sábado, 25 de septiembre de 2010

Co-producción y Políticas Sociales


A propósito del artículo escrito por el Ministro Felipe Kast sobre la política de los desafíos sociales, me parece necesario traer a colación el concepto de co-producción en la generación de valor público.

Es sabido que en los sistemas de producción de bienes públicos y preferentes, los usuarios adquieren principalmente productos y servicios del estado mediante ciertos intercambios sociales y no económicos.

En este sentido, el usuario recibe algunas prestaciones estatales en la medida que ejecute determinadas conductas positivas o negativas, lo que implica en definitiva que la labor del usuario condiciona la producción del bien público o preferente de forma muy relevante. Sin la colaboración del usuario no será posible generar valor público. Un ejemplo de lo que vengo mencionando, son las transferencias directas que pudiesen recibir las familias usuarias de la política del ingreso ético familiar. Las mismas quedarían condicionadas al hecho que sus hijos se mantengan en el sistema escolar y que utilicen periódicamente el sistema de salud, o que el dueño de casa desempleado, se capacite mientras dure su cesantía y que realmente busque trabajo durante dicho periodo.

Lo anterior, nos permite concluir que si las divisiones, los departamentos o servicios que implementan las políticas sociales desean lograr sus resultados intermedios (productos y servicios de buena calidad) y finales (es decir generar valor público), deben reconocer el hecho que sin la adecuada contribución (co-producción) de sus usuarios lo anterior no será posible.

En consecuencia, el éxito o fracaso de la nueva política social del gobierno va estar muy ligada a la forma en que se optimice los procesos para obtener esta contribución o co-producción, y en los incentivos sociales y económicos que se utilicen para gatillar la misma, es decir, a una gestión de mucha calidad a nivel intermedio y en la base operacional, que es lo que más falta en el estado chileno.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

La Partida del Eclipse



La partida de Michel Bachelet a Naciones Unidas no es necesariamente una buena noticia para la centro derecha. Su alejamiento de la fase agonal de la política chilena en definitiva atenuará el potente eclipse que su popularidad estaba imponiendo sobre la capacidad de la Concertación para hacer surgir nuevos liderazgos y lograr su anhelada rearticulación estratégica. Más aún, la popular e indefinida voz de Bachelet en Chile hubiera seguido siendo un factor de permanente tensión y división dentro de la oposición, y especialmente una piedra particularmente odiosa en el zapato de la refundación que Ignacio Walker pretende consolidar en la DC.

Con Bachelet en la tierra del olvido (NY), el eclipse propenderá a menguarse y generará espacios para que la DC pueda intentar desizquierdizar el rumbo adquirido por la Concertación con liderazgos renovados (vino nuevo en botellas viejas) siquiera en lo que dice relación con los estilos de su remozada acción política. Lo anterior, podría darle una ventaja a la falange para recuperar un porcentaje del centro político que le fue arrebatado por la centro derecha y volver a adquirir cuotas de poder perdidas desde hace dos periodos presidenciales.

En este sentido, resulta fundamental para la coalición gobernante tener presente que ya no podrá beneficiarse del eclipse Bachelet por los próximos dos años, lo que indudablemente obliga a la UDI y RN a centrar todas sus fuerzas para seguir extendiendo su residencia en el centro político para con ello anular los esfuerzos que pretende desplegar la DC y empujar a la concertación cada vez más lejos de su nuevo domicilio político.

Sin Bachelet en el contexto político nacional, se pone cada día más cuesta arriba para la centro derecha la opción de seguir empujando a la oposición hacia una mirada de izquierda más dura. Tal vez por ello ahora corresponde también buscar la concreción de la parte más liberal y audaz del programa de gobierno de Sebastián Piñera. Empleando esta táctica, la centro derecha podría asegurar el triunfo en las próximas elecciones municipales y en definitiva ponerle un candado firme a su nueva casa en el centro político. Su permanencia en la Moneda por el próximo mandato presidencial así parece exigirlo.

jueves, 9 de septiembre de 2010

Protección sobre Secreto de Fábrica y Secretos Comerciales

Quisiera hacerme cargo del entusiasmo esgrimido por el abogado Cristóbal Porzio sobre la protección legal que poseen ciertos secretos empresariales en Chile, al amparo de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

En efecto, si bien es efectivo que dicha protección existe, la misma es claramente deficitaria, toda vez que el artículo 86 de la Ley 19.039 circunscribe esta exclusividad sólo sobre “…todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales..”, es decir, nos encontramos frente a una norma que sólo incluye protección sobre los secretos industriales (secretos de fábrica), más no necesariamente sobre los secretos empresariales o comerciales.

Sabido es que la noción de secreto comercial es mucho más amplia que la secreto industrial, y que responde con mayor propiedad a las dinámicos necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que actualmente podemos argüir que en Chile, no existe una protección de propiedad industrial muy efectiva sobre los secretos comerciales tanto a nivel civil como penal.

