lunes, 12 de noviembre de 2012

Conflictos de Interés y Aprendizaje

Oscar Wilde decía que “la experiencia es el nombre que les damos a nuestros errores”. La frase me recordó uno de los aprendizajes que deja el actual ciclo político a la centroderecha, en relación con los conflictos de intereses. Para nadie es una incógnita que la forma en que esta problemática fue abordada por Sebastián Piñera durante los primeros años de su gobierno dejó mucho que desear, y que ello le significó daños a su capital político y a la credibilidad de su presidencia.


Para José Zalaquett, un conflicto de interés debe conceptualizarse “… como la existencia de situaciones de riesgo objetivo para los intereses públicos o los intereses de determinado colectivo porque una persona (funcionario público o agente privado) que se encuentra sometida al deber fiduciario de velar por tales intereses, mantiene, a la vez, cargos, intereses o relaciones de carácter privado (excepcionalmente, también de carácter público) que le generan el incentivo de favorecer éstos en desmedro o por encima de aquéllos”; es decir, un conflicto de interés no es un hecho sino que una situación objetiva, independiente a la calidad moral de la persona involucrada.

Ahora que la campaña ya partió en la centroderecha, creo importante traerlo a colación, pues tendrá un impacto no menor en las precandidaturas de Andrés Allamand y Laurence Golborne. Y las situaciones objetivas a que se refiere Zalaquett parecieran están mucho más presentes en la opción de Golborne que en la de Allamand. Basta contrastar las entrevistas dadas por ambos en el programa Tolerancia Cero.

En efecto, una de las preguntas que se le efectuaron a Golborne dijo relación con la conocida y bastante verosímil versión de que él habría aceptado la vicepresidencia ejecutiva de HidroAysén antes de transformarse en ministro. Aunque él lo negó rotundamente, esta circunstancia deja instalada una duda importante que le resta credibilidad frente al electorado para tener una postura imparcial frente a una muy relevante problemática. En cambio, Allamand, al poseer mucho más independencia que Golborne, pudo declarar abiertamente que “HidroAysén está muerto, no es un proyecto viable”, y que buscará un acuerdo nacional para solucionar este problema.

La dicotomía es clara. El oficialismo tendrá que optar entre un político experimentado, libre de conflictos de interés y que entiende la naturaleza de los problemas públicos, o un gerente carismático curtido principalmente por una experiencia en el mundo privado que viene cargada con más de un conflicto de interés. Entre un postulante que ya está siendo nominado como el de la tasa máxima convencional (MEO lo señaló así en CNN Chile) u otro que no tiene riesgo objetivo en este aspecto. La elección no es para nada banal. Ojalá que esta vez los errores del pasado sirvan de algo.

Propiedad intelectual: las lecciones del caso tailandés en Estados Unidos


Diario Financiero

Lunes 12 de noviembre de 2012 | 05:00
Rafael Pastor


La situación de la propiedad intelectual a nivel mundial ha dado que hablar durante las últimas semanas. El pasado 18 de octubre, la fiscal general del Estado de Massachusetts, Martha Coakley, anunció medidas en contra de una empresa tailandesa procesadora de mariscos por el uso de software pirata en sus procesos productivos. En un acuerdo de conciliación, la compañía asiática reconoció esta práctica como comercial desleal y, de paso, puso en tela de juicio a su propio gobierno respecto de su eficacia fiscalizadora en materia de propiedad intelectual.

Lo que ocurre es que los legisladores de Estados Unidos tienen entre sus preocupaciones el fomentar las buenas prácticas comerciales de los fabricantes internacionales, en un esfuerzo por proteger su industria local y el empleo en un contexto de crisis económica que los afecta. Tanto a nivel estatal y federal, los funcionarios del gobierno están tomando medidas para garantizar que las importaciones sean realizadas por empresas que utilizan software legal en sus operaciones comerciales para que respeten la competencia leal y la ética mercantil.

Tan cierto es lo que venimos señalando que en junio de 2011 se aprobó en Washington una nueva legislación llamada The Stolen or Misappropriated Information Technology Law o Unfair Competition Act (UCA), que permite a empresas de ese país demandar a competidores que comercialicen productos manufacturados por distribuidores que utilicen programas con licencias de software ilegítimas. Otros estados de la unión, como California, Luisiana y Massachusetts han seguido esta misma senda fiscalizadora.

La normativa referida y, en general, las leyes de competencia desleal vigentes en Estados Unidos, buscan evitar que las diversas compañías obtengan ventajas ilegítimas al competir con empresas norteamericanas que utilizan software legal en sus procesos. La normativa es amplia y entiende el uso de TI ilegal no sólo en los productos finales llevados a Estados Unidos, sino que también a las operaciones comerciales de la empresa, como por ejemplo inventarios, contabilidad y logística.

Por lo anterior, es necesario advertir que nuestro país no está exento de que ocurra un caso similar al de Massachusetts y que una empresa chilena llegue a ser demandada en Estados Unidos, con evidentes repercusiones comerciales -y políticas- que ninguna nación desea. No se trata de una visión antojadiza. Al contrario, el riesgo existe desde el momento en que Chile sigue situado en la Priority Watch List (Lista de Observación Prioritaria) del USTR con 61% en la tasa de piratería, según el ranking elaborado por el propio gobierno norteamericano, y cuando la Asociación de Software estima que las pérdidas por concepto de piratería para el país en 2011 fueron del orden de US$ 382 millones.

En un mundo global, regulaciones como la comentada son herramientas efectivas que están en plena expansión. Tomando en cuenta esta realidad, se hace necesario en nuestro país asimilar la importancia de resguardar la propiedad intelectual como un factor que garantice tanto la competencia leal como como buenas prácticas en la gran mayoría de las empresas chilenas.