Quisiera hacerme cargo del entusiasmo esgrimido por el abogado Cristóbal Porzio sobre la protección legal que poseen ciertos secretos empresariales en Chile, al amparo de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.
En efecto, si bien es efectivo que dicha protección existe, la misma es claramente deficitaria, toda vez que el artículo 86 de la Ley 19.039 circunscribe esta exclusividad sólo sobre “…todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales..”, es decir, nos encontramos frente a una norma que sólo incluye protección sobre los secretos industriales (secretos de fábrica), más no necesariamente sobre los secretos empresariales o comerciales.
Sabido es que la noción de secreto comercial es mucho más amplia que la secreto industrial, y que responde con mayor propiedad a las dinámicos necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que actualmente podemos argüir que en Chile, no existe una protección de propiedad industrial muy efectiva sobre los secretos comerciales tanto a nivel civil como penal.
Tan cierto es lo que venimos señalando, que el artículo 88 de Ley 19.039 al señalar “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda…”, se limita a remitir este tipo de protección de forma vaga al ordenamiento penal, y más específicamente al artículo 284 del Código Penal que consagra solamente el delito de violación de secretos de fábrica, más no el de secretos comerciales o empresariales.
Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que igualmente las empresas pueden recurrir a la Ley N°20.169 que regula la Competencia Desleal, que otorga a los titulares de secretos empresariales medidas precautorias y acciones civiles para proteger los mismos, sólo si son capaces de probar que efectivamente el infractor mediante el uso del secreto comercial esta desviado su clientela por medios ilegítimos, lo que también resulta bastante difícil de probar.
Rafael Pastor Besoain
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & McKenzie)
jueves, 9 de septiembre de 2010
lunes, 6 de septiembre de 2010
Me pareció muy bueno este artículo de Tironi
Y ahora quién defiende al "modelo"?
El credo sobre el cual se construyó la institucionalidad económica chilena se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo. Son ellos los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo económico".
por: Eugenio Tironi
El "modelo económico" -instaurado en los años 80 del pasado siglo, tanto en la mente de las élites como en el sistema institucional chileno- venía rengueando por efecto del desgaste propio del juego democrático y de la crisis mundial que se desató hace dos años, la que fue imputada a la borrachera antirregulatoria del capitalismo reciente. No obstante, nada ha sido más fatal para el mentado "modelo" que la gestión de este gobierno, que se suponía destinado a restablecerlo en gloria y majestad.
¿En qué consistía, en palabras simples, el "modelo económico"? Básicamente en dos principios: uno, que la autorregulación provista por el mercado es más eficiente y justa que cualquier intervención del Estado, no importa lo bienintencionados que sean los gobernantes, pues a diferencia de aquel, el mercado no responde a la voluntad humana sino a leyes propias; y dos, que la empresa privada, en tanto se mueve aguijoneada sólo por la competencia y la rentabilidad, es siempre más efectiva socialmente que la gestión estatal, por lo cual lo óptimo es reducir al máximo el tamaño del Estado para despejar la cancha a la iniciativa privada. No se trata de hacer desaparecer al Estado, pero sí enfocarlo en lo que no puede asegurar ni el mercado ni los agentes privados: ofrecer seguridad física a la población, fijar reglas del juego que permitan a los actores económicos desplegarse con libertad y certeza jurídica, y dar apoyo a los grupos más pobres, incapaces por sí solos de entrar al mercado.
Ahora bien, mantener constreñido al Estado no es fácil, pues la clase política siempre está tentada a hacerlo crecer para incrementar su propio poder. Los antídotos frente a esto son, de un lado, poner el máximo de trabas institucionales a la discrecionalidad de los gobernantes; y del otro, reducir la proporción de los recursos económicos del país administrados por el sector público. En consecuencia, el "modelo" promueve una institucionalidad que no está diseñada para facilitar la iniciativa económica de los gobernantes sino, al contrario, inhibirla en beneficio de los agentes privados. Éstos deben respetar las reglas del juego, pero a cambio cuentan con la certeza de que tales reglas gozarán de estabilidad, pues al sistema político se le imponen quórums especialísimos para su modificación. Pero como decíamos, no basta con quitarles la iniciativa: hay que restarles también los recursos económicos a los gobernantes. De ahí proviene aquella máxima de Milton Friedman, tan popular entre los defensores del "modelo": "Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa".
