¿Un presupuesto para alcanzar el desarrollo?

Comparto con ustedes una muy buena columna de Hernán Cheyre en el Mercurio de hoy.

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HERNÁN CHEYRE

La forma en que el ministro de Hacienda anunció los contenidos básicos del proyecto de Ley de Presupuestos 2008 tuvo la particularidad de no sólo destacar el criterio de responsabilidad fiscal que lo enmarca, sino que además de haber contextualizado esta pieza clave de la política fiscal en el marco de una economía que se estaría encaminando a ingresar a la órbita de los países desarrollados hacia el año 2020.

Midiendo la responsabilidad fiscal como el apego al criterio de establecer un nivel de gasto público compatible con los ingresos fiscales de largo plazo -lo cual en la práctica implica ceñirse a la regla en vigencia de apuntar a un superávit estructural equivalente al 0,5% del PIB-, resulta claro que el proyecto presentado se enmarca en dicho criterio.

Sin embargo, una auténtica responsabilidad fiscal va mucho más allá de ello, no pudiendo ésta desentenderse de la necesaria contribución que debe hacer a la estabilidad de la economía. En este sentido, la propuesta de aumentar el gasto fiscal de 2008 en 8,9% -en un contexto en que el crecimiento del PIB difícilmente va a superar el 5%, observándose un paulatino agotamiento de la brecha de capacidad instalada disponible, y en una coyuntura en que el ritmo inflacionario amenaza con desbordar un cauce de normalidad que con tanto sacrificio se logró construir- parece excesiva.

¿Es posible compatibilizar ambas cosas? Sí, pero ello haría necesario aplicar los recursos fiscales con un criterio diferente.

Capacidad de crecimiento

En el contexto actual, sería prudente que la expansión de los gastos corrientes no superara la tasa de crecimiento potencial del PIB, estimada en torno a 5%. El resto de los recursos debería aplicarse en áreas que puedan contribuir a aumentar la capacidad de crecimiento de la economía. Esto incluye partidas y programas vinculados al fortalecimiento del capital físico y humano de nuestra economía, pero también a medidas que fomenten el emprendimiento. En este sentido, debería crearse también un espacio para reducciones de impuestos.

Otra arista del concepto de responsabilidad fiscal se refiere a la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Ante los casos conocidos de un uso indebido de los fondos, que se suman a los numerosos proyectos y programas en los cuales no se percibe que se esté cumpliendo con el objetivo trazado, resulta obvio que lo requerido es la puesta en marcha de otro tipo de mecanismos para controlar la eficiencia con que se están utilizando los fondos fiscales.

Burocracia paralizante

El discurso del ministro de Hacienda coincide con este planteamiento, pero en la forma de poner ello en práctica las buenas intenciones se diluyen en una burocracia paralizante.

No basta con plantear que el número de programas sometidos a evaluación va a aumentar, toda vez que la contraparte de los expertos contratados va a continuar siendo una repartición pública. Aquí lo que se requiere es traspasar al Congreso Nacional mayores facultades de fiscalización, dotando a la Comisión Mixta de un presupuesto para que pueda así contratar bajo su cuenta y responsabilidad a evaluadores independientes, y que estos resultados sean puestos a disposición de la ciudadanía. Iniciativas de este tipo, fundamentales para avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos y para mejorar las prácticas de rendición de cuentas, se echan de menos en el proyecto presentado.

Por último, un comentario respecto a la referencia hecha por el ministro de Hacienda en cuanto a que en el año 2020 Chile cruzaría el umbral del desarrollo. Al margen de que esa meta se hubiera podido cumplir antes de esa fecha si se hubiera aprovechado esta excepcional coyuntura para recuperar el potencial de crecimiento que traíamos, cabe hacer notar que no son los presupuestos fiscales expansivos los que conducen a esa meta.

Aquí se está confundiendo el impacto transitorio que el impulso fiscal le está dando al crecimiento de la economía con el potencial de expansión de largo plazo. Esto último no depende de la magnitud del presupuesto fiscal, sino que de la calidad del gasto, de los incentivos al emprendimiento, y de un marco favorable para el empleo y para la inversión.

Pero para esto no se requiere de por sí de más gasto público, sino que de mejores instituciones, y dentro de ello de un aparato estatal más eficiente. A no confundirse.