viernes, 31 de diciembre de 2010

Enfermedad Holandesa y Bachelet

La concertación pareciera estar padeciendo lo que la economía del desarrollo denomina “enfermedad holandesa”.

Este mal se traduce básicamente en la feroz apreciación dentro de una economía local de su moneda producto principalmente del alza masivo en el consumo y precio de un determinado commodity que exporta, lo que a su vez genera una mucha mayor dependencia económica del mismo y la disminución o eliminación de otros commodities dentro del portafolio exportador de dicha economía, por no poder sus productores competir con un tipo de cambio sustancialmente más barato que los desfavorece.

Teniendo presente lo anterior, cabe argumentar que la popularidad que arrojó la última encuesta CEP respecto de Michell Bachelet, no hace sino que confirmar que la concertación sufre de algo similar a este malestar holandés, ya que la gran adhesión que la figura de Bachelet posee está de alguna manera encareciendo la diversidad y competitividad del portafolio de posibles candidatos presidenciales de la Concertación.

Mientras la popularidad Bachelet se mantenga en las nubes y el precio local de sus divisas siga cayendo hacia los bolsillos de una resignada, dividida y desempoderada concertación, no cabe duda que presenciaremos por un lado la consolidación absoluta de la candidatura de la ex-presidenta y la inevitable destrucción gradual pero certera de las otras posibles cartas presidenciables de la oposición.

En este sentido, si la concertación quiere realmente renovarse con nuevos liderazgos competitivos, y en definitiva remediar este mal holandés, debe recurrir a una gestión más acertada de la popularidad de Michell Bachelet, lo que implica a la larga que ella abandone pronto su ostracismo en Nueva York y se ponga al servicio de la refundación de la concertación.

viernes, 24 de diciembre de 2010

Economía del Aborto


No sólo hay que recurrir a argumentos éticos para oponerse al aborto. Existen muy buenos argumentos económicos para hacerlo también.

Vivimos en una sociedad con una tasa de natalidad muy baja y con ciudadanos con una expectativa de vida muy larga. Las anteriores circunstancias demográficas sin duda tendrán un impacto muy importante sobre la capacidad de nuestra economía para crecer en los próximos cincuenta años, y más específicamente sobre nuestra productividad total de factores (PTF).

En este sentido, parece razonable señalar que legalizar el aborto podría a la larga transformarse en un incentivo perverso para el rendimiento de nuestra economía en el futuro, ya que el mismo se constituiría en otro factor determinante del decrecimiento demográfico de nuestro país.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Nueva Derecha y Aborto

El proyecto de ley que despenaliza el aborto terapéutico en casos excepcionales sirve para diferenciar la "nueva derecha" de la antigua.

Por un lado encontramos a una derecha que busca conservar sus convicciones sin aceptar la legitimidad de los riesgos saludables que implica el debate público, y por otra una derecha que no castiga la diferencia y valora la posibilidad de debatir la viabilidad de ciertos cambios legales, al margen de si sus convicciones están o no 100% alineados con los mismos. El proceso en sí mismo es visto como una oportunidad más que una amenaza.

En este sentido, me parece pertinente traer a colación la siguiente argumentación que Isaiah Berlin estableció en su libro Cuatro Ensayos sobre la Libertad:

"Reconocer la validez relativa de nuestras convicciones, dijo un admirable escritor de nuestros tiempos, pero sin embargo defenderlas resueltamente, es lo que diferencian un hombre civilizado de un bárbaro. Exigir más puede ser tal vez una profunda e incurable necesidad metafísica; sin embargo permitir que la misma determina nuestro accionar es un síntoma de una igualmente y más peligrosa inmadurez moral y política".

En consecuencia, y con la venia de Berlin, declaro entender la necesidad metafísica de la antigua derecha, pero me quedo con la madurez moral y política de la nueva derecha.

Rafael Pastor

martes, 30 de noviembre de 2010

Lenguaje y Reforma Educacional


A propósito del aumento de horas de lenguaje a ser impartidas en los colegios debido a la reforma educacional, parece sensato recordarle al gobierno que a los alumnos se les debe enseñar no solamente que el lenguaje es un medio para transmitir información siguiendo ciertas reglas, sino que más importante aún, es algo exclusivamente humano (ontología) que crea realidades y permite la coordinación.

En efecto, el lenguaje es también acción y mediante el mismo los seres humanos creamos y coordinamos el futuro mediante el uso de los actos del habla: declaraciones, juicios, peticiones y promesas.

En este sentido, si queremos formar ciudadanos que no solamente tengan capacidad analítica (capaces de generar descripciones del mundo que son verdaderas o falsas), sino que además sean generadores de valor público y privado (emprendedores sociales, políticos, culturales o empresariales), resulta clave aplicar cursos y metodologías pedagógicas que incorporen profundamente esta segunda e importantísima dimensión del lenguaje. Sin una educación comprometida con el lado más humano del lenguaje (la gramática de la acción), jamás mejoraremos la calidad de la educación en Chile y tampoco cumpliremos el anhelo de ser una nación desarrollada.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Salgo mencionado como abogado de Hasbro en la Segunda de hoy.


Pequeña Carta de mi autoría en el Mercurio de Hoy


Elecciones y daños
A propósito de las elecciones de la ANFP y sus daños colaterales, me vino a la memoria la siguiente frase del senador californiano Hiram W. Johnson emitida el siglo pasado: "La primera víctima de una guerra es la verdad".

Rafael Pastor

lunes, 8 de noviembre de 2010

Presupuesto y Datos Abiertos

Aprovechando la discusión que está concluyendo en el Congreso respecto al nuevo presupuesto nacional (PN), me parece importante recordar la relación que debe tener este vital proceso con la noción de transparencia activa, y más específicamente en su expresión más radical: datos abiertos.

Es sabido que hace unos años se le viene exigiendo mucho más a la elaboración y ejecución del PN, toda vez que ya no es tratado solamente como un instrumento contable-jurídico de control de insumos, sino también como la herramienta política más estratégica que posee el gobierno.

En efecto, el PN no solamente aspira a establecer los sectores, programas y cantidades a ser financiados en un ejercicio, sino que también en determinar la racionalidad (¿para que?) y el costo de los resultados buscados; es decir, el PN debe adjudicar fondos siempre vinculados a una finalidad estratégica como modificar productos o servicios gubernamentales (el volumen o calidad de los servicios públicos) o sus resultados finales (outcomes: impactos).

Debido a lo anterior y a las bondades de la Web 2.0, la transparencia activa va adquiriendo cada día más importancia para la gobernabilidad. Los ciudadanos ya no solamente le exige a los gobiernos el acceso de cierta información o datos, sino que además requieren que la misma sea liberada en un formato electrónico amigable (abierto) que disminuya los costos de transacción de su adquisición, y asegure la interoperabilidad entre distintas aplicaciones computacionales, como asimismo la posibilidad de reutilización los datos con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.

En este sentido, adoptar este tipo de transparencia activa online en relación con los datos que alimentan el proceso de elaboración y ejecución del PN, permitiría desarrollar formas o patrones distintos de analizar esta data, que pueden ser muy valiosos para los ciudadanos, usuarios, políticos y funcionarios públicos. Asimismo, la interoperabilidad de los datos abiertos presupuestales pueden también mejorar la eficiencia del gasto público en lo que dice relación con el financiamiento de mecanismos de coordinación intersectorial, y control de gestión en todas sus variantes.

En definitiva, si el gobierno actual opta por estos nuevos y más exigentes estándares de confianza y rendición de cuentas en el PN -especialmente en un contexto de reconstrucción nacional- se transformará en un proveedor de datos públicos que a larga no sólo alimentarán un mejor ciclo de políticas públicas, sino que además, promoverá una mejor gestión pública y mayores grados de gobernabilidad.

Rafael Pastor Besoain
Profesor Asistente
MGPP – Universidad de Chile

viernes, 5 de noviembre de 2010

Lo que me lleva a militar en RN (posteo en desarrollo)


En la campaña presidencial, la Coalición por el Cambio, liderada por el actual Presidente Sebastián Piñera, fue mandatada por una nueva mayoría para la concreción de una visión: “Sociedad de Oportunidades, Seguridades, Valores e Instituciones”.

Esta visión y el reto de su articulación social es lo que me convoca hoy a militar en Renovación Nacional. Creo que este partido posee una historia y una cosmovisión de mundo que me provee el contexto apropiado para coadyuvar en el emprendimiento de esta ardua pero noble acción política.

¿Por qué Renovación Nacional?