Puntos más, puntos menos, éste es el "credo" sobre la base del cual se construyó la institucionalidad económica chilena. En democracia, cierto, ésta ha experimentado muchas reformas, pero ninguna atentó contra tales fundamentos. Esto por cuatro motivos: el primero, la hegemonía de las nociones neoliberales, tanto en el campo de la economía como en el de las restantes ciencias sociales; segundo, el celoso papel de guardián de tales ideas ejercido por los partidos de la Alianza y think tanks como Libertad y Desarrollo; el tercero, la cerrada defensa del "modelo" por parte de la comunidad empresarial y sus gremios, que advertían penas del infierno si se rompía la ortodoxia; y el cuarto motivo, la actitud de los gobiernos de la Concertación, que inhibidos por su pasada experiencia histórica y por el poder mostrado por sus defensores, optaron por corregir los aspectos más controversiales del "modelo" antes que romper con él.
Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación.
Pues bien, todo este andamiaje se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo.
El gobierno ha tomado medidas que van sistemáticamente en una misma dirección: trasladar recursos, iniciativas y decisiones desde el mundo privado hacia el mundo público. En materia de recursos, ahí está el alza de impuestos a las empresas y el proyecto de ampliación del royalty. Y en el plano de las iniciativas y decisiones, el anuncio de nuevas regulaciones en diversos campos y ahora, como "guinda de la torta", el caso Barrancones. Este último episodio es el más emblemático. Aparece de pronto el Presidente de la República llegando a acuerdos con una empresa, saltándose los mecanismos institucionales y a sus propios subalternos, lo que es seguido por ministros anunciando disposiciones que apuntan a aspectos que deberían ser exclusivos del riesgo empresarial. Todo esto se hace arguyendo situaciones "excepcionales" o "vacíos institucionales"; ¿pero cuándo no se ha apelado a este tipo de justificaciones cuando se trata de romper con un determinado marco institucional? Lo importante es dar el primer paso; lo demás viene por añadidura.
Que al actual gobierno actúe como lo ha hecho no debiera extrañar: es el estilo del presidente, el que jamás ha ocultado en su actuación pública o privada. Él no tiene temor alguno a la comunidad empresarial, y no le importa en absoluto contrariarla: carece, en este sentido, de los complejos de la Concertación. Probablemente calculó que las críticas de este sector serían tímidas, y en esto no se equivocó: si la conducta presidencial ante Barrancones o el alza tributaria ante el terremoto hubiesen sido adoptadas por un gobierno de otro signo, de seguro que la reacción hubiese sido de otro tenor. A esto se agrega que la conducta del gobierno es justificada por los mismos que, desde Libertad y Desarrollo y los medios de comunicación, ejercieron como celadores del "modelo" y que ahora tienen altos puestos de gobierno. La desavenencia clara sólo proviene de algunos parlamentarios de la UDI, que vienen reclamando desde el mismo 11 de marzo su marginación del nuevo régimen.
La defensa ideológica y conceptual del "modelo", en suma, estalló por los aires. Pero hay algo peor. La débil reacción de la comunidad empresarial y la justificación o el silencio por parte de sus custodios históricos parecen justificar la peor de las sospechas: que en realidad la protección del "modelo económico " y su pureza no eran más que una fachada, y que el fin verdadero era protegerse de una coalición gubernamental a la que temían por sus ímpetus estatistas: desaparecida esta amenaza, adiós "modelo".
Tal sospecha, que ahora tiene visos de verosimilitud, pulveriza a su vez cualquier defensa del "modelo" desde la Concertación. Buena parte de su tecnocracia hizo suyas algunas de sus nociones básicas, y pagó un alto precio ante sus bases políticas por evitar que sus pilares fueran destruidos. ¿Qué le queda ahora? ¿Acaso seguir defendiendo un "modelo" que sus propios creadores no defienden y, lo que es peor, justifican que sea vulnerado con argumentos pueriles? No, por cierto que no. Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación. Fueron el gobierno y sus intelectuales, ante la pasividad del mundo empresarial, los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo".
