miércoles, 7 de noviembre de 2007

Comparto con ustedes una columna muy buena de Ronald Fischer


Instituciones versus intuición

Ronald Fischer

Centro de Economía Aplicada, Depto. de Ingeniería Industrial, U. de Chile
¿Qué tienen en común los problemas de EFE, la abandonada estación intermodal Quinta Normal (que costará varios millones de dólares, pese a no construirse) y otras obras en las que se malgastaron recursos públicos? En todos ellos, decisiones de carácter político prevalecieron sobre una evaluación correcta de su rentabilidad social.

No había que ser un genio para saber que la línea Victoria-Puerto Montt, a un costo de 40 millones de dólares, no produciría beneficios: para eso bastaba un cálculo de servilleta. Los pocos miles de pasajeros que pretendía transportar anualmente habrían podido hacerlo en unos pocos buses, a un costo decenas de veces menor.

Así y todo el proyecto fue aprobado por Mideplan, y se determinó que su rentabilidad social sería de un 10,1% (y no -100% como ocurrió en la realidad). Claramente ese número fue “amononado” por algún funcionario forzado a hacer aprobar el proyecto, pero que tuvo el mínimo de decencia de poner solo el mínimo necesario para aprobarlo. Así se perdieron US$ 40 millones.

En algunos casos, los errores fueron prevenidos: el Puente sobre el canal de Chacao nos habría costado bastante más que Victoria-Puerto Montt. En algún momento futuro el puente será necesario, pero dedicar tantos recursos cuando la demanda probable es baja, y el país aún no es suficientemente rico representa un mal uso de recursos.

La causa de estos problemas es la debilidad de nuestras instituciones para realizar los estudios de rentabilidad social. Es una función radicada en Mideplan, un ministerio m’as preocupado de otros temas: la pobreza o los derechos indígenas, y prefiere no desgastarse en defender evaluaciones de proyectos que le podrían significar conflictos con otros ministerios o con la presidencia.

El objetivo de nuestro sistema de evaluación no es elegir los proyectos de mayor rentabilidad social, sino establecer un límite mínimo (actualmente 10%) a los proyectos que pueden recibir financiamiento. Los proyectos que pasan esa valla son luego negociados entre los ministerios, al repartirse los recursos de inversión pública. La ventaja del sistema es que si las evaluaciones están bien hechas, se garantiza que no hay proyectos de mala calidad, pese a que no siempre sean los mejores proyectos posibles. Es un sistema que protege al Ministerio de Hacienda, especialmente de la Presidencia, que presiona por aprobar sus proyectos favoritos.

No es un sistema perfecto: es rígido y a veces no contabiliza todos los beneficios de un proyecto, en especial aquellos difíciles de medir con la vara económica. Pero los intentos de incorporar otros aspectos han debilitado el proceso, ya que se deben usar criterios subjetivos para valorar beneficios no cuantificables. Un presidente(a) puede pensar que él es mejor que un burócrata medio para decidir la conveniencia de un proyecto, ya que posee una visión global que no posee el funcionario. En algunos proyectos, esto puede ser válido. Pero como lo demuestra buena parte de los mil millones de dólares destinados a EFE, a menudo esto no ocurre y el Presidente, con toda su intuición y visión, comete errores que no habrían sucedido si la institucionalidad hubiera funcionado como debía.

Y por eso mi propuesta, que combina la intuición del líder con una defensa de la institucionalidad. Se trata de reforzar la evaluación de proyectos, haciéndola independiente del gobierno, subiendo los sueldos y la influencia de sus funcionarios. Pero este nuevo organismo no evaluaría todos los proyectos: un 10% del presupuesto cuadrienal de inversión pública estaría a disposición del Presidente para realizar Puentes sobre el Chacao, o una pirámide si así lo desease: serían los proyectos que marcarían su presidencia. Pero los demás proyectos, representando el restante 90% de la inversión pública, serían evaluados sin presiones.