Desde sus inicios la acción de RN ha estado guiada por una lúcida moderación y un pragmatismo realista que prioriza el consenso y la negociación, como principales ejes de su cultura política. Con un apego estricto a la promoción de la libertad, la autonomía del individuo y los derechos humanos, RN fue actor clave en la configuración de la política de los acuerdos y el mejoramiento democrático de nuestras instituciones. En este sentido, me siento llamado a colaborar con el alineamiento de esta lógica política dentro de la visión del actual gobierno de la Coalición por el Cambio.

Más y Mejor Sociedad

Tal como necesitamos un mejor estado para lograr la visión de la Coalición por el Cambio, también necesitamos un proyecto más social. Entiendo que existe más y mejor sociedad en la medida que descentralicemos el poder en individuos, comunidades y la sociedad civil, para que ellos se hagan mucho más responsables de su destino. Más que poner el énfasis principalmente en la creación de más regulaciones o normas que condicionan la forma que deben organizarse las personas, creo más en la generación de esquemas con incentivos inteligentes, donde los individuos se sientan llamados a organizarse para a hacerse cargo de sus propios problemas y sean co-productores de ciertos bienes preferentes.

En este sentido, los derechos de la persona son el principal límite a la acción del estado, y por lo mismo todos los medios estatales deben estar exclusivamente al servicio de la misma, para que así los ciudadanos puedan lograr sus fines propios o aquello que consideran valioso. Esta concepción cree que el ser humano es completamente capaz de autodeterminarse y buscar su felicidad de forma independiente. Creo en un proyecto que base su acción política en un cuerpo de ideas consecuentes con la premisa de establecer límites a la acción del gobierno, creyendo profundamente en la soberanía del individuo, como asimismo en un sentido de responsabilidad y respeto por el otro, que debe transcender la administración de dicha libertad individual.

Sociedad de Oportunidades

Para mí este fin se traduce en la consolidación de una sociedad más justa, donde la política y las políticas públicas estén al servicio de los ciudadanos en sus esfuerzos por superar la pobreza, y en mantenerse fuera del alcance de la misma. Creo en una sociedad donde debe haber igualdad de oportunidades, en el sentido de que la cancha en la que todos vivimos debe ser muchísimo más pareja y meritocrática. Cada miembro de nuestra sociedad debe poder acceder a bienes públicos y preferentes de buena calidad, que le aseguren el derecho a adquirir las capacidades necesarias optar libremente por el proyecto de vida que considere más valioso.

También entiendo una sociedad de oportunidades como aquella que posee un modelo de desarrollo que es lo suficientemente inteligente para que sea ambientalmente sustentable. Sin un medio ambiente limpio y verde, no habrá una sociedad de oportunidades para las próximas generaciones.

Sociedad de Seguridades

Buscamos crear una sociedad donde las personas se sientan protegidas de sus miedos y amenazas.

Sociedad de Valores

La familia es la primera y más importante red de protección social.
Pluralismo y la hospitalidad de la tolerancia.

Sociedad de Instituciones

Mejor Democracia

Más participación

Mejores partidos (más conectados con la sociedad)
Mejor estado (no necesariamente menos estado)
Más y mejor transparencia activa (datos abiertos)
Mejor sistema productivo (del cobre al chip)

viernes, 15 de octubre de 2010

Chile’s Risky Biogeneric Regulatory Stance

The alleged positive economic externalities that biogenerics can trigger within healthcare systems, in the sense of lowering prices of very expensive therapies, seem quite alluring and widespread nowadays for several Governments that are facing staggering deficits in their budgets.

However, follow-on biologics should not be regulated for their market approval in the same manner than ordinary generic chemical drugs. For the generic pharmaceutical industry it is not always mandatory to file preclinical and clinical studies in order to evaluate and compare the efficacy and safety of their drugs against those registered previously by innovators, as well as claim interchangeability in connection to the same.

Moreover, the preclinical and clinical data requirements play a key role when it comes to ensuring the safety and efficacy of biogenerics, and thus entail a very sound and relevant safeguard for public health standards once these products are launched into the market.

Unfortunately, Chile lacks specific registration regulations for Biogenerics so the Public Health Authority (Instituto de Salud Pública – ISP) must resort to general provisions from Supreme Decree 1876/95 that list the necessary requirements to issue a sanitary registration or marketing approval for common chemical drugs but not for follow-on biological drugs.

In spite of this regulatory void, 174 biogeneric sanitary registrations have already been issued by ISP. The lack of biogeneric interchangeability coupled with the technical inability of generic manufacturers to fully elucidate the same manufacturing process that innovative biotechnological pharmaceutical companies follow in order to produce safe and effective biological drugs involves a risk for the health of Chilean patients that ISP seems to be disregarding.

Biogenerics differ from biotech drugs in the sense that they hold a different chemical compositions and are manufactured in a different manner. Hence, the interchangeability of biogenrics should be accepted only based on new clinical data that is exclusively submitted by the biogeneric manufacturer not the innovator.

Chile’s regulatory Stance is clearly risky and must be reformed in order to comply with regulatory standards that have been incorporated by the main Public Health Authorities in the world, such as FDA or EMEA.

sábado, 25 de septiembre de 2010

Co-producción y Políticas Sociales


A propósito del artículo escrito por el Ministro Felipe Kast sobre la política de los desafíos sociales, me parece necesario traer a colación el concepto de co-producción en la generación de valor público.

Es sabido que en los sistemas de producción de bienes públicos y preferentes, los usuarios adquieren principalmente productos y servicios del estado mediante ciertos intercambios sociales y no económicos.

En este sentido, el usuario recibe algunas prestaciones estatales en la medida que ejecute determinadas conductas positivas o negativas, lo que implica en definitiva que la labor del usuario condiciona la producción del bien público o preferente de forma muy relevante. Sin la colaboración del usuario no será posible generar valor público. Un ejemplo de lo que vengo mencionando, son las transferencias directas que pudiesen recibir las familias usuarias de la política del ingreso ético familiar. Las mismas quedarían condicionadas al hecho que sus hijos se mantengan en el sistema escolar y que utilicen periódicamente el sistema de salud, o que el dueño de casa desempleado, se capacite mientras dure su cesantía y que realmente busque trabajo durante dicho periodo.

Lo anterior, nos permite concluir que si las divisiones, los departamentos o servicios que implementan las políticas sociales desean lograr sus resultados intermedios (productos y servicios de buena calidad) y finales (es decir generar valor público), deben reconocer el hecho que sin la adecuada contribución (co-producción) de sus usuarios lo anterior no será posible.

En consecuencia, el éxito o fracaso de la nueva política social del gobierno va estar muy ligada a la forma en que se optimice los procesos para obtener esta contribución o co-producción, y en los incentivos sociales y económicos que se utilicen para gatillar la misma, es decir, a una gestión de mucha calidad a nivel intermedio y en la base operacional, que es lo que más falta en el estado chileno.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

La Partida del Eclipse



La partida de Michel Bachelet a Naciones Unidas no es necesariamente una buena noticia para la centro derecha. Su alejamiento de la fase agonal de la política chilena en definitiva atenuará el potente eclipse que su popularidad estaba imponiendo sobre la capacidad de la Concertación para hacer surgir nuevos liderazgos y lograr su anhelada rearticulación estratégica. Más aún, la popular e indefinida voz de Bachelet en Chile hubiera seguido siendo un factor de permanente tensión y división dentro de la oposición, y especialmente una piedra particularmente odiosa en el zapato de la refundación que Ignacio Walker pretende consolidar en la DC.

Con Bachelet en la tierra del olvido (NY), el eclipse propenderá a menguarse y generará espacios para que la DC pueda intentar desizquierdizar el rumbo adquirido por la Concertación con liderazgos renovados (vino nuevo en botellas viejas) siquiera en lo que dice relación con los estilos de su remozada acción política. Lo anterior, podría darle una ventaja a la falange para recuperar un porcentaje del centro político que le fue arrebatado por la centro derecha y volver a adquirir cuotas de poder perdidas desde hace dos periodos presidenciales.

En este sentido, resulta fundamental para la coalición gobernante tener presente que ya no podrá beneficiarse del eclipse Bachelet por los próximos dos años, lo que indudablemente obliga a la UDI y RN a centrar todas sus fuerzas para seguir extendiendo su residencia en el centro político para con ello anular los esfuerzos que pretende desplegar la DC y empujar a la concertación cada vez más lejos de su nuevo domicilio político.

