Estado Modesto, Posburocrático y Relacional

El movimiento estudiantil ha logrado este año posicionar en el debate público una supuesta imperiosa necesidad de expandir el rol del estado para disminuir la desigualdad reinante en Chile.

Sin lugar a dudas esta reivindicación estudiantil ha abierto una ventana de oportunidad para debatir nuevamente sobre que tipo de estado queremos construir para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Una mirada simplista encausaría este debate dentro de la anticuada dicotomía mercado versus estado, mientras que una más perspicaz lo haría en un plano que trasciende esta bipolaridad, y que se basa principalmente en el reconocimiento que tanto el estado como el mercado no pueden solucionar de forma insular los complejos problemas públicos que aquejan actualmente a la sociedad.

Ya en los años ochenta Michel Crozier reconocía esta realidad al recomendar que los políticos y la administración pública desde el estado benefactor debieran abandonar su megalomanía y volverse modestos, no en el sentido de renunciar a su vocación pública, sino que de realmente reconocer la imposibilidad estatal de solucionarlo todo. En este sentido, Crozier nos recuerda que no es el estado el único llamado a hacerse cargo de los problemas públicos, y que por ende existe una relación de corresponsabilidad entre la sociedad y el estado, que es clave tener presente al momento de desarrollar políticas públicas.

En esta misma línea, Luiz Carlos Bresser Pereira en los años noventa diferenciaba lo público de lo estatal, por lo que recomendaba que una serie de bienes socialmente preferentes fueran financiados por el estado pero producidos directamente por la ciudadanía desde una esfera que él denominó como “lo público no estatal”. Esta esfera de democracia participativa y de fortalecimiento de derechos sociales fue bautizada por este autor como el fenómeno de la publicización en contraposición al de la privatización de ciertos bienes y servicios estatales. Esta recomendación esta muy en línea con lo que propone Cameron con The Big Society.

Asimismo, el modelo posburocrático fue forjado en base a la recomendación que la administración pública debe dejar de lado la noción autárquica y paternalista de interés público para definir y producir conjuntamente con los ciudadanos la noción emergente y contingente de valor público.

Ahora bien, los rendimientos decrecientes del estado benefactor europeo y las falencias del sistema capitalista son evidencias potentes de que necesitamos configurar un estado distinto. Uno que no solamente reconozca las relaciones de corresponsabilidad existentes entre la sociedad, el mercado y el estado, sino que uno que este dispuesto a adquirir nuevas capacidades estatales para gestionar esta corresponsabilidad de forma transparente, eficiente y efectiva.

En definitiva, problemas como los de nuestro sistema de educación parecieran necesitar mucho más de un estado con un rol cualitativamente más modesto, posburocrático y relacional, que de uno con un rol cuantitativamente más voluntarista, expansivo e interventor.

La Hora de la Implementación (el "como" por sobre el "que") La Segunda 16.11.2011

Link en la segunda.

La Hora de la Implementación (el “como” por sobre el “que”)

El gobierno de Sebastián Piñera ha intentado desde sus inicios la concreción de ciertos resultados públicos, para lo cual ha impuesto un sentido de urgencia que trasunte la administración pública para efectos de hacer más eficiente y eficaz el ciclo de las políticas públicas, como también mejorar los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes.

Ahora bien, no cabe duda que los problemas públicos que enfrentan los gobiernos son cada día más complejos y por ende requieren de soluciones (productos y servicios) que exigen insumos cuyo origen es mucho más horizontal e intersectorial que en el pasado. Políticas como el ingreso ético familiar, el posnatal y la reforma educacional son buenos ejemplos de esta realidad.

Lamentablemente existe una tendencia entre los políticos y expertos en conceptualizar el ciclo de la política pública como un proceso lineal y secuencial formado por etapas claras y distintas. Ahora bien, la realidad nos muestra que las políticas públicas no se encuadran exactamente dentro de esta clasificación, y son más bien un proceso iterativo, “poco claro” y sin reales divisiones, vale decir, se trata de un proceso caracterizado por un flujo constante de toma de decisiones, asimetrías de información, costos de transacción , instancias de veto, y negociaciones de poder.

Asimismo, debe tenerse presente que los políticos, legisladores y muchos expertos tienden a darle más importancia al diseño y evaluación de las políticas públicas (el “que”) que a su implementación (el “como”). Contrario a lo que pasa en el sector privado, las personas más calificadas en el sector público por lo general prefieren estar en el diseño o la evaluación de las políticas públicas que ser parte del engorroso proceso de su implementación.

En este sentido, si el gobierno desea realmente lograr los resultados que se ha propuesto, debe tener presente esta realidad y poner toda su energía en lo que le queda de gobierno para mejorar la gestión e implementación de sus políticas lo que en definitiva implica abocarse más al rigor del “como” que al glamour del “que”.