Tan cierto es lo que venimos señalando, que el artículo 88 de Ley 19.039 al señalar “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda…”, se limita a remitir este tipo de protección de forma vaga al ordenamiento penal, y más específicamente al artículo 284 del Código Penal que consagra solamente el delito de violación de secretos de fábrica, más no el de secretos comerciales o empresariales.

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que igualmente las empresas pueden recurrir a la Ley N°20.169 que regula la Competencia Desleal, que otorga a los titulares de secretos empresariales medidas precautorias y acciones civiles para proteger los mismos, sólo si son capaces de probar que efectivamente el infractor mediante el uso del secreto comercial esta desviado su clientela por medios ilegítimos, lo que también resulta bastante difícil de probar.

Rafael Pastor Besoain
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & McKenzie)

lunes, 6 de septiembre de 2010

Me pareció muy bueno este artículo de Tironi

Y ahora quién defiende al "modelo"?

El credo sobre el cual se construyó la institucionalidad económica chilena se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo. Son ellos los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo económico".
por: Eugenio Tironi

El "modelo económico" -instaurado en los años 80 del pasado siglo, tanto en la mente de las élites como en el sistema institucional chileno- venía rengueando por efecto del desgaste propio del juego democrático y de la crisis mundial que se desató hace dos años, la que fue imputada a la borrachera antirregulatoria del capitalismo reciente. No obstante, nada ha sido más fatal para el mentado "modelo" que la gestión de este gobierno, que se suponía destinado a restablecerlo en gloria y majestad.

¿En qué consistía, en palabras simples, el "modelo económico"? Básicamente en dos principios: uno, que la autorregulación provista por el mercado es más eficiente y justa que cualquier intervención del Estado, no importa lo bienintencionados que sean los gobernantes, pues a diferencia de aquel, el mercado no responde a la voluntad humana sino a leyes propias; y dos, que la empresa privada, en tanto se mueve aguijoneada sólo por la competencia y la rentabilidad, es siempre más efectiva socialmente que la gestión estatal, por lo cual lo óptimo es reducir al máximo el tamaño del Estado para despejar la cancha a la iniciativa privada. No se trata de hacer desaparecer al Estado, pero sí enfocarlo en lo que no puede asegurar ni el mercado ni los agentes privados: ofrecer seguridad física a la población, fijar reglas del juego que permitan a los actores económicos desplegarse con libertad y certeza jurídica, y dar apoyo a los grupos más pobres, incapaces por sí solos de entrar al mercado.

Ahora bien, mantener constreñido al Estado no es fácil, pues la clase política siempre está tentada a hacerlo crecer para incrementar su propio poder. Los antídotos frente a esto son, de un lado, poner el máximo de trabas institucionales a la discrecionalidad de los gobernantes; y del otro, reducir la proporción de los recursos económicos del país administrados por el sector público. En consecuencia, el "modelo" promueve una institucionalidad que no está diseñada para facilitar la iniciativa económica de los gobernantes sino, al contrario, inhibirla en beneficio de los agentes privados. Éstos deben respetar las reglas del juego, pero a cambio cuentan con la certeza de que tales reglas gozarán de estabilidad, pues al sistema político se le imponen quórums especialísimos para su modificación. Pero como decíamos, no basta con quitarles la iniciativa: hay que restarles también los recursos económicos a los gobernantes. De ahí proviene aquella máxima de Milton Friedman, tan popular entre los defensores del "modelo": "Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa".

Puntos más, puntos menos, éste es el "credo" sobre la base del cual se construyó la institucionalidad económica chilena. En democracia, cierto, ésta ha experimentado muchas reformas, pero ninguna atentó contra tales fundamentos. Esto por cuatro motivos: el primero, la hegemonía de las nociones neoliberales, tanto en el campo de la economía como en el de las restantes ciencias sociales; segundo, el celoso papel de guardián de tales ideas ejercido por los partidos de la Alianza y think tanks como Libertad y Desarrollo; el tercero, la cerrada defensa del "modelo" por parte de la comunidad empresarial y sus gremios, que advertían penas del infierno si se rompía la ortodoxia; y el cuarto motivo, la actitud de los gobiernos de la Concertación, que inhibidos por su pasada experiencia histórica y por el poder mostrado por sus defensores, optaron por corregir los aspectos más controversiales del "modelo" antes que romper con él.
Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación.

Pues bien, todo este andamiaje se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo.