Sin Bachelet en el contexto político nacional, se pone cada día más cuesta arriba para la centro derecha la opción de seguir empujando a la oposición hacia una mirada de izquierda más dura. Tal vez por ello ahora corresponde también buscar la concreción de la parte más liberal y audaz del programa de gobierno de Sebastián Piñera. Empleando esta táctica, la centro derecha podría asegurar el triunfo en las próximas elecciones municipales y en definitiva ponerle un candado firme a su nueva casa en el centro político. Su permanencia en la Moneda por el próximo mandato presidencial así parece exigirlo.

jueves, 9 de septiembre de 2010

Protección sobre Secreto de Fábrica y Secretos Comerciales

Quisiera hacerme cargo del entusiasmo esgrimido por el abogado Cristóbal Porzio sobre la protección legal que poseen ciertos secretos empresariales en Chile, al amparo de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

En efecto, si bien es efectivo que dicha protección existe, la misma es claramente deficitaria, toda vez que el artículo 86 de la Ley 19.039 circunscribe esta exclusividad sólo sobre “…todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales..”, es decir, nos encontramos frente a una norma que sólo incluye protección sobre los secretos industriales (secretos de fábrica), más no necesariamente sobre los secretos empresariales o comerciales.

Sabido es que la noción de secreto comercial es mucho más amplia que la secreto industrial, y que responde con mayor propiedad a las dinámicos necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que actualmente podemos argüir que en Chile, no existe una protección de propiedad industrial muy efectiva sobre los secretos comerciales tanto a nivel civil como penal.

Tan cierto es lo que venimos señalando, que el artículo 88 de Ley 19.039 al señalar “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda…”, se limita a remitir este tipo de protección de forma vaga al ordenamiento penal, y más específicamente al artículo 284 del Código Penal que consagra solamente el delito de violación de secretos de fábrica, más no el de secretos comerciales o empresariales.

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que igualmente las empresas pueden recurrir a la Ley N°20.169 que regula la Competencia Desleal, que otorga a los titulares de secretos empresariales medidas precautorias y acciones civiles para proteger los mismos, sólo si son capaces de probar que efectivamente el infractor mediante el uso del secreto comercial esta desviado su clientela por medios ilegítimos, lo que también resulta bastante difícil de probar.

Rafael Pastor Besoain
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & McKenzie)

lunes, 6 de septiembre de 2010

Me pareció muy bueno este artículo de Tironi

Y ahora quién defiende al "modelo"?

El credo sobre el cual se construyó la institucionalidad económica chilena se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo. Son ellos los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo económico".
por: Eugenio Tironi

El "modelo económico" -instaurado en los años 80 del pasado siglo, tanto en la mente de las élites como en el sistema institucional chileno- venía rengueando por efecto del desgaste propio del juego democrático y de la crisis mundial que se desató hace dos años, la que fue imputada a la borrachera antirregulatoria del capitalismo reciente. No obstante, nada ha sido más fatal para el mentado "modelo" que la gestión de este gobierno, que se suponía destinado a restablecerlo en gloria y majestad.

¿En qué consistía, en palabras simples, el "modelo económico"? Básicamente en dos principios: uno, que la autorregulación provista por el mercado es más eficiente y justa que cualquier intervención del Estado, no importa lo bienintencionados que sean los gobernantes, pues a diferencia de aquel, el mercado no responde a la voluntad humana sino a leyes propias; y dos, que la empresa privada, en tanto se mueve aguijoneada sólo por la competencia y la rentabilidad, es siempre más efectiva socialmente que la gestión estatal, por lo cual lo óptimo es reducir al máximo el tamaño del Estado para despejar la cancha a la iniciativa privada. No se trata de hacer desaparecer al Estado, pero sí enfocarlo en lo que no puede asegurar ni el mercado ni los agentes privados: ofrecer seguridad física a la población, fijar reglas del juego que permitan a los actores económicos desplegarse con libertad y certeza jurídica, y dar apoyo a los grupos más pobres, incapaces por sí solos de entrar al mercado.

Ahora bien, mantener constreñido al Estado no es fácil, pues la clase política siempre está tentada a hacerlo crecer para incrementar su propio poder. Los antídotos frente a esto son, de un lado, poner el máximo de trabas institucionales a la discrecionalidad de los gobernantes; y del otro, reducir la proporción de los recursos económicos del país administrados por el sector público. En consecuencia, el "modelo" promueve una institucionalidad que no está diseñada para facilitar la iniciativa económica de los gobernantes sino, al contrario, inhibirla en beneficio de los agentes privados. Éstos deben respetar las reglas del juego, pero a cambio cuentan con la certeza de que tales reglas gozarán de estabilidad, pues al sistema político se le imponen quórums especialísimos para su modificación. Pero como decíamos, no basta con quitarles la iniciativa: hay que restarles también los recursos económicos a los gobernantes. De ahí proviene aquella máxima de Milton Friedman, tan popular entre los defensores del "modelo": "Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa".

Puntos más, puntos menos, éste es el "credo" sobre la base del cual se construyó la institucionalidad económica chilena. En democracia, cierto, ésta ha experimentado muchas reformas, pero ninguna atentó contra tales fundamentos. Esto por cuatro motivos: el primero, la hegemonía de las nociones neoliberales, tanto en el campo de la economía como en el de las restantes ciencias sociales; segundo, el celoso papel de guardián de tales ideas ejercido por los partidos de la Alianza y think tanks como Libertad y Desarrollo; el tercero, la cerrada defensa del "modelo" por parte de la comunidad empresarial y sus gremios, que advertían penas del infierno si se rompía la ortodoxia; y el cuarto motivo, la actitud de los gobiernos de la Concertación, que inhibidos por su pasada experiencia histórica y por el poder mostrado por sus defensores, optaron por corregir los aspectos más controversiales del "modelo" antes que romper con él.
Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación.

Pues bien, todo este andamiaje se desmanteló en los últimos seis meses, como resultado de la conducta del nuevo gobierno y de la reacción de quienes, se suponía, estaban llamados a defenderlo.

El gobierno ha tomado medidas que van sistemáticamente en una misma dirección: trasladar recursos, iniciativas y decisiones desde el mundo privado hacia el mundo público. En materia de recursos, ahí está el alza de impuestos a las empresas y el proyecto de ampliación del royalty. Y en el plano de las iniciativas y decisiones, el anuncio de nuevas regulaciones en diversos campos y ahora, como "guinda de la torta", el caso Barrancones. Este último episodio es el más emblemático. Aparece de pronto el Presidente de la República llegando a acuerdos con una empresa, saltándose los mecanismos institucionales y a sus propios subalternos, lo que es seguido por ministros anunciando disposiciones que apuntan a aspectos que deberían ser exclusivos del riesgo empresarial. Todo esto se hace arguyendo situaciones "excepcionales" o "vacíos institucionales"; ¿pero cuándo no se ha apelado a este tipo de justificaciones cuando se trata de romper con un determinado marco institucional? Lo importante es dar el primer paso; lo demás viene por añadidura.

Que al actual gobierno actúe como lo ha hecho no debiera extrañar: es el estilo del presidente, el que jamás ha ocultado en su actuación pública o privada. Él no tiene temor alguno a la comunidad empresarial, y no le importa en absoluto contrariarla: carece, en este sentido, de los complejos de la Concertación. Probablemente calculó que las críticas de este sector serían tímidas, y en esto no se equivocó: si la conducta presidencial ante Barrancones o el alza tributaria ante el terremoto hubiesen sido adoptadas por un gobierno de otro signo, de seguro que la reacción hubiese sido de otro tenor. A esto se agrega que la conducta del gobierno es justificada por los mismos que, desde Libertad y Desarrollo y los medios de comunicación, ejercieron como celadores del "modelo" y que ahora tienen altos puestos de gobierno. La desavenencia clara sólo proviene de algunos parlamentarios de la UDI, que vienen reclamando desde el mismo 11 de marzo su marginación del nuevo régimen.

La defensa ideológica y conceptual del "modelo", en suma, estalló por los aires. Pero hay algo peor. La débil reacción de la comunidad empresarial y la justificación o el silencio por parte de sus custodios históricos parecen justificar la peor de las sospechas: que en realidad la protección del "modelo económico " y su pureza no eran más que una fachada, y que el fin verdadero era protegerse de una coalición gubernamental a la que temían por sus ímpetus estatistas: desaparecida esta amenaza, adiós "modelo".

