestionar dichos contenidos en el mundo real.

No sacamos nada formando memoriones furiosos que no poseen conocimiento tácito (know how) para la gestión de la sobreabundancia de información que el mundo pone a nuestra disposición hoy, especialmente vía internet. Por el contrario, necesitamos formar personas que tengan compromiso con la acción y sean capaces de buscar y gestionar la información que cada día es más barata y accesible para efectos de generar más y mejor valor público o privado. Para lo anterior, también necesitaremos formar personas independientes que posean un verdadero pensamiento crítico.

Rafael Pastor Besoain

Estado Modesto, Posburocrático y Relacional

El movimiento estudiantil ha logrado este año posicionar en el debate público una supuesta imperiosa necesidad de expandir el rol del estado para disminuir la desigualdad reinante en Chile.

Sin lugar a dudas esta reivindicación estudiantil ha abierto una ventana de oportunidad para debatir nuevamente sobre que tipo de estado queremos construir para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Una mirada simplista encausaría este debate dentro de la anticuada dicotomía mercado versus estado, mientras que una más perspicaz lo haría en un plano que trasciende esta bipolaridad, y que se basa principalmente en el reconocimiento que tanto el estado como el mercado no pueden solucionar de forma insular los complejos problemas públicos que aquejan actualmente a la sociedad.

Ya en los años ochenta Michel Crozier reconocía esta realidad al recomendar que los políticos y la administración pública desde el estado benefactor debieran abandonar su megalomanía y volverse modestos, no en el sentido de renunciar a su vocación pública, sino que de realmente reconocer la imposibilidad estatal de solucionarlo todo. En este sentido, Crozier nos recuerda que no es el estado el único llamado a hacerse cargo de los problemas públicos, y que por ende existe una relación de corresponsabilidad entre la sociedad y el estado, que es clave tener presente al momento de desarrollar políticas públicas.

En esta misma línea, Luiz Carlos Bresser Pereira en los años noventa diferenciaba lo público de lo estatal, por lo que recomendaba que una serie de bienes socialmente preferentes fueran financiados por el estado pero producidos directamente por la ciudadanía desde una esfera que él denominó como “lo público no estatal”. Esta esfera de democracia participativa y de fortalecimiento de derechos sociales fue bautizada por este autor como el fenómeno de la publicización en contraposición al de la privatización de ciertos bienes y servicios estatales. Esta recomendación esta muy en línea con lo que propone Cameron con The Big Society.

Asimismo, el modelo posburocrático fue forjado en base a la recomendación que la administración pública debe dejar de lado la noción autárquica y paternalista de interés público para definir y producir conjuntamente con los ciudadanos la noción emergente y contingente de valor público.

Ahora bien, los rendimientos decrecientes del estado benefactor europeo y las falencias del sistema capitalista son evidencias potentes de que necesitamos configurar un estado distinto. Uno que no solamente reconozca las relaciones de corresponsabilidad existentes entre la sociedad, el mercado y el estado, sino que uno que este dispuesto a adquirir nuevas capacidades estatales para gestionar esta corresponsabilidad de forma transparente, eficiente y efectiva.

En definitiva, problemas como los de nuestro sistema de educación parecieran necesitar mucho más de un estado con un rol cualitativamente más modesto, posburocrático y relacional, que de uno con un rol cuantitativamente más voluntarista, expansivo e interventor.

La Hora de la Implementación (el "como" por sobre el "que") La Segunda 16.11.2011

Link en la segunda.

La Hora de la Implementación (el “como” por sobre el “que”)

El gobierno de Sebastián Piñera ha intentado desde sus inicios la concreción de ciertos resultados públicos, para lo cual ha impuesto un sentido de urgencia que trasunte la administración pública para efectos de hacer más eficiente y eficaz el ciclo de las políticas públicas, como también mejorar los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes.

Ahora bien, no cabe duda que los problemas públicos que enfrentan los gobiernos son cada día más complejos y por ende requieren de soluciones (productos y servicios) que exigen insumos cuyo origen es mucho más horizontal e intersectorial que en el pasado. Políticas como el ingreso ético familiar, el posnatal y la reforma educacional son buenos ejemplos de esta realidad.

Lamentablemente existe una tendencia entre los políticos y expertos en conceptualizar el ciclo de la política pública como un proceso lineal y secuencial formado por etapas claras y distintas. Ahora bien, la realidad nos muestra que las políticas públicas no se encuadran exactamente dentro de esta clasificación, y son más bien un proceso iterativo, “poco claro” y sin reales divisiones, vale decir, se trata de un proceso caracterizado por un flujo constante de toma de decisiones, asimetrías de información, costos de transacción , instancias de veto, y negociaciones de poder.

Asimismo, debe tenerse presente que los políticos, legisladores y muchos expertos tienden a darle más importancia al diseño y evaluación de las políticas públicas (el “que”) que a su implementación (el “como”). Contrario a lo que pasa en el sector privado, las personas más calificadas en el sector público por lo general prefieren estar en el diseño o la evaluación de las políticas públicas que ser parte del engorroso proceso de su implementación.

En este sentido, si el gobierno desea realmente lograr los resultados que se ha propuesto, debe tener presente esta realidad y poner toda su energía en lo que le queda de gobierno para mejorar la gestión e implementación de sus políticas lo que en definitiva implica abocarse más al rigor del “como” que al glamour del “que”.

Si no se cambia el enfoque hacia mejorar efectivamente la capacidad operacional del gobierno central y su coordinación intersectorial con los diversos servicios públicos y los gobiernos regionales y locales, los resultados esperados por el gobierno no se van a cumplir, ya que el mismo sucumbirá en la complejidad de la acción conjunta que implica la implementación de políticas públicas.