Si no se cambia el enfoque hacia mejorar efectivamente la capacidad operacional del gobierno central y su coordinación intersectorial con los diversos servicios públicos y los gobiernos regionales y locales, los resultados esperados por el gobierno no se van a cumplir, ya que el mismo sucumbirá en la complejidad de la acción conjunta que implica la implementación de políticas públicas.

Bello Encapuchado

Señor Director:

En su columna publicada el pasado jueves, Cristián Warnken hace un ejercicio justificado pero arbitrario al recurrir a argumentos infundados. Nos recuerda algo que la mayoría de lo chilenos compartimos (la importante misión que la Universidad de Chile (UCH) posee para nuestra República), pero acusa infundadamente al Presidente Sebastián Piñera de ningunear y abandonar a la UCH, por no mostrar hacia la misma un “genuino afecto y compromiso”, ya que los recursos propuestos por el gobierno en el presupuesto para el próximo ciclo fiscal no estarían a la altura de la institución.

No comparto para nada las aseveraciones que Warken le imputa al Sebastián Piñera, toda vez que en la actualidad la UCH es la institución universitaria que recibe mayores ingresos fiscales, sin necesariamente albergar a los estudiantes más vulnerables del país que constituyen la esencia del movimiento estudiantil.

Infiero por tanto que Cristián habla sin tener en cuenta que la UCH sí recibe un trato privilegiado con respecto a las otras 15 instituciones universitarias estatales y cobija a la alumnos que reciben la mejor educación en Chile. Según datos del Ministerio de Educación, durante 2010 la Universidad de Chile obtuvo por parte del Estado 35 mil millones de pesos (sumando AFD, AFI, becas, fondos de retiro y fondos concursables), cifra que alcanza casi el 40% de los gastos operacionales de la institución. De esta forma, la Universidad de Chile triplica los recursos percibidos por la USACH, que es la segunda universidad que más dineros fiscales recibe. Asimismo, en su columna Warnken omite, entre otras cosas, que el gobierno tiene contemplado crear un Fondo de Fortalecimiento de las Universidades Públicas, que inyectará de forma inédita un total de US$ 77 millones en un plazo de cinco años.

En ese sentido, me parece antojadizo acusar al Presidente Piñera de estar cometiendo un “crimen de Estado” por no entregar más recursos a la Universidad de Chile, cuando los datos demuestran todo lo contrario.

Todos reconocemos el hecho que la UCH ha sido cuna de grandes líderes y es un factor clave en el desarrollo de nuestro País. Sin embargo, el gobierno de forma adecuada está ahora focalizando sus políticas en los estudiantes que no provienen de las élites. Más allá de los montos de dinero involucrados, lo fundamental de la propuesta del Gobierno en materia de educación, es su objetivo de avanzar hacia mejores estándares de calidad, teniendo presente en todo momento que la educación es –en todos sus niveles, y especialmente la que se entrega en los primeras etapas- el gran instrumento para lograr la igualdad de oportunidades que exige a gritos la sociedad chilena.

En definitiva, lo que el Gobierno (y por ende el Presidente Piñera) busca es que en las próximas décadas el nuevo acervo económico, social y cultural de Chile (los nuevos Parra, Maturana, Varela y Góngora) no provenga exclusiva y principalmente de la elite chilena que cobija la UCH, sino también de diversos rincones del país donde encontramos Universidades regionales, privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Rafael Pastor Besoain
Profesor Escuela de Gobierno y Gestión Pública
Universidad de Chile

Ingreso Ético Familiar

Señor Director:

A propósito de la firma del proyecto de ley sobre el Ingreso Ético Familiar (IEF), me parece necesario traer a colación el concepto de coproducción en la generación del impacto de eliminar la pobreza extrema.

Es sabido que en la implementación de políticas sociales y en los sistemas de producción de bienes preferentes, los usuarios adquieren principalmente productos y servicios del Estado mediante ciertos intercambios sociales y no económicos. En este sentido, el usuario recibe algunas prestaciones estatales en la medida que ejecute determinadas conductas positivas o negativas, lo que implica en definitiva que la labor del usuario condiciona la producción del bien preferente de forma muy relevante. Sin la colaboración del usuario no será posible eliminar las incapacidades de la pobreza extrema.

Las transferencias directas que van a recibir las familias usuarias del IEF son un claro ejemplo de lo que venimos mencionando. Las mismas quedarían condicionadas al hecho de que sus hijos se mantengan en el sistema escolar y que utilicen periódicamente el sistema de salud, o que el dueño de casa desempleado se capacite mientras dure su cesantía y que realmente busque trabajo durante dicho periodo. Lo anterior nos permite concluir que si las divisiones, los departamentos o servicios que implementan las políticas sociales desean lograr sus resultados intermedios (productos y servicios de buena calidad) y finales (impactos), deben reconocer el hecho de que sin la adecuada contribución (coproducción) de sus usuarios lo anterior no será posible.