Hablando de la burguesía, Marx decía que ella "forja su propia destrucción". Algo parecido está ocurriendo en este caso. Los elegidos para defender el "modelo económico" de sus enemigos han terminado por sepultarlo.
El credo sobre el cual se construyó la institucionalidad económica chilena se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo. Son ellos los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo económico".
por: Eugenio Tironi
El "modelo económico" -instaurado en los años 80 del pasado siglo, tanto en la mente de las élites como en el sistema institucional chileno- venía rengueando por efecto del desgaste propio del juego democrático y de la crisis mundial que se desató hace dos años, la que fue imputada a la borrachera antirregulatoria del capitalismo reciente. No obstante, nada ha sido más fatal para el mentado "modelo" que la gestión de este gobierno, que se suponía destinado a restablecerlo en gloria y majestad.
¿En qué consistía, en palabras simples, el "modelo económico"? Básicamente en dos principios: uno, que la autorregulación provista por el mercado es más eficiente y justa que cualquier intervención del Estado, no importa lo bienintencionados que sean los gobernantes, pues a diferencia de aquel, el mercado no responde a la voluntad humana sino a leyes propias; y dos, que la empresa privada, en tanto se mueve aguijoneada sólo por la competencia y la rentabilidad, es siempre más efectiva socialmente que la gestión estatal, por lo cual lo óptimo es reducir al máximo el tamaño del Estado para despejar la cancha a la iniciativa privada. No se trata de hacer desaparecer al Estado, pero sí enfocarlo en lo que no puede asegurar ni el mercado ni los agentes privados: ofrecer seguridad física a la población, fijar reglas del juego que permitan a los actores económicos desplegarse con libertad y certeza jurídica, y dar apoyo a los grupos más pobres, incapaces por sí solos de entrar al mercado.
Ahora bien, mantener constreñido al Estado no es fácil, pues la clase política siempre está tentada a hacerlo crecer para incrementar su propio poder. Los antídotos frente a esto son, de un lado, poner el máximo de trabas institucionales a la discrecionalidad de los gobernantes; y del otro, reducir la proporción de los recursos económicos del país administrados por el sector público. En consecuencia, el "modelo" promueve una institucionalidad que no está diseñada para facilitar la iniciativa económica de los gobernantes sino, al contrario, inhibirla en beneficio de los agentes privados. Éstos deben respetar las reglas del juego, pero a cambio cuentan con la certeza de que tales reglas gozarán de estabilidad, pues al sistema político se le imponen quórums especialísimos para su modificación. Pero como decíamos, no basta con quitarles la iniciativa: hay que restarles también los recursos económicos a los gobernantes. De ahí proviene aquella máxima de Milton Friedman, tan popular entre los defensores del "modelo": "Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa".
Puntos más, puntos menos, éste es el "credo" sobre la base del cual se construyó la institucionalidad económica chilena. En democracia, cierto, ésta ha experimentado muchas reformas, pero ninguna atentó contra tales fundamentos. Esto por cuatro motivos: el primero, la hegemonía de las nociones neoliberales, tanto en el campo de la economía como en el de las restantes ciencias sociales; segundo, el celoso papel de guardián de tales ideas ejercido por los partidos de la Alianza y think tanks como Libertad y Desarrollo; el tercero, la cerrada defensa del "modelo" por parte de la comunidad empresarial y sus gremios, que advertían penas del infierno si se rompía la ortodoxia; y el cuarto motivo, la actitud de los gobiernos de la Concertación, que inhibidos por su pasada experiencia histórica y por el poder mostrado por sus defensores, optaron por corregir los aspectos más controversiales del "modelo" antes que romper con él.
Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación.
Pues bien, todo este andamiaje se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo.
