Aprovechando la discusión que está concluyendo en el Congreso respecto al nuevo presupuesto nacional (PN), me parece importante recordar la relación que debe tener este vital proceso con la noción de transparencia activa, y más específicamente en su expresión más radical: datos abiertos.
Es sabido que hace unos años se le viene exigiendo mucho más a la elaboración y ejecución del PN, toda vez que ya no es tratado solamente como un instrumento contable-jurídico de control de insumos, sino también como la herramienta política más estratégica que posee el gobierno.
En efecto, el PN no solamente aspira a establecer los sectores, programas y cantidades a ser financiados en un ejercicio, sino que también en determinar la racionalidad (¿para que?) y el costo de los resultados buscados; es decir, el PN debe adjudicar fondos siempre vinculados a una finalidad estratégica como modificar productos o servicios gubernamentales (el volumen o calidad de los servicios públicos) o sus resultados finales (outcomes: impactos).
Debido a lo anterior y a las bondades de la Web 2.0, la transparencia activa va adquiriendo cada día más importancia para la gobernabilidad. Los ciudadanos ya no solamente le exige a los gobiernos el acceso de cierta información o datos, sino que además requieren que la misma sea liberada en un formato electrónico amigable (abierto) que disminuya los costos de transacción de su adquisición, y asegure la interoperabilidad entre distintas aplicaciones computacionales, como asimismo la posibilidad de reutilización los datos con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.
En este sentido, adoptar este tipo de transparencia activa online en relación con los datos que alimentan el proceso de elaboración y ejecución del PN, permitiría desarrollar formas o patrones distintos de analizar esta data, que pueden ser muy valiosos para los ciudadanos, usuarios, políticos y funcionarios públicos. Asimismo, la interoperabilidad de los datos abiertos presupuestales pueden también mejorar la eficiencia del gasto público en lo que dice relación con el financiamiento de mecanismos de coordinación intersectorial, y control de gestión en todas sus variantes.
En definitiva, si el gobierno actual opta por estos nuevos y más exigentes estándares de confianza y rendición de cuentas en el PN -especialmente en un contexto de reconstrucción nacional- se transformará en un proveedor de datos públicos que a larga no sólo alimentarán un mejor ciclo de políticas públicas, sino que además, promoverá una mejor gestión pública y mayores grados de gobernabilidad.
Rafael Pastor Besoain
Profesor Asistente
MGPP – Universidad de Chile
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