A propósito del artículo escrito por el Ministro Felipe Kast sobre la política de los desafíos sociales, me parece necesario traer a colación el concepto de co-producción en la generación de valor público.
Es sabido que en los sistemas de producción de bienes públicos y preferentes, los usuarios adquieren principalmente productos y servicios del estado mediante ciertos intercambios sociales y no económicos.
En este sentido, el usuario recibe algunas prestaciones estatales en la medida que ejecute determinadas conductas positivas o negativas, lo que implica en definitiva que la labor del usuario condiciona la producción del bien público o preferente de forma muy relevante. Sin la colaboración del usuario no será posible generar valor público. Un ejemplo de lo que vengo mencionando, son las transferencias directas que pudiesen recibir las familias usuarias de la política del ingreso ético familiar. Las mismas quedarían condicionadas al hecho que sus hijos se mantengan en el sistema escolar y que utilicen periódicamente el sistema de salud, o que el dueño de casa desempleado, se capacite mientras dure su cesantía y que realmente busque trabajo durante dicho periodo.
Lo anterior, nos permite concluir que si las divisiones, los departamentos o servicios que implementan las políticas sociales desean lograr sus resultados intermedios (productos y servicios de buena calidad) y finales (es decir generar valor público), deben reconocer el hecho que sin la adecuada contribución (co-producción) de sus usuarios lo anterior no será posible.
En consecuencia, el éxito o fracaso de la nueva política social del gobierno va estar muy ligada a la forma en que se optimice los procesos para obtener esta contribución o co-producción, y en los incentivos sociales y económicos que se utilicen para gatillar la misma, es decir, a una gestión de mucha calidad a nivel intermedio y en la base operacional, que es lo que más falta en el estado chileno.
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