Tal sospecha, que ahora tiene visos de verosimilitud, pulveriza a su vez cualquier defensa del "modelo" desde la Concertación. Buena parte de su tecnocracia hizo suyas algunas de sus nociones básicas, y pagó un alto precio ante sus bases políticas por evitar que sus pilares fueran destruidos. ¿Qué le queda ahora? ¿Acaso seguir defendiendo un "modelo" que sus propios creadores no defienden y, lo que es peor, justifican que sea vulnerado con argumentos pueriles? No, por cierto que no. Todas las inhibiciones intelectuales y políticas se han roto; y lo que cabría esperar ahora es un minucioso desmantelamiento del "modelo" desde las filas de la Concertación. Fueron el gobierno y sus intelectuales, ante la pasividad del mundo empresarial, los que abrieron el dique: es imposible, ahora, evitar la ola crítica y revisionista que se precipitará sobre el "modelo".

Hablando de la burguesía, Marx decía que ella "forja su propia destrucción". Algo parecido está ocurriendo en este caso. Los elegidos para defender el "modelo económico" de sus enemigos han terminado por sepultarlo.

viernes, 3 de septiembre de 2010

¿Que es economía del comportamiento/behavioral economics?

Me publican hoy artículo en el Diario Financiero


Protección contra la elusión de medidas tecnológicas
El 4 de mayo de 2010 se publicó la Ley 20.435 que modificó la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, para efectos de cumplir con las obligaciones asumidas por Chile mediante el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (TLC).
Esta reforma ha significado grandes cambios a nuestra legislación en materia de derecho de autor, con lo que no sólo nos hemos constituido en el primer país de Latinoamérica en regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet respecto a este tipo de derechos, sino que también hemos determinado con mayor claridad lo que entendemos por obras del patrimonio cultural común, mediante el establecimiento de nuevas excepciones y limitaciones a estos derechos que favorecen a discapacitados, bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.
Las modificaciones incluyen mejores descripciones de las conductas punibles, y un agravante respecto a la pena de personas que se asocien ilícitamente para cometer delitos contra este tipo de derechos, como asimismo un sistema de mediación y arbitraje para determinar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva a sus usuarios.
Cobra importancia destacar que estas modificaciones no incluyeron la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, ni tampoco la posibilidad de solicitar medidas precautorias y una indemnización como consecuencia de la ejecución de estos actos de elusión.
Podemos colegir que Chile no está cumpliendo cabalmente con el TLC, por lo que urge que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para efectos de iniciar la discusión sobre esta nueva regulación.
Resulta interesante destacar que no existe un consenso internacional en el sentido de aceptar que la elusión sea una potestad que emane propiamente del derecho de autor, sino que de una protección sui generis que emana de leyes especiales promulgadas específicamente para dicho efecto.
El TLC obliga a ambos países a establecer medidas prejudiciales en relación con ciertos actos de elusión y determinar la respectiva responsabilidad civil y penal que gatillan los mismos, por lo que Chile deberá inevitablemente implementar este nuevo estándar, que es muy relevante para varias industrias.

lunes, 30 de agosto de 2010

Suficiente Hamilton, Más Jefferson


En su columna del Domingo Juan Carlos Eichholz le reconoce al gobierno una gran capacidad de gestión, pero a su vez le pide algo más que sólo aquello. Si bien comparto esta recomendación, creo necesario aclarar ciertos conceptos.

Eichholz nos recuerda indirectamente que existe una tensión estratégica que invade la función ejecutiva del gobierno que se genera entre dos extremos: la legitimidad y los resultados. Esta distinción fue reconocida por el académico Laurence Lynn en su libro Gestión Pública como Arte, Ciencia y Profesión, al describir dos conceptos de gobierno. Por un lado existiría un concepto Jeffersoniano, más inclinado al entendimiento público y a la deliberación (legitimidad), y por otro un concepto Hamiltoniano, más inclinado a la ejecución de planes y al logro de resultados. Básicamente lo que Lynn concluye es que todo gerente público se verá obligado a navegar constantemente en esta tensión, por lo que si en la gestión pública se pone más énfasis en la legitimidad, se hará sin lugar a dudas a costa de la eficacia (los resultados), y si se pone más énfasis en los resultados, se hará a costa de la legitimidad. De alguna forma Bachelet (legitimidad) y Piñera (resultados) encarnan muy bien esta distinción. Sin embargo, como en todo orden de cosas, el buen gerente público es aquel que logra aplicar ambos conceptos a la vez de forma contextual.

Por otro lado, en los años noventa Mark Moore en su libro Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público, elaboró un marco conceptual que recomienda a los Gerentes Públicos crear valor público mediante el alineamiento estratégico de tres actividades: la gestión política, la gestión programática y la gestión operativa. Es decir, un directivo público para ser buen gerente no solamente debe ser eficiente y efectivo en el uso de recursos públicos, sino que debe explorar que impactos o resultados son los que los ciudadanos colectivamente consideran valiosos y gestionar los mandatos políticos para poder en definitiva proveer los bienes públicos necesarios o implementar las políticas públicas adecuadas para crear dicho valor público.

En sentido, considero que Eichholz se equivoca al cree que es algo más que le pide al gobierno no es gestión, cuando en definitiva lo que esta solicitando es simplemente más y mejor gestión pública, es decir, no sólo gestión operacional sino más gestión política y programática. Mucho Hamilton pero también mucho más Jefferson.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Henry Mintzberg: la toma de decisiones.

En este video, de forma magistral, Henry Mintzberg distingue tres tipos de formas de pensar:

1. Pensar Primero (ciencia)
2. Actuar Primero (oficio)
3. Ver primero (arte)





martes, 10 de agosto de 2010

Protección contra la Elusión de Medidas Tecnológicas: el gran ausente


El 4 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.435, que modificó la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, para efectos de cumplir con las obligaciones de resultado asumidas por Chile con la firma y ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Esta reforma ha significado grandes cambios a nuestra legislación en materia de derecho de autor, con lo que no solamente nos hemos constituido en el primer país de Latinoamérica en regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISP) respecto a este tipo de derechos, sino que también hemos determinado con bastante mayor claridad el sentido y alcance de lo que entendemos por dominio público (obras del patrimonio cultural común), mediante el establecimiento de nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor que favorecen a discapacitados y bibliotecas sin fines de lucro, entre otros.

Las modificaciones también incluyen multas más elevadas para castigar las infracciones al derecho autor, y un sistema de mediación y arbitraje para determinar las tarifas que cobran las entidades de gestión colectiva a sus usuarios, como asimismo mejores descripciones de conductas infraccionales para los delitos contra el derecho de autor, y el establecimiento de un agravante novedoso para la pena de personas que se asocien ilícitamente para cometer delitos contra este tipo de derechos.

Sin perjuicio de lo anterior, cobra importancia destacar que estas modificaciones no incluyeron la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas que controlan el acceso a obras protegidas por derecho de autor, como asimismo la posibilidad de accionar para obtener medidas precautorias y una indemnización adecuada como consecuencia de la ejecución de actos ilícitos de elusión.

En vista a lo anterior, podemos colegir que Chile no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones estipuladas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que urge que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso para efectos de iniciar la discusión sobre esta conflictiva nueva regulación.

Asimismo, resulta interesante destacar que no existe un consenso internacional en el sentido de aceptar que la elusión sean en definitiva un acto ilegal que deba necesariamente generar responsabilidad penal y/o civil, ya que según algunos el control al acceso de una obra mediante una medida tecnológica no es una potestad que emane propiamente de la propiedad intelectual (derechos de autor), sino que de una protección sui generis que emana de leyes especiales promulgadas específicamente para dicho efecto.

Ahora bien, no cabe duda que el TLC obliga a ambos países a establecer medidas prejudiciales en relación con ciertos actos de elusión y determinar la respectiva responsabilidad civil y penal que gatillan los mismos (artículo 17.7 5 (a) y siguientes), por lo que Chile tendrá que inevitablemente implementar legalmente este nuevo estándar, que es muy relevante para varias industrias. Ojalá logremos una nueva regulación balanceada que sea óptima para todos.

lunes, 21 de junio de 2010

Delivery Unit Chileno - Publican este Posteo en el Diario Financiero de Hoy


El gobierno ha anunciado la creación de una unidad especial de cumplimiento (UEC) de los resultados o impactos prioritarios en la agenda política del gobierno, como también de su adecuada entrega e implementación.

Si bien considero que debe aplaudirse cualquier esfuerzo orientado a vincular los programas de gobierno con el mejoramiento de la efectividad y calidad de las políticas públicas (PP) y los sistemas de provisión de bienes públicos (BP), no es menos cierto que esta iniciativa también posee algunos riesgos que creo importante destacar.

