Si bien estoy de acuerdo con lo señalado por el Presidente Consejo para la Transparencia en su artículo de opinión publicado por su Diario el 16 de abril de 2011, quisiera sin embargo hacer algunos alcances al mismo.
Primero, la transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para facilitar la generación de más y mejor valor público. Es decir, transparencia a secas no implica valor público para nada.
Segundo, la transparencia sirve también como medio para asegurar que el ciclo de las políticas públicas y los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes sean alimentados con datos relevantes, fiables y precisos, y además que los mismos sean respaldado por sistemas de información adecuados, y utilizados con buenas prácticas de gestión del conocimiento.
Tercero, la transparencia en sí misma no detiene la corrupción, sino que implica un medio para incentivar mejor control político (vertical y horizontal), financiero y social sobre la función pública. De alguna forma es un subsidio para generar soluciones respecto al complejo problema de acción colectiva que implica controlar a los gobiernos de turno y a la burocracia.
Cuarto, el impacto generado por las políticas de transparencia debe ser medido, ya que la misma no es gratis. Implementar los esfuerzos para asegurar más transparencia pasiva son caros, y por ende resulta clave que la DIPRES u otro ente evaluador independiente, demuestre que los esfuerzos del Consejo para la Transparencia han sido efectivos para disminuir la corrupción y hacer más eficientes y efectivos a nuestro gobierno central, a los gobiernos locales y a las empresas públicas.
Quinto, considero que el foco debiese estar mucho más orientado a satisfacer los resultados en materia de transparencia activa con una política pública real de datos abiertos, antes que a meramente fiscalizar los insumos legalistas que demanda la transparencia pasiva. En la medida que tengamos más datos abiertos, las políticas de transparencia no solo contribuirán al respeto y cumplimiento del derecho ciudadano al acceso a la información, sino también a la generación de mejores políticas públicas sectoriales a un costo mucho más bajo.
Rafael Pastor
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