El gobierno ha tomado medidas que van sistemáticamente en una misma dirección: trasladar recursos, iniciativas y decisiones desde el mundo privado hacia el mundo público. En materia de recursos, ahí está el alza de impuestos a las empresas y el proyecto de ampliación del royalty. Y en el plano de las iniciativas y decisiones, el anuncio de nuevas regulaciones en diversos campos y ahora, como "guinda de la torta", el caso Barrancones. Este último episodio es el más emblemático. Aparece de pronto el Presidente de la República llegando a acuerdos con una empresa, saltándose los mecanismos institucionales y a sus propios subalternos, lo que es seguido por ministros anunciando disposiciones que apuntan a aspectos que deberían ser exclusivos del riesgo empresarial. Todo esto se hace arguyendo situaciones "excepcionales" o "vacíos institucionales"; ¿pero cuándo no se ha apelado a este tipo de justificaciones cuando se trata de romper con un determinado marco institucional? Lo importante es dar el primer paso; lo demás viene por añadidura.
Que al actual gobierno actúe como lo ha hecho no debiera extrañar: es el estilo del presidente, el que jamás ha ocultado en su actuación pública o privada. Él no tiene temor alguno a la comunidad empresarial, y no le importa en absoluto contrariarla: carece, en este sentido, de los complejos de la Concertación. Probablemente calculó que las críticas de este sector serían tímidas, y en esto no se equivocó: si la conducta presidencial ante Barrancones o el alza tributaria ante el terremoto hubiesen sido adoptadas por un gobierno de otro signo, de seguro que la reacción hubiese sido de otro tenor. A esto se agrega que la conducta del gobierno es justificada por los mismos que, desde Libertad y Desarrollo y los medios de comunicación, ejercieron como celadores del "modelo" y que ahora tienen altos puestos de gobierno. La desavenencia clara sólo proviene de algunos parlamentarios de la UDI, que vienen reclamando desde el mismo 11 de marzo su marginación del nuevo régimen.
La defensa ideológica y conceptual del "modelo", en suma, estalló por los aires. Pero hay algo peor. La débil reacción de la comunidad empresarial y la justificación o el silencio por parte de sus custodios históricos parecen justificar la peor de las sospechas: que en realidad la protección del "modelo económico " y su pureza no eran más que una fachada, y que el fin verdadero era protegerse de una coalición gubernamental a la que temían por sus ímpetus estatistas: desaparecida esta amenaza, adiós "modelo".
Tal sospecha, que ahora tiene visos de verosimilitud, pulveriza a su vez cualquier defensa del "modelo" desde la Concertación. Buena parte de su tecnocracia hizo suyas algunas de sus nociones básicas, y pagó un alto precio ante sus bases políticas por evitar que sus pilares fueran destruidos. ¿Qué le queda ahora? ¿Acaso seguir defendiendo un "modelo" que sus propios creadores no defienden y, lo que es peor, justifican que sea vulnerado con argumentos pueriles? No, por cierto que no. Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación. Fueron el gobierno y sus intelectuales, ante la pasividad del mundo empresarial, los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo".
Hablando de la burguesía, Marx decía que ella "forja su propia destrucción". Algo parecido está ocurriendo en este caso. Los elegidos para defender el "modelo económico" de sus enemigos han terminado por sepultarlo.
viernes, 3 de septiembre de 2010
Me publican hoy artículo en el Diario Financiero
Protección contra la elusión de medidas tecnológicas
Rafael Pastor Cruzat, Ortuzar & MacKenna Ltda. (Baker & McKenzie)
El 4 de mayo de 2010 se publicó la Ley 20.435 que modificó la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, para efectos de cumplir con las obligaciones asumidas por Chile mediante el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (TLC).
Esta reforma ha significado grandes cambios a nuestra legislación en materia de derecho de autor, con lo que no sólo nos hemos constituido en el primer país de Latinoamérica en regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet respecto a este tipo de derechos, sino que también hemos determinado con mayor claridad lo que entendemos por obras del patrimonio cultural común, mediante el establecimiento de nuevas excepciones y limitaciones a estos derechos que favorecen a discapacitados, bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.
Las modificaciones incluyen mejores descripciones de las conductas punibles, y un agravante respecto a la pena de personas que se asocien ilícitamente para cometer delitos contra este tipo de derechos, como asimismo un sistema de mediación y arbitraje para determinar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva a sus usuarios.