La UEC no sólo estarán orientada a asegurar la efectividad de las PP sino que también a monitorear la calidad y eficiencia de los proceso que conforman los mismos. En este sentido, cabe destacar que la UEC influirá verticalmente en la forma en que se implementan las PP, lo que a la larga podría generar tensiones con las direcciones intermedias de los diferentes ministerios y divisiones sectoriales, que requieren justamente mayor discrecionalidad y capacidad para gerenciar sus misiones institucionales y mandatos políticos.

Así pues, la UEC dentro de su lógica de resultados y calidad, podría verse inclinada a controlar y limitar esta discrecionalidad, materializando en una suerte de micro-gerencia política que obstaculice las operaciones de los directivos públicos intermedios en la generación productos y servicios que contribuyan efectivamente a la consolidación de los impactos o resultados valiosos que la agenda del ejecutivo les encargue.

Es sabido que la autonomía gerencial es una condición elemental para una mejor entrega de BP, y un mecanismo esencial para la rendición de cuentas (accountability), por lo que creo que si bien la UEC puede a la larga transformarse en un medio eficaz para lograr resultados e impactos valiosos, resulta fundamental que el mismo no sólo se oriente hacia esa concreción sino que también a la promoción y consolidación de mayor discrecionalidad y capacidad gerencial a lo largo de la base operacional del gobierno central y de nuestros gobiernos locales.

jueves, 17 de junio de 2010

Problemas "retorcidos" para una Administración inteligente

La gestión pública se caracteriza por su elevada complejidad. No creo que a estas alturas haya demasiadas dudas sobre esta afirmación. Dicha complejidad se debe a muchos factores pero hay uno de ellos que sobresale de los demás: la gestión pública se enfrenta a problemas "retorcidos" (wicked problems) y tiene por objeto dar una respuesta a los mismos. El artículo

Problemas "retorcidos" en la política pública del profesor Brian Head es sumamente interesante para entender el concepto y descubrir soluciones.Un problema "retorcido" es aquel que no puede definirse con claridad, carece de solución definitiva en términos de verdadero o falso, se afronta de una vez y no existe oportunidad de aprender por el método ensayo-error. Para su resolución no es suficiente con los tradicionales enfoques técnico-racionales basados en metodología, análisis y planificación. De hecho, no existe un único enfoque en abordarlos y, a menudo, los resultados son poco visibles o se presentan a largo plazo. Este es el tipo de problema al que suele enfrentarse la gestión pública y para ello tiene sus instrumentos. El propio profesor Head apuesta por profundizar en un cambio conductal sostenido a la hora de gestionar mediante la "colaboración" como una respuesta a la "complejidad social".En una línea que puede converger con esta aproximación se encuadra la idea de Administración inteligente . El filósofo José Antonio Marina ha estudiado el concepto de inteligencia en el ámbito de las organizaciones, llegando a dos conclusiones:

Que la inteligencia práctica es superior a la teórica: la gran creación de la inteligencia no es la ciencia, ni el arte, sino la ética, que es la culminación de la inteligencia práctica, la que aspira a solucionar los más complejos problemas "retorcidos". Es necesaria, por tanto, su incorporación a la gestión pública.

Que la inteligencia individual se da siempre en un entorno social, que la estimula o la deprime: de la interacción entre inteligencias emergen fenómenos nuevos, una inteligencia imprevisible, que es más o menos la suma de inteligencias personales.

Colaboración, dimensión ética y condiciones de trabajo con nivel afectivo. Tres recetas que bien pueden servir para una gestión pública de éxito, en la que los problemas "retorcidos" acaben siéndolo menos.

Problemas Torcidos (wicked issues)

Problemas que son resistentes a soluciones tradicionales.

No pueden ser tratados exitosamente con aproximaciones tradicionalmente lineales y analíticas.

Los problemas torcidos son difíciles de definir con claridad. Su naturaleza y extensión es muy subjetiva.

Los problemas torcidos poseen interdependencias y son por lo general multi-causales.

Intentos de solucionar problemas torcidos por lo general gatillan consecuencias inesperadas.

Los problemas torcidos son generalmente inestables.

Los problemas torcidos no poseen soluciones claras.

Los problemas torcidos son socialmente complejos.

La solución a los problemas torcidos jamás es de exclusiva responsabilidad de una sola organización pública y por ende requieren de colaboración intersectorial.

Para solucionar los problemas torcidos deben confirmarse cambios en el comportamiento de los ciudadanos.

Algunos problemas torcidos se caracterizan por generar el fracaso crónico de las políticas públicas que buscan soluciones a los mismos.

Ejemplos de problemas torcidos:

1. Obesidad
2. Cambio climático
3. Desventajas de pueblos originarios
4. Degradación de la tierra
5. Delincuencia

jueves, 20 de mayo de 2010

Me publican Carta hoy en El Mercurio.

Discurso del 21 de mayo

Señor Director:

Muchos criticaron que a la campaña de Sebastián Piñera le faltó una narrativa potente y propia. Este defecto también estaría presente en la agenda de su actual gobierno, que se ha preocupado más de asegurar la eficiencia a lo largo del ciclo de las políticas públicas que con declaraciones tajantes sobre impactos públicos deseados.

Así pues, el gobierno de Sebastián Piñera pareciera estar más inclinado hacia la formulación e implementación de soluciones eficaces, efectivas y eficientes que en la determinación de impactos deseados que tanto le reclaman sus adversarios.

Sin perjuicio de lo anterior, cobra importancia destacar que el 21 de mayo es el momento clave para proyectar la narrativa sobre los impactos que el Gobierno desea generar y comunicarlos con mucha claridad a los miembros de la Coalición por el Cambio, a los ciudadanos y a la oposición.

En este sentido, más que exclusivamente hacer una lectura árida de un listado de variadas soluciones técnicas a ser implementadas por el Gobierno, el Presidente Piñera debe aprovechar su discurso para describir y comunicar solamente dos o tres impactos deseados, no más. Esta opción le permitirá forjar un nuevo espacio de intención estratégica y alineamiento político detrás de su liderazgo para este nuevo ciclo político.

Ha llegado la hora de que el Presidente comunique con mucha convicción la visión de sociedad de oportunidades, seguridades, valores e instituciones que se comprometió a construir durante la campaña.

Rafael Pastor
Profesor Escuela de Gobierno y Gestión Pública
Universidad de Chile

martes, 11 de mayo de 2010

El regreso de la política industrial - Dani Rodrik

2010-04-12 CAMBRIDGE – El Primer Ministro británico, Gordon Brown, la promueve como medio para crear empleos muy especializados. El Presidente francés, Nicolas Sarkozy, habla de utilizarla para mantener empleos industriales en su país. El economista jefe del Banco Mundial, Justin Lin, la apoya claramente para acelerar el cambio estructural en las naciones en desarrollo. McKinsey está asesorando a los gobiernos sobre cómo hacerlo correctamente.

La política industrial está de vuelta.

De hecho, la política industrial nunca pasó de moda. Los economistas entusiastas del neoliberal Consenso de Washington pueden haberla descartado, pero las economías de éxito siempre han confiado en las políticas estatales que fomentan el crecimiento acelerando la transformación estructural.

China es un ejemplo. Sus fenomenales proezas manufactureras se deben en parte a la ayuda pública a las nuevas industrias. Las empresas de propiedad estatal han hecho de incubadoras de aptitudes técnicas y talento en materia de gestión. Las prescripciones relativas al contenido local han originado la aparición de industrias productivas proveedoras de productos para los sectores del automóvil y de la electrónica. Unos generosos incentivos de la exportación han ayudado a las empresas a introducirse en los mercados mundiales.

Chile, calificado con frecuencia de paraíso del libre mercado, es otro ejemplo. El Estado ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de todas las nuevas exportaciones importantes que produce el país. Las uvas chilenas se introdujeron en los mercados mundiales gracias a actividades de investigación e innovación que contaban con financiación pública. Los productos de la silvicultura contaron con fuertes subvenciones de no otro que el general Augusto Pinochet y la industria del salmón, que tanto éxito ha tenido, es una creación de la Fundación Chile, fondo de capital de riesgo casi público.

Pero, en materia de política industrial, los Estados Unidos son los que se llevan la palma. Resulta irónico, porque el término “política industrial” es anatema en el lenguaje político americano. Se usa casi exclusivamente para intimidar a oponentes políticos con acusaciones de designios económicos estalinistas.

Sin embargo, los Estados Unidos deben gran parte de sus proezas innovadoras al apoyo gubernamental. Como explica el profesor de la escuela de Administración de Empresas de Harvard Josh Lerner en su libro Boulevard of Broken Dreams (“Bulevar de sueños defraudados”), los contratos del Departamento de Defensa de los EE.UU. desempeñaron un papel decisivo en la aceleración de Silicon Valley en sus primeros tiempos. La red Internet, posiblemente la innovación más importante de nuestro tiempo, fue consecuencia de un proyecto del Departamento de Defensa iniciado en 1969.