El gobierno ha tomado medidas que van sistemáticamente en una misma dirección: trasladar recursos, iniciativas y decisiones desde el mundo privado hacia el mundo público. En materia de recursos, ahí está el alza de impuestos a las empresas y el proyecto de ampliación del royalty. Y en el plano de las iniciativas y decisiones, el anuncio de nuevas regulaciones en diversos campos y ahora, como "guinda de la torta", el caso Barrancones. Este último episodio es el más emblemático. Aparece de pronto el Presidente de la República llegando a acuerdos con una empresa, saltándose los mecanismos institucionales y a sus propios subalternos, lo que es seguido por ministros anunciando disposiciones que apuntan a aspectos que deberían ser exclusivos del riesgo empresarial. Todo esto se hace arguyendo situaciones "excepcionales" o "vacíos institucionales"; ¿pero cuándo no se ha apelado a este tipo de justificaciones cuando se trata de romper con un determinado marco institucional? Lo importante es dar el primer paso; lo demás viene por añadidura.

Que al actual gobierno actúe como lo ha hecho no debiera extrañar: es el estilo del presidente, el que jamás ha ocultado en su actuación pública o privada. Él no tiene temor alguno a la comunidad empresarial, y no le importa en absoluto contrariarla: carece, en este sentido, de los complejos de la Concertación. Probablemente calculó que las críticas de este sector serían tímidas, y en esto no se equivocó: si la conducta presidencial ante Barrancones o el alza tributaria ante el terremoto hubiesen sido adoptadas por un gobierno de otro signo, de seguro que la reacción hubiese sido de otro tenor. A esto se agrega que la conducta del gobierno es justificada por los mismos que, desde Libertad y Desarrollo y los medios de comunicación, ejercieron como celadores del "modelo" y que ahora tienen altos puestos de gobierno. La desavenencia clara sólo proviene de algunos parlamentarios de la UDI, que vienen reclamando desde el mismo 11 de marzo su marginación del nuevo régimen.

La defensa ideológica y conceptual del "modelo", en suma, estalló por los aires. Pero hay algo peor. La débil reacción de la comunidad empresarial y la justificación o el silencio por parte de sus custodios históricos parecen justificar la peor de las sospechas: que en realidad la protección del "modelo económico " y su pureza no eran más que una fachada, y que el fin verdadero era protegerse de una coalición gubernamental a la que temían por sus ímpetus estatistas: desaparecida esta amenaza, adiós "modelo".

Tal sospecha, que ahora tiene visos de verosimilitud, pulveriza a su vez cualquier defensa del "modelo" desde la Concertación. Buena parte de su tecnocracia hizo suyas algunas de sus nociones básicas, y pagó un alto precio ante sus bases políticas por evitar que sus pilares fueran destruidos. ¿Qué le queda ahora? ¿Acaso seguir defendiendo un "modelo" que sus propios creadores no defienden y, lo que es peor, justifican que sea vulnerado con argumentos pueriles? No, por cierto que no. Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación. Fueron el gobierno y sus intelectuales, ante la pasividad del mundo empresarial, los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo".

Hablando de la burguesía, Marx decía que ella "forja su propia destrucción". Algo parecido está ocurriendo en este caso. Los elegidos para defender el "modelo económico" de sus enemigos han terminado por sepultarlo.

viernes, 3 de septiembre de 2010

¿Que es economía del comportamiento/behavioral economics?

Me publican hoy artículo en el Diario Financiero


Protección contra la elusión de medidas tecnológicas
El 4 de mayo de 2010 se publicó la Ley 20.435 que modificó la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, para efectos de cumplir con las obligaciones asumidas por Chile mediante el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (TLC).
Esta reforma ha significado grandes cambios a nuestra legislación en materia de derecho de autor, con lo que no sólo nos hemos constituido en el primer país de Latinoamérica en regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet respecto a este tipo de derechos, sino que también hemos determinado con mayor claridad lo que entendemos por obras del patrimonio cultural común, mediante el establecimiento de nuevas excepciones y limitaciones a estos derechos que favorecen a discapacitados, bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.
Las modificaciones incluyen mejores descripciones de las conductas punibles, y un agravante respecto a la pena de personas que se asocien ilícitamente para cometer delitos contra este tipo de derechos, como asimismo un sistema de mediación y arbitraje para determinar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva a sus usuarios.
Cobra importancia destacar que estas modificaciones no incluyeron la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, ni tampoco la posibilidad de solicitar medidas precautorias y una indemnización como consecuencia de la ejecución de estos actos de elusión.
Podemos colegir que Chile no está cumpliendo cabalmente con el TLC, por lo que urge que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para efectos de iniciar la discusión sobre esta nueva regulación.
Resulta interesante destacar que no existe un consenso internacional en el sentido de aceptar que la elusión sea una potestad que emane propiamente del derecho de autor, sino que de una protección sui generis que emana de leyes especiales promulgadas específicamente para dicho efecto.
El TLC obliga a ambos países a establecer medidas prejudiciales en relación con ciertos actos de elusión y determinar la respectiva responsabilidad civil y penal que gatillan los mismos, por lo que Chile deberá inevitablemente implementar este nuevo estándar, que es muy relevante para varias industrias.