Diario Financiero
Lunes 12 de noviembre de 2012 | 05:00
Rafael Pastor
La situación de la propiedad intelectual a nivel mundial ha dado que hablar durante las últimas semanas. El pasado 18 de octubre, la fiscal general del Estado de Massachusetts, Martha Coakley, anunció medidas en contra de una empresa tailandesa procesadora de mariscos por el uso de software pirata en sus procesos productivos. En un acuerdo de conciliación, la compañía asiática reconoció esta práctica como comercial desleal y, de paso, puso en tela de juicio a su propio gobierno respecto de su eficacia fiscalizadora en materia de propiedad intelectual.
Lo que ocurre es que los legisladores de Estados Unidos tienen entre sus preocupaciones el fomentar las buenas prácticas comerciales de los fabricantes internacionales, en un esfuerzo por proteger su industria local y el empleo en un contexto de crisis económica que los afecta. Tanto a nivel estatal y federal, los funcionarios del gobierno están tomando medidas para garantizar que las importaciones sean realizadas por empresas que utilizan software legal en sus operaciones comerciales para que respeten la competencia leal y la ética mercantil.
Tan cierto es lo que venimos señalando que en junio de 2011 se aprobó en Washington una nueva legislación llamada The Stolen or Misappropriated Information Technology Law o Unfair Competition Act (UCA), que permite a empresas de ese país demandar a competidores que comercialicen productos manufacturados por distribuidores que utilicen programas con licencias de software ilegítimas. Otros estados de la unión, como California, Luisiana y Massachusetts han seguido esta misma senda fiscalizadora.
La normativa referida y, en general, las leyes de competencia desleal vigentes en Estados Unidos, buscan evitar que las diversas compañías obtengan ventajas ilegítimas al competir con empresas norteamericanas que utilizan software legal en sus procesos. La normativa es amplia y entiende el uso de TI ilegal no sólo en los productos finales llevados a Estados Unidos, sino que también a las operaciones comerciales de la empresa, como por ejemplo inventarios, contabilidad y logística.
Por lo anterior, es necesario advertir que nuestro país no está exento de que ocurra un caso similar al de Massachusetts y que una empresa chilena llegue a ser demandada en Estados Unidos, con evidentes repercusiones comerciales -y políticas- que ninguna nación desea. No se trata de una visión antojadiza. Al contrario, el riesgo existe desde el momento en que Chile sigue situado en la Priority Watch List (Lista de Observación Prioritaria) del USTR con 61% en la tasa de piratería, según el ranking elaborado por el propio gobierno norteamericano, y cuando la Asociación de Software estima que las pérdidas por concepto de piratería para el país en 2011 fueron del orden de US$ 382 millones.
En un mundo global, regulaciones como la comentada son herramientas efectivas que están en plena expansión. Tomando en cuenta esta realidad, se hace necesario en nuestro país asimilar la importancia de resguardar la propiedad intelectual como un factor que garantice tanto la competencia leal como como buenas prácticas en la gran mayoría de las empresas chilenas.
Lo que ocurre es que los legisladores de Estados Unidos tienen entre sus preocupaciones el fomentar las buenas prácticas comerciales de los fabricantes internacionales, en un esfuerzo por proteger su industria local y el empleo en un contexto de crisis económica que los afecta. Tanto a nivel estatal y federal, los funcionarios del gobierno están tomando medidas para garantizar que las importaciones sean realizadas por empresas que utilizan software legal en sus operaciones comerciales para que respeten la competencia leal y la ética mercantil.
Tan cierto es lo que venimos señalando que en junio de 2011 se aprobó en Washington una nueva legislación llamada The Stolen or Misappropriated Information Technology Law o Unfair Competition Act (UCA), que permite a empresas de ese país demandar a competidores que comercialicen productos manufacturados por distribuidores que utilicen programas con licencias de software ilegítimas. Otros estados de la unión, como California, Luisiana y Massachusetts han seguido esta misma senda fiscalizadora.
La normativa referida y, en general, las leyes de competencia desleal vigentes en Estados Unidos, buscan evitar que las diversas compañías obtengan ventajas ilegítimas al competir con empresas norteamericanas que utilizan software legal en sus procesos. La normativa es amplia y entiende el uso de TI ilegal no sólo en los productos finales llevados a Estados Unidos, sino que también a las operaciones comerciales de la empresa, como por ejemplo inventarios, contabilidad y logística.
Por lo anterior, es necesario advertir que nuestro país no está exento de que ocurra un caso similar al de Massachusetts y que una empresa chilena llegue a ser demandada en Estados Unidos, con evidentes repercusiones comerciales -y políticas- que ninguna nación desea. No se trata de una visión antojadiza. Al contrario, el riesgo existe desde el momento en que Chile sigue situado en la Priority Watch List (Lista de Observación Prioritaria) del USTR con 61% en la tasa de piratería, según el ranking elaborado por el propio gobierno norteamericano, y cuando la Asociación de Software estima que las pérdidas por concepto de piratería para el país en 2011 fueron del orden de US$ 382 millones.
En un mundo global, regulaciones como la comentada son herramientas efectivas que están en plena expansión. Tomando en cuenta esta realidad, se hace necesario en nuestro país asimilar la importancia de resguardar la propiedad intelectual como un factor que garantice tanto la competencia leal como como buenas prácticas en la gran mayoría de las empresas chilenas.
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