Tampoco la aceptación de la política industrial por parte de los Estados Unidos es sólo un asunto de interés histórico. En la actualidad el Gobierno Federal de los EE.UU. es el mayor capitalista de riesgo del mundo. Según The Wall Street Journal, tan sólo el Departamento de Energía de los EE.UU. se propone gastar 40.000 millones en préstamos y subvenciones para alentar a las empresas privadas a desarrollar tecnologías verdes, como, por ejemplo, coches eléctricos, nuevas baterías, turbinas eólicas y paneles solares. Durante los tres primeros trimestres de 2009, las empresas de capital de riesgo privadas invirtieron menos de 3.000 millones en total en ese sector. El Departamento de Energía invirtió 13.000 millones.

Así, pues, el cambio a la aceptación de la política industrial es un reconocimiento digno de beneplácito de lo que los analistas sensatos del crecimiento económico siempre han sabido: el desarrollo de nuevas industrias requiere con frecuencia un impulso gubernamental, que puede adoptar la forma de subvenciones, préstamos, infraestructuras y otras clases de apoyo, pero, si rascamos la superficie de cualquier nueva industria de éxito en cualquier parte, lo más probable es que encontremos por debajo ayuda gubernamental.

La verdadera cuestión en materia de política industrial no es la de si se debe aplicar, sino cómo. Veamos tres principios importantes que conviene tener presentes.

En primer lugar, la política industrial es un estado de ánimo más que una lista de políticas concretas. Los que la aplican con éxito entienden que es más importante crear un clima de colaboración entre el Gobierno y el sector privado que facilitar incentivos financieros. Mediante consejos deliberantes, foros de desarrollo de proveedores, consejos consultivos en materia de inversión, mesas redondas sectoriales o fondos privados y públicos de capital de riesgo, la colaboración va encaminada a obtener información sobre oportunidades de inversión y cuellos de botella, lo que requiere un gobierno encaminado –no encamado– junto con el sector privado.
En segundo lugar, la política industrial debe recurrir tanto a las zanahorias como a los palos.

Dados sus riesgos y el desfase entre sus beneficios sociales y privados, la innovación requiere rentas: rendimientos superiores a los que brindan los mercados competitivos. Ésa es la razón por la que todos los países tienen un sistema de patentes, pero los incentivos permanentes tienen sus costos: pueden aumentar los precios al consumo y acumular recursos en actividades improductivas. Ésa es la razón por la que las patentes tienen un plazo de expiración. Se debe aplicar el mismo principio a todas las medidas gubernamentales en pro de la creación de nuevas industrias. Los incentivos gubernamentales deben ser temporales y estar basados en los resultados.

En tercer lugar, quienes aplican la política industrial deben tener presente que va encaminada a servir a la sociedad en general, no a los burócratas que la administran ni a las empresas que reciben incentivos. Como protección contra el abuso y la acaparación, se debe aplicar la política industrial de forma transparente y responsable y sus procesos deben admitir a nuevos concurrentes, además de los establecidos.

La acusación habitual contra la política industrial es la de que los gobiernos no pueden saber quiénes triunfarán. Claro que no pueden, pero eso carece en gran medida de importancia. Lo que determina el éxito en materia de política industrial no es la capacidad para reconocer a los triunfadores, sino la capacidad para abandonar a los perdedores, requisito mucho menos exigente. La incertidumbre garantiza que incluso políticas óptimas provoquen errores. La cuestión es que los gobiernos reconozcan esos errores y retiren su apoyo antes de que resulten demasiado costosos.

Thomas Watson, el fundador de IBM, dijo en cierta ocasión: “Si quieres triunfar, aumenta tu tasa de errores”. Un gobierno que no comete errores al fomentar la industria es el que comete el error mayor de no esforzarse lo suficiente haciendo intentos.

Dani Rodrik, profesor de Economía Política en la Escuela John F. Kennedy de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, ha sido el primer ganador del premio Albert O. Hirshman del Consejo de Investigaciones de Ciencias Sociales. Su último libro es One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (“Una economía y muchas recetas. Mundialización, instituciones y crecimiento económico”).
En este enlace puede encontrar un podcast de este artículo: http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/rodrik.42.mp3

viernes, 7 de mayo de 2010

Asociación Ilícita y Propiedad Intelectual


La piratería genera externalidades negativas para las empresas, los consumidores y el estado. En efecto, a los primeros les diluye la fuerza distintiva, el valor comercial y publicitario de sus marcas, mientras que a los segundos les genera un impacto perjudicial para su salud y patrimonios, especialmente en sectores como el farmacéutico, eléctrico y tabacalero.

Los estados se ven también afectados por este flagelo al ver mermados sus ingresos tributarios por la evasión que genera la piratería por uno lado, y por el otro deben lidiar con el aumento del gasto público que implica el combate al crimen organizado de la piratería.

En este sentido resulta una buena noticia que la Ley 20.435 que modifica la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual haya incorporado una agravante a los actos de piratería, cuando el responsable de los delitos haya formado parte de una agrupación o reunión de personas para cometer los mismos, sin necesariamente incurrir en los delitos de asociación ilícita tipificados en el artículo 292 del Código Penal y otras leyes especiales.

Es sabido que la piratería nunca se ha podido combatir adecuadamente recurriendo al delito de asociación ilícita puesto que su tipo penal describe una conducta que es muy difícil de probar, ya que como reconoce la Corte Suprema (sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002 - rol Nº 1183-02): “…el delito de asociación ilícita contemplado en la Ley 19.366 debe estar constituida por dos o mas personas cuyas voluntades convergen para constituir un cuerpo organizado jerárquicamente, dirigido por uno o mas jefes, con reglas y directivas que deben acatar y hacer cumplir disciplinadamente (entre ellas el sigilo), con carácter mas o menos permanente en el tiempo, con la finalidad de cometer uno o mas de los delitos que contempla la ley 19.366.”

En consecuencia, cabe manifestar que esta reforma genera una agravante que constituye un desincentivo importante para los piratas, ya que permite castigar con mayor rigor punitivo a los individuos que se agrupen o reúnan para cometer los ilícitos que la ley describe, sin tener que recurrir al exigente artículo 292 del Código Penal.

Rafael Pastor
Abogado
Cruzat, Ortúzar & Mackenna (Baker & Mckenzie)

lunes, 26 de abril de 2010

Transparencia Activa y Reconstrucción Nacional


El lunes pasado (19 de abril de 2010) se cumplió un año de la entrada en vigencia de Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien este primer año ha estado marcado principalmente por un proceso de implementación de estándares legales de transparencia pasiva y la generación de valiosa jurisprudencia administrativa nueva, no parece exagerado señalar que el plan de reconstrucción nacional que anunció el poder ejecutivo nos otorga una gran oportunidad para perfeccionar cualitativamente la noción de transparencia activa que queremos para Chile.

Hasta ahora básicamente esta noción esta circunscrita a un listado taxativo establecido en la Ley 20.285 que determina de forma cuantitativa toda la información que debe ser publicada por la mayoría de los organismos estatales. También incorpora el principio de facilitación que obliga a excluir exigencias o requisitos que puedan obstruir o impedir el acceso a la información pública.

En este sentido, podemos argumentar que actualmente tenemos un estándar adecuado en Chile de transparencia activa desde un punto de vista cuantitativo. También poseemos un marco legal que da espacio para interpretaciones más exigentes en lo que dice relación con la transparencia activa desde un punto de vista cualitativo. Es decir, no sólo estamos frente a la posibilidad real de exigirle al estado el listado antes mencionado, sino que además la publicación de todos los datos del mismo en un formato electrónico amigable que disminuya los costos de transacción de su adquisición, y asegure a su vez la posibilidad de su reutilización con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.

Para ello junto con el plan de reconstrucción nacional, considero que el gobierno debe enviar un instructivo que obligue la publicación de datos por parte de todos los organismos públicos involucrados en la implementación del plan de reconstrucción nacional en una sola página Web, y en un formato abierto y sin restricciones. Esta exigencia permitirá a todos los ciudadanos usar estos datos especialmente en relación con el tremendo potencial de las tecnologías de la información y la Web 2.0, y con ello agregarles valor tanto público como privado.

Lo anterior también permitirá mayor legitimación social del plan, vía transparencia, participación y colaboración, y será un medio idóneo para generar un insumo relevante para un gobierno central que proactivamente busca una mejor gestión, y por ende más y mejores mecanismos de rendición de cuentas en el gasto y uso de los recursos de todos los chilenos.

