El lunes pasado (19 de abril de 2010) se cumplió un año de la entrada en vigencia de Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien este primer año ha estado marcado principalmente por un proceso de implementación de estándares legales de transparencia pasiva y la generación de valiosa jurisprudencia administrativa nueva, no parece exagerado señalar que el plan de reconstrucción nacional que anunció el poder ejecutivo nos otorga una gran oportunidad para perfeccionar cualitativamente la noción de transparencia activa que queremos para Chile.
Hasta ahora básicamente esta noción esta circunscrita a un listado taxativo establecido en la Ley 20.285 que determina de forma cuantitativa toda la información que debe ser publicada por la mayoría de los organismos estatales. También incorpora el principio de facilitación que obliga a excluir exigencias o requisitos que puedan obstruir o impedir el acceso a la información pública.
En este sentido, podemos argumentar que actualmente tenemos un estándar adecuado en Chile de transparencia activa desde un punto de vista cuantitativo. También poseemos un marco legal que da espacio para interpretaciones más exigentes en lo que dice relación con la transparencia activa desde un punto de vista cualitativo. Es decir, no sólo estamos frente a la posibilidad real de exigirle al estado el listado antes mencionado, sino que además la publicación de todos los datos del mismo en un formato electrónico amigable que disminuya los costos de transacción de su adquisición, y asegure a su vez la posibilidad de su reutilización con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.
Para ello junto con el plan de reconstrucción nacional, considero que el gobierno debe enviar un instructivo que obligue la publicación de datos por parte de todos los organismos públicos involucrados en la implementación del plan de reconstrucción nacional en una sola página Web, y en un formato abierto y sin restricciones. Esta exigencia permitirá a todos los ciudadanos usar estos datos especialmente en relación con el tremendo potencial de las tecnologías de la información y la Web 2.0, y con ello agregarles valor tanto público como privado.
Lo anterior también permitirá mayor legitimación social del plan, vía transparencia, participación y colaboración, y será un medio idóneo para generar un insumo relevante para un gobierno central que proactivamente busca una mejor gestión, y por ende más y mejores mecanismos de rendición de cuentas en el gasto y uso de los recursos de todos los chilenos.
Rafael Pastor
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