Concuerdo con lo señalado por el señor Moisés Sánchez en su carta publicada ayer, en el sentido que existe una retroalimentación entre la transparencia activa y pasiva. Sin embargo yo no abogo por la supresión de las políticas de transparencia pasiva, sino que por darle más importancia al desarrollo de una adecuada política de datos abiertos (expresión máxima de la transparencia activa). Con lo anterior, el Estado Chileno no sólo se estaría ahorrando muchos recursos, sino que estaría asegurando aún más el derecho humano que implica el acceso a la información pública y la libre circulación de las ideas, lo que sin dudas constituye una mayor y mas fluida contribución al proceso de generación de opinión pública, a la consolidación democrática participativa y a la generación de valor público.
Creo que la mejor forma de contribuir a este derecho humano la encontramos en la disminución de los costos de transacción de acceso a la información pública. Sin duda que una política de transparencia pasiva más una de datos abiertos contribuye mucho más a este fin, que solamente una política de transparencia pasiva y activa como la que tenemos hoy en Chile.
Los ciudadanos ya no solamente le exigen a los gobiernos el acceso de cierta información o datos sin intermediarios, sino que además requieren que la misma sea liberada en un formato electrónico amigable (abierto) que asegure la interoperabilidad entre distintas aplicaciones computacionales, como asimismo la posibilidad de reutilización los datos con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.
Demás esta decir que si en el año 2006 Chile hubiera tenido una política de datos abiertos, los señores Claude y Longton jamás hubiesen tenido que recurrir a tantas instancias burocráticas y legales en Chile, como tampoco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener un trascendente fallo a su favor, toda vez que simplemente hubiesen accedido a la información desde los computadores de sus oficinas.
Rafael Pastor
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