Rafael Pastor

sábado, 3 de abril de 2010

Me publican carta hoy en el Mercurio.




Estimado Director,

El cataclismo del 27 de febrero abrió varias ventanas de oportunidad para la agenda política del gobierno de Sebastián Piñera. Una de ellas ha sido aprovechada de manera muy asertiva por la actual administración al sugerir el aumento moderado de los impuestos a las empresas.

Este camino no sólo incorpora nuevamente esta alternativa en la discusión de la agenda pública como un insumo importante para la reconstrucción nacional y la provisión de mejores bienes públicos, sino que implica la apropiación de una solución que es bastante ajena al mundo de la centro derecha, y más bien corresponde a una vieja y frustrada aspiración de la Concertación que no fue posible concretar en los últimos veinte años.

En este sentido, podemos argüir que el gobierno se anota un golazo político al meter la mano dentro de un bolsillo de soluciones político-técnicas ajenas, no sólo porque sigue apoderándose del centro político de la agenda pública, sino que además disipa con ello la inquietud reinante en ciertos sectores en el sentido de que el gobierno de Sebastián Piñera tendría una inclinación a velar más por los intereses de los grandes empresarios que por los del bien común.

Asimismo, con esta apropiación estratégica el gobierno pone en un lugar muy incómodo a la oposición y algunos sectores más radicales de la UDI, ya que para los primeros el alza de impuestos es parte esencial de su ADN político, por lo que obviamente no podrán restarse frente a esta opción por módica que sea perdiendo con ello el patrocinio de la misma, y para los segundos es una opción infundada y equivocada, pero cuyo rechazo en un contexto de reconstrucción nacional resulta moral y políticamente muy poco viable.

viernes, 2 de abril de 2010

David Cameron: La próxima era de gobierno

El líder del Partido Conservador británico dice que entramos en una nueva era, en la que los propios gobiernos poseen menos poder (y menos dinero) y la gente, empoderada por la tecnología, posee más. Apoyándose en la nuevas ideas sobre economía conductual, explora cómo estas tendencias podrían transformarse en una forma de hacer política más inteligente.


martes, 9 de marzo de 2010

Ya que el gobierno entrante sacó nueva imagen gubernamental aprovecho de compartir con ustedes un bello artículo de Gabriela Mistral.


MENOS CONDOR Y MAS HUEMUL

Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una proposición difícil para el espíritu.

Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones, en el sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado geográficamente.

Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que, al fin, es solamente un hermoso buitre. Sin embargo, yo le he visto el más limpio vuelo sobre la Cordillera. Me rompe la emoción el acordarme de que su gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una quebrada. Las mujeres somos así, más realistas de lo que nos imaginan...

El maestro de escuela explica a sus niños: "El cóndor significa el dominio de una raza fuerte; enseña el orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra".

Tanto ha abusado la heráldica de las aves rapaces, hay tanta águila, tanto milano en divisas de guerra, que ya dice poco, a fuerza de repetición, el pico ganchudo y la garra metálica.

Me quedo con ese ciervo, que, para ser más original, ni siquiera tiene la arboladura córnea; con el huemul no explicado por los pedagogos, y del que yo diría a los niños, más o menos: "El huemul es una bestezuela sensible y menuda; tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad. Lo defiende la finura de sus sentidos: el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. El, como los ciervos, se salva a menudo sin combate, con la inteligencia, que se le vuelve un poder inefable. Delgado y palpitante su hocico, la mirada verdosa de recoger el bosque circundante; el cuello del dibujo más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura, como de plata. En él se olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha".

El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces, del Espíritu.

El cóndor, para ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente del valle; el huemul es perfecto con sólo el cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto, espiando un ruido.

Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero ésta. Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que domina sólo desde arriba.

Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no sirviera, por unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural,.y que el otro sea el latido de la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de pensamiento, y cóndores solamente para volar, sobre el despeñadero del gran peligro.

Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me acuerdo, haciendo esta alabanza del ciervo en la heráldica, del laurel griego, de hoja a la vez suave y firme. Así es la hoja que fue elegida como símbolo por aquéllos que eran maestros en simbología.

Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy por que ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, que llenan páginas olvidadas. La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco.

Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor; el huemul tiene, paralelamente, los suyos, y el momento es bueno para destacar éstos.

Los profesores de Zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul: una especie desaparecida del ciervo.

No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica; lo que importa es que el orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena.

El Mercurio, 11 de-julio de 1925
Santiago de Chile


En: Recados contando a Chile. Alfonso M. Escudero (comp.), Santiago de Chile, Ed. del Pacífico, 1957.

miércoles, 17 de febrero de 2010

Artículo de mí autoría en Marcasur

Anulando Registros Marcarios: ¿Un criterio regresivo a la vigencia de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de marcas famosas y notorias inscritas ilegalmente en Chile?

De acuerdo al artículo 6 bis (3) del Convenio de París, no se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. Es decir, esta norma genera la obligación para los Estados miembros de esta Convención de no aceptar la excepción de prescripción interpuesta para enervar la acción que busca obtener la declaración de nulidad de registros correspondientes a marcas notoriamente conocidas que han sido registradas en algún país miembro de esta Convención de forma ilegal (de mala fe).

El convenio de París entró en vigencia en Chile el 30 de Septiembre de 1991, cuando fue publicado en el Diario Oficial. Lo anterior implicó que desde esa fecha Chile podría haber estado incumpliendo sus obligaciones internacionales al no implementar legalmente la imprescriptibilidad de las acción de nulidad de registros de marcas notoriamente conocidas inscritas de mala fe o al no aceptar la autoexecutibilidad del artículo 6 Bis (3) en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, mientras que la primera opción no fue seguida por el Estado chileno de forma inicial, la segunda sí lo fue de forma jurisprudencial, mediante la dictación de varias sentencias administrativas por parte del antiguo Departamento de Propiedad Industrial (hoy Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - INAPI), que reconocía la aplicación de esta norma, y por ende su autoexecutabilidad.

Como ejemplo cabe citar la sentencia N° 104.795, emitida el 22 de septiembre de 2000, por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), en relación con la acción de nulidad interpuesta por John Galiano S.A. en contra del registro N° 403.735, inscrito a nombre de Comercial Eccsa Sociedad Anónima para la marca JOHN GALIANO en la clase 25. El DPI rechazó la aplicación de la excepción de prescripción presentada por el demandado, a pesar de que ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de otorgamiento del respectivo registro marcario. El rechazo de la excepción fue basado en el hecho que la marca JOHN GALIANO es famosa y notoria en relación con productos de la clase 25 y que fue registrada de mala fe.

Asimismo, cabe traer a colación la sentencia N° 103.419, emitida el 18 de julio del 2000, por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI), en relación con la acción de nulidad interpuesta por Brau A.G. en contra del registro N° 384.730, inscrito a nombre Jose Miguel Feliu Sanhueza para la marca ZIPFER URTYP en la clase 32. El DPI rechazó la aplicación de la excepción de prescripción presentada por el demandado a pesar de que ya habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de otorgamiento del respectivo registro marcario. El rechazo de la excepción fue basado en el hecho que la marca ZIPFER URTYP es famosa y notoria en relación con productos de la clase 32 y que fue registrada de mala fe.

Ahora bien, Chile recién incorporó localmente la figura de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris el 11 de marzo del 2005, al poner al día la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial con las obligaciones emanadas del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Sin embargo, un nuevo criterio fue establecido por el Tribunal de Propiedad Industrial (Tribunal de segunda instancia administrativa) el año pasado en relación con la autoexecutabilidad de la impescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris. En efecto, el 29 de enero de 2009, este Tribunal de alzada no aceptó los argumentos esgrimidos por O'Neill Europe B.V. en su recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia emitida por el DPI, que no aplicó la impescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris, en relación con la demanda de nulidad interpuesta en contra del registro N° 410.116 de la marca O'NEILL, inscrita para distinguir productos de las clases 9, 12, 25 y 28, bajo el nombre de Jorge Rolando Halabi N.

El fallo de este tribunal de segundo grado, desconoce por completo la autoexecutabilidad de lo prescrito por el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris al señalar que constitucionalmente Chile sigue el sistema de dualista para dirimir los conflictos en la aplicación y vigencia del derecho internacional al derecho nacional. Es decir, según este Tribunal ad quem la Constitución de Chile exige la incorporación de ciertos derechos generados por los Tratados Internacionales a la legislación local para estar vigentes y ser aplicables al caso concreto.