Cobra importancia destacar que estas modificaciones no incluyeron la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, ni tampoco la posibilidad de solicitar medidas precautorias y una indemnización como consecuencia de la ejecución de estos actos de elusión.
Podemos colegir que Chile no está cumpliendo cabalmente con el TLC, por lo que urge que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para efectos de iniciar la discusión sobre esta nueva regulación.
Resulta interesante destacar que no existe un consenso internacional en el sentido de aceptar que la elusión sea una potestad que emane propiamente del derecho de autor, sino que de una protección sui generis que emana de leyes especiales promulgadas específicamente para dicho efecto.
El TLC obliga a ambos países a establecer medidas prejudiciales en relación con ciertos actos de elusión y determinar la respectiva responsabilidad civil y penal que gatillan los mismos, por lo que Chile deberá inevitablemente implementar este nuevo estándar, que es muy relevante para varias industrias.
lunes, 30 de agosto de 2010
Suficiente Hamilton, Más Jefferson
En su columna del Domingo Juan Carlos Eichholz le reconoce al gobierno una gran capacidad de gestión, pero a su vez le pide algo más que sólo aquello. Si bien comparto esta recomendación, creo necesario aclarar ciertos conceptos.
Eichholz nos recuerda indirectamente que existe una tensión estratégica que invade la función ejecutiva del gobierno que se genera entre dos extremos: la legitimidad y los resultados. Esta distinción fue reconocida por el académico Laurence Lynn en su libro Gestión Pública como Arte, Ciencia y Profesión, al describir dos conceptos de gobierno. Por un lado existiría un concepto Jeffersoniano, más inclinado al entendimiento público y a la deliberación (legitimidad), y por otro un concepto Hamiltoniano, más inclinado a la ejecución de planes y al logro de resultados. Básicamente lo que Lynn concluye es que todo gerente público se verá obligado a navegar constantemente en esta tensión, por lo que si en la gestión pública se pone más énfasis en la legitimidad, se hará sin lugar a dudas a costa de la eficacia (los resultados), y si se pone más énfasis en los resultados, se hará a costa de la legitimidad. De alguna forma Bachelet (legitimidad) y Piñera (resultados) encarnan muy bien esta distinción. Sin embargo, como en todo orden de cosas, el buen gerente público es aquel que logra aplicar ambos conceptos a la vez de forma contextual.
Por otro lado, en los años noventa Mark Moore en su libro Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público, elaboró un marco conceptual que recomienda a los Gerentes Públicos crear valor público mediante el alineamiento estratégico de tres actividades: la gestión política, la gestión programática y la gestión operativa. Es decir, un directivo público para ser buen gerente no solamente debe ser eficiente y efectivo en el uso de recursos públicos, sino que debe explorar que impactos o resultados son los que los ciudadanos colectivamente consideran valiosos y gestionar los mandatos políticos para poder en definitiva proveer los bienes públicos necesarios o implementar las políticas públicas adecuadas para crear dicho valor público.
En sentido, considero que Eichholz se equivoca al cree que es algo más que le pide al gobierno no es gestión, cuando en definitiva lo que esta solicitando es simplemente más y mejor gestión pública, es decir, no sólo gestión operacional sino más gestión política y programática. Mucho Hamilton pero también mucho más Jefferson.
miércoles, 11 de agosto de 2010
Henry Mintzberg: la toma de decisiones.
En este video, de forma magistral, Henry Mintzberg distingue tres tipos de formas de pensar:
1. Pensar Primero (ciencia)
2. Actuar Primero (oficio)
3. Ver primero (arte)
1. Pensar Primero (ciencia)
2. Actuar Primero (oficio)
3. Ver primero (arte)
martes, 10 de agosto de 2010
Protección contra la Elusión de Medidas Tecnológicas: el gran ausente
El 4 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.435, que modificó la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, para efectos de cumplir con las obligaciones de resultado asumidas por Chile con la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Esta reforma ha significado grandes cambios a nuestra legislación en materia de derecho de autor, con lo que no solamente nos hemos constituido en el primer país de Latinoamérica en regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP) respecto a este tipo de derechos, sino que también hemos determinado con bastante mayor claridad el sentido y alcance de lo que entendemos por dominio público (obras del patrimonio cultural común), mediante el establecimiento de nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor que favorecen a discapacitados y bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.
