El gobierno ha anunciado la creación de una unidad especial de cumplimiento (UEC) de los resultados o impactos prioritarios en la agenda política del gobierno, como también de su adecuada entrega e implementación.
Si bien considero que debe aplaudirse cualquier esfuerzo orientado a vincular los programas de gobierno con el mejoramiento de la efectividad y calidad de las políticas públicas (PP) y los sistemas de provisión de bienes públicos (BP), no es menos cierto que esta iniciativa también posee algunos riesgos que creo importante destacar.
La UEC no sólo estarán orientada a asegurar la efectividad de las PP sino que también a monitorear la calidad y eficiencia de los proceso que conforman los mismos. En este sentido, cabe destacar que la UEC influirá verticalmente en la forma en que se implementan las PP, lo que a la larga podría generar tensiones con las direcciones intermedias de los diferentes ministerios y divisiones sectoriales, que requieren justamente mayor discrecionalidad y capacidad para gerenciar sus misiones institucionales y mandatos políticos.
Así pues, la UEC dentro de su lógica de resultados y calidad, podría verse inclinada a controlar y limitar esta discrecionalidad, materializando en una suerte de micro-gerencia política que obstaculice las operaciones de los directivos públicos intermedios en la generación productos y servicios que contribuyan efectivamente a la consolidación de los impactos o resultados valiosos que la agenda del ejecutivo les encargue.
Es sabido que la autonomía gerencial es una condición elemental para una mejor entrega de BP, y un mecanismo esencial para la rendición de cuentas (accountability), por lo que creo que si bien la UEC puede a la larga transformarse en un medio eficaz para lograr resultados e impactos valiosos, resulta fundamental que el mismo no sólo se oriente hacia esa concreción sino que también a la promoción y consolidación de mayor discrecionalidad y capacidad gerencial a lo largo de la base operacional del gobierno central y de nuestros gobiernos locales.
Si bien considero que debe aplaudirse cualquier esfuerzo orientado a vincular los programas de gobierno con el mejoramiento de la efectividad y calidad de las políticas públicas (PP) y los sistemas de provisión de bienes públicos (BP), no es menos cierto que esta iniciativa también posee algunos riesgos que creo importante destacar.
La UEC no sólo estarán orientada a asegurar la efectividad de las PP sino que también a monitorear la calidad y eficiencia de los proceso que conforman los mismos. En este sentido, cabe destacar que la UEC influirá verticalmente en la forma en que se implementan las PP, lo que a la larga podría generar tensiones con las direcciones intermedias de los diferentes ministerios y divisiones sectoriales, que requieren justamente mayor discrecionalidad y capacidad para gerenciar sus misiones institucionales y mandatos políticos.
Así pues, la UEC dentro de su lógica de resultados y calidad, podría verse inclinada a controlar y limitar esta discrecionalidad, materializando en una suerte de micro-gerencia política que obstaculice las operaciones de los directivos públicos intermedios en la generación productos y servicios que contribuyan efectivamente a la consolidación de los impactos o resultados valiosos que la agenda del ejecutivo les encargue.
Es sabido que la autonomía gerencial es una condición elemental para una mejor entrega de BP, y un mecanismo esencial para la rendición de cuentas (accountability), por lo que creo que si bien la UEC puede a la larga transformarse en un medio eficaz para lograr resultados e impactos valiosos, resulta fundamental que el mismo no sólo se oriente hacia esa concreción sino que también a la promoción y consolidación de mayor discrecionalidad y capacidad gerencial a lo largo de la base operacional del gobierno central y de nuestros gobiernos locales.
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