En este sentido, este fallo establece de forma clara que la impescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris, entró en vigencia recién el 11 de marzo de 2005 (fecha en que la Ley 19.039 fue puesta la día con las exigencias de los ADPIC) y no desde el 30 de septiembre de 1991 (fecha en que entró en vigencia el Convenio de París en Chile). Lo anterior, implica que cualquier titular de una marca que fue registrada en Chile de mala fe antes del 11 de marzo de 2005, podrá interponer con éxito la excepción de prescripción cuando han pasado más de cinco años desde la fecha del otorgamiento del registro y con ello dejar sin efecto la a imprescriptibilidad de esta acción de nulidad y la autoexecutabilidad del artículo 6 bis (3) del Convenio de Paris.

Creemos que el criterio aplicado por el Tribunal de Propiedad Industrial afecta gravemente los derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas. Según este nueve criterio, si una marca fue inscrita de forma ilegal por una persona o empresa en Chile antes del 11 de marzo de 2005, el verdadero titular del signo distintivo ya no podría exigir la imprescriptibilidad de la acción de nulidad establecida en el Convenio de París, para poder anular el registro marcario ilegal y usar su marca en nuestro país.

Cabe tener presente eso sí, que el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial no se encuentra aún ejecutoriado, toda vez que O'Neill Europe B.V. presentó un recurso de casación en el fondo en contra del mismo para efectos de obtener su invalidez y la dictación de una sentencia de reemplazo que desautorice este nuevo criterio. Confiamos en que la Corte Suprema dejará sin efecto esta nueva forma de interpretar la vigencia y aplicabilidad del artículo 6 bis (3) del Convenio de París y reinstaure la protección efectiva previamente existente en Chile para los titulares de marcas famosas y notorias que fueron registradas de mala fe antes del 11 de marzo de 2005.


La responsabilidad sobre las opiniones e información vertidas en esta

jueves, 11 de febrero de 2010

Una Visión de Estudiantes Actuales

Comparto con ustedes un video que ejemplifica como los estudiantes aprenden hoy. Más que pienso luego existo, se trata de participo luego existo. La tecnología y las redes sociales permiten derrumbar de a poco el cartesianismo en la educación.

sábado, 6 de febrero de 2010

El “como” por sobre el “que”

Rafael Pastor Roberto Osorio
Escuela de Gobierno – Universidad del Desarrollo

La Coalición por el cambio ha prometido imponer una cultura de hacer las cosas bien para la gente y no para las noticias de la televisión. Es decir, el nuevo gobierno busca imponer un sentido de urgencia que trasunte toda la administración pública en el sentido de hacer más eficiente y eficaz el ciclo de las políticas públicas (PP), como asimismo, la provisión de bienes públicos. Estamos de acuerdo con esta inquietud, pero creemos necesario hacer algunos alcances y recomendaciones.

Resulta clave tener presente que existe una tendencia entre los políticos y expertos en conceptualizar el ciclo de la PP como un proceso hiperracional, lineal y secuencial formado por varias etapas claras (diseño, implementación y evaluación). Ahora bien, la realidad nos muestra que las PP no se encuadran exactamente dentro de esta clasificación, y son más bien un proceso iterativo complejo, “poco claro” (como dice Lindblom), y sin reales divisiones. Cuando hablamos del proceso de PP estamos frente a un flujo constante de toma de decisiones, intercambio de información y negociaciones de poder.

Asimismo, debe tenerse presente que los políticos, legisladores y muchos expertos tienden a darle más importancia al diseño de las PP que a su implementación. Es más, por lo general las personas más calificadas prefieren estar en el diseño analítico de las PP que ser parte del proceso de su implementación. Lo anterior, responde a que existe una visión extremadamente racionalista del proceso de la PP, que de forma pretenciosa cree que con un buen diagnóstico del problema público, junto con un diseño de PP que controle todas las variables, el gobierno asegurará que la implementación de la PP no falle. El talento tiende a rehuirle a la implementación porque la misma es considerada simplemente como un conjunto de rutinas, protocolos mecánicos, operaciones e insumos ideados completamente durante el diseño de la PP y no después. La base de operaciones es vista de forme inocente como un mecanismo que aplica sin cuestionamiento alguno lo indicado en el diseño de la PP.

En consecuencia, nosotros creemos que el éxito del nuevo gobierno se va jugar más en el “como” que en el “que” de la PP. Si no se cambia el enfoque hacia mejorar efectivamente la capacidad operacional del gobierno central y los gobiernos locales en la implementación de las PP y la producción de bienes públicos, la promesa de la Coalición por el cambio de imponer una cultura de hacer bien la cosas no se va cumplir. Hay que dejar de lado la vana pretensión controladora de la planificación estratégica en el diseño de la PP, y poner todos los esfuerzos para seguir profundizando la conversación incremental que implica la implementación de la PP, y su impacto en la generación de mayor valor público.

viernes, 29 de enero de 2010

Marcas, Publicidad e Innovación


La forma de incorporar productos y servicios innovadores al mercado por lo general va de la mano con campañas publicitarias ingeniosas y el uso de marcas comerciales novedosas.

En efecto, no cabe duda que las marcas comerciales están estrictamente relacionados con la publicidad y por ende son medios valiosísimos que sirven para evitar que competidores inescrupulosos puedan aprovecharse deslealmente de los esfuerzos publicitarios ajenos, como también asegurar que productos de baja calidad no diluyan la imagen comercial positiva que los consumidores poseen sobre ciertos productos en el mercado.

En este sentido, las marcas comerciales son facilitadores de información que reducen los costos transaccionales para los compradores en el mercado al transmitir información sobre el origen y calidad de los productos, y por ende disminuyen el tiempo ha ser invertido por los consumidores en la obtención de la información suficiente para justificar la adquisición de un producto o servicio. Las marcas también permiten a las empresas introducir productos y servicios al mercado que se caracterizan por sus economías de escala y su comercialización a larga distancia en el flujo del comercio internacional. Así pues, las marcas benefician tanto a consumidores como a empresarios porque reducen los costos de adquisición de bienes y promueven el comercio más allá de las fronteras.

Ahora bien, cobra importancia recordar que si queremos como país promover el lanzamiento de innovadores productos o servicios debemos otorgar protección sobre nuevos tipos de marcas, tales como las de color, las tridimensionales, gestuales, olfativas, gustativas, de textura o táctiles, entre otros.

En definitiva, Chile todavía sigue al debe al no estar a la vanguardia en materia regulatoria de marcas comerciales, por lo que resulta clave que nuestro país se replantee la posibilidad de otorgar protección sobre este nuevo tipo de signos distintivos, ya que sin ellos se restringe el rol de los mismos en las campañas publicitarias de productos innovadores.

lunes, 4 de enero de 2010

Comparto con ustedes una carta que me publicaron hoy en el Mercurio junto a Sebastián Doren.

OCDE y piratería

Señor Director:

La Presidenta Bachelet firmará el 11 de enero de 2010 el acuerdo de acceso a la OCDE, con lo que Chile se constituirá en el segundo país de Latinoamérica en ser aceptado en esta prestigiosa organización.

Una de las preocupaciones de la OCDE dice relación con las externalidades negativas que la piratería (propiedad intelectual) genera sobre el comercio mundial, y más específicamente sobre las empresas, los gobiernos y los consumidores. En este sentido, cabe señalar que este mal hace rato ha adquirido una dimensión pública, y ya no es considerado solamente como un problema de observancia de derechos de algunos privados.

Según la OCDE, la piratería afecta no sólo a las empresas al disminuir el valor económico de sus marcas comerciales, sino que también tiene un profundo impacto sobre los gobiernos, al mermar sus ingresos tributarios y aumentar sus costos para combatir el comercio informal y el crimen organizado. Asimismo, este mal es una amenaza constante para los consumidores, quienes exponen su salud y patrimonio al adquirir productos falsos, principalmente de sectores como el farmacéutico, eléctrico y tabacalero.

Ahora bien, la OCDE también promueve la noción de Responsabilidad Social Empresarial, para que las empresas no solamente respondan por las necesidades de sus clientes y empleados, sino que también por otras preocupaciones públicas, tales como los efectos adversos que genera la piratería entre los consumidores en los distintos mercados.

En consecuencia, cabe argüir que la incorporación de Chile a la OCDE constituye no sólo una gran oportunidad para el Estado, sino que también para las empresas, las que al colaborar con el Gobierno en la lucha contra la piratería estarán a su vez promoviendo el mejoramiento cualitativo de su responsabilidad social empresarial.

Rafael Pastor Sebastián Doren