MARIA de los Angeles Fernández y Eugenio Rivera, en una columna titulada "Un gobierno disociado", argumentan que en el gobierno existe una disociación entre sus políticas públicas (PP, buenas) y la política (mala), como asimismo, que dicho desacople estaría basado en una adhesión profunda del gobierno a la teoría de la elección social o pública.
No cabe duda que todos los gobiernos deben lidiar con el hecho de que el ciclo de las PP por lo general trasciende largamente el ciclo electoral, lo que genera incentivos perversos que se traducen en la materialización de PP que están muchas veces orientadas más al aseguramiento del apoyo electoral que a la concreción real de lo que la ciudadanía valora colectivamente en un determinado momento.
En efecto, esa realidad resulta ser una de las mayores aprensiones de la teoría de la elección pública o public choice, la cual desconfía de la administración pública para efectivamente proveer o implementar los mandatos que le exige el sistema político (los principales: ciudadanía y sus representantes), y más aun, recomienda una serie de mecanismos de control para disminuir el desvío y la demora burocrática (el agente: la administración pública). En definitiva, se aboga por una intervención mínima del Estado, porque se desconfía de la capacidad transformadora de las PP.
Sin perjuicio de ello, es curioso que se acuse a este gobierno de estar guiado por esta teoría, cuando lo que más confirma su actuar es justamente lo contrario y lo que estuvo ausente en los gobiernos de la Concertación, es decir, una gestión pública eficiente y efectiva. Basta recordar los resultados de varios casos de nefasta gestión pública en los años de la Concertación: Transantiago, Chiledeportes, MOP-Gate, o el jarrón chino de la Corfo, por mencionar algunos ejemplos.
En los gobiernos de la Concertación fuimos testigos de cómo la política y el diseño de las PP lograron imponerse y lo que reinó fue el descuido de la implementación de las mismas y una escuálida cultura de responsabilización (accountability), lo que, a su vez, trajo altos costos financieros y rendimientos decrecientes en lo que a impactos se refiere.
El gobierno actual, en cambio, está en una constante búsqueda para lograr la entrega de impactos que no son por ningún motivo ideológicamente neutros, y más bien son políticamente estratégicos, porque representan lo que una nueva mayoría considera valioso. Estamos viviendo justamente la reivindicación cotidiana de lo más importante: una gestión pública orientada a los resultados.
Políticas como el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, el posnatal, la eliminación del 7% de los jubilados, la reforma educacional y el ingreso ético familiar son ejemplos de PP que no parecen estar inspiradas en la teoría de la elección pública, y son más bien signos de confianza en la capacidad transformadora del Estado que la Concertación no tuvo siempre en el pasado.
Los argumentos de Fernández y Rivera no se sostienen, ya que este gobierno claramente no desprecia a la política ni tampoco a la función pública, todo lo contrario.
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