Las modificaciones también incluyen multas más elevadas para castigar las infracciones al derecho autor, y un sistema de mediación y arbitraje para determinar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva a sus usuarios, como asimismo mejores descripciones de conductas infraccionales para los delitos contra el derecho de autor, y el establecimiento de un agravante novedoso para la pena de personas que se asocien ilícitamente para cometer delitos contra este tipo de derechos.
Sin perjuicio de lo anterior, cobra importancia destacar que estas modificaciones no incluyeron la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, como asimismo la posibilidad de accionar para obtener medidas precautorias y una indemnización adecuada como consecuencia de la ejecución de actos ilícitos de elusión.
En vista a lo anterior, podemos colegir que Chile no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones estipuladas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que urge que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para efectos de iniciar la discusión sobre esta conflictiva nueva regulación.
Asimismo, resulta interesante destacar que no existe un consenso internacional en el sentido de aceptar que la elusión sean en definitiva un acto ilegal que deba necesariamente generar responsabilidad penal y/o civil, ya que según algunos el control al acceso de una obra mediante una medida tecnológica no es una potestad que emane propiamente de la propiedad intelectual (derechos de autor), sino que de una protección sui generis que emana de leyes especiales promulgadas específicamente para dicho efecto.
Ahora bien, no cabe duda que el TLC obliga a ambos países a establecer medidas prejudiciales en relación con ciertos actos de elusión y determinar la respectiva responsabilidad civil y penal que gatillan los mismos (artículo 17.7 5 (a) y siguientes), por lo que Chile tendrá que inevitablemente implementar legalmente este nuevo estándar, que es muy relevante para varias industrias. Ojalá logremos una nueva regulación balanceada que sea óptima para todos.
Esta reforma ha significado grandes cambios a nuestra legislación en materia de derecho de autor, con lo que no solamente nos hemos constituido en el primer país de Latinoamérica en regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP) respecto a este tipo de derechos, sino que también hemos determinado con bastante mayor claridad el sentido y alcance de lo que entendemos por dominio público (obras del patrimonio cultural común), mediante el establecimiento de nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor que favorecen a discapacitados y bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.
Las modificaciones también incluyen multas más elevadas para castigar las infracciones al derecho autor, y un sistema de mediación y arbitraje para determinar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva a sus usuarios, como asimismo mejores descripciones de conductas infraccionales para los delitos contra el derecho de autor, y el establecimiento de un agravante novedoso para la pena de personas que se asocien ilícitamente para cometer delitos contra este tipo de derechos.
Sin perjuicio de lo anterior, cobra importancia destacar que estas modificaciones no incluyeron la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, como asimismo la posibilidad de accionar para obtener medidas precautorias y una indemnización adecuada como consecuencia de la ejecución de actos ilícitos de elusión.
En vista a lo anterior, podemos colegir que Chile no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones estipuladas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que urge que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para efectos de iniciar la discusión sobre esta conflictiva nueva regulación.
Asimismo, resulta interesante destacar que no existe un consenso internacional en el sentido de aceptar que la elusión sean en definitiva un acto ilegal que deba necesariamente generar responsabilidad penal y/o civil, ya que según algunos el control al acceso de una obra mediante una medida tecnológica no es una potestad que emane propiamente de la propiedad intelectual (derechos de autor), sino que de una protección sui generis que emana de leyes especiales promulgadas específicamente para dicho efecto.
Ahora bien, no cabe duda que el TLC obliga a ambos países a establecer medidas prejudiciales en relación con ciertos actos de elusión y determinar la respectiva responsabilidad civil y penal que gatillan los mismos (artículo 17.7 5 (a) y siguientes), por lo que Chile tendrá que inevitablemente implementar legalmente este nuevo estándar, que es muy relevante para varias industrias. Ojalá logremos una nueva regulación balanceada que sea óptima para todos.
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