En consecuencia, el éxito o fracaso del IEF va estar muy ligado a la forma en que se optimice los procesos para obtener esta contribución o coproducción, y en los incentivos que se utilicen para gatillar la misma; es decir, la implementación de esta política va a requerir una gestión pública de mucha calidad a nivel intermedio y en la base operacional del Estado, como asimismo de mucha coordinación intersectorial que permita generar colaboración real y efectiva entre distintos ministerios, y entre el gobierno central y los gobiernos locales.

Desgraciadamente, lo anterior es lo que menos tiene el Estado chileno, por lo que espero que el Gobierno no olvide que el éxito del IEF va a depender mucho más de las relaciones que sustente la burocracia de ventanilla con los usuarios de esta política, que de la actitud prospectiva de los diseñadores de la misma.

Rafael Pastor Besoain

La Paradoja de Elegir en Democracia

En su libro La Paradoja de Elegir Porque Menos es Más (The Paradox of Choice Why Less is More), Barry Schwartz pone en tela de juicio uno de los pilares argumentativos fundamentales de la teoría económica. La proposición criticada es muy simple y lógica: mientras más alternativas de elección existan en el mercado mayor será el bienestar individual del agente económico ya que su toma de decisión siempre será más óptima. Es decir mientras más posibilidades hayan de elegir, mayor será el bienestar y satisfacción de los agentes económicos. Habría entonces según la teoría económica un relación directa entre el aumento cuantitativo de las posibilidades de elegir de las personas y su calidad de vida.

Ahora bien, Schwartz concluye que esta proposición no se confirma cuando se supera un cierto umbral donde las alternativas de elección aumentan considerablemente. La paradoja de elegir nos muestra que en muchos casos cuando las alternativas de elección se expanden lo que en definitiva se genera es más bien insatisfacción (infelicidad) en los individuos, quienes enfrentados a una toma de decisión con demasiadas opciones de solución tienden a caer presos de un desencantado y depresivo inmovilismo o parálisis que afecta la administración de su libertad de elegir e incentiva el abandono de la supuesta proactividad virtuosa que la amplitud de elección cobija.

Por otro lado, es sabido que las democracias más consolidadas poseen diseños institucionales que buscan justamente la consolidación de gobiernos de coalición, puesto que los mismos ofrecen mayor estabilidad a los sistemas políticos y permiten que los mismos formulen políticas públicas más coherentes y adaptables en el tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, estos arreglos institucionales tienden a limitar la oferta política a básicamente dos coaliciones, lo que naturalmente implica un número muy bajo de alternativas de elección para los ciudadanos. Esta opción también ha contribuido a restarle prestigio y legitimidad a la política, ya que la ciudadanía siente que no hay suficiente competencia en la oferta electoral y los partidos se encuentran divorciados de los problemas reales de la gente. Esto también ha contribuido a la merma constante y permanente de la participación ciudadana en elecciones periódicas.

En este sentido, si contrastamos la paradoja de elegir de Schwartz con elecciones políticas de democracias avanzadas, podemos verificar que su proposición no se confirma del todo, ya que el menor número de alternativas de elección democrática no estaría generando una mayor participación electoral de la ciudadana sino que todo lo contrario. A menor oferta política nos encontramos con más inmovilismo y mayor desafección política, como también con un creciente malestar ciudadano.
Queda entonces el reto de contestar la pregunta que nos arroja la paradoja de elegir en la campo de la política: ¿Cual es la cantidad adecuada de alternativas de elección que debe primar en el sistema político para generar mayor bienestar?

La respuesta no parece ser para nada evidente.

Movimientos Sociales y Modernización del Estado

El movimiento estudiantil y otros sectores le exigen una intervención cada vez mayor al estado dentro de la economía y la sociedad para efectos de mejorar los productos y servicios que generan los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes, como asimismo asegurar la concreción de ciertos impactos en la ciudadanía.

Sin embargo no veo a nadie realmente preocupado en el debate público actual sobre el proceso de modernización del estado chileno, que resulta ser una condición sine qua non para que estas exigencias se materialicen. Debemos de una vez por todas concluir nuestra transición desde un estado burocrático a uno posburocrático y entender que la misma será presupuestalmente muy onerosa pero necesaria.

Esta transición al paradigma posburocrático implica que nuestro país consolide de una vez por todas un verdadero servicio civil, que sea gestionado para que la noción de rendimiento se incorpore a la ética pública de todos los funcionarios del estado, y no sólo sus directivos de nivel primario y secundario.

En definitiva, las exigencias de la ciudadanía requieren lo que Allen Schick acuño como El Estado que Rinde; es decir, un estado más flexible y orientado a la provisión de productos y servicios que gatillan estratégicamente impactos políticos o resultados finales que son valorados colectivamente, más que al cumplimiento rígido de insumos legales o reglamentos anticuados, o a la perpetuación de servicios y organismos públicos insulares y descoordinados.

Los políticos y los ciudadanos deben tener esto presente. Sin un estado que rinde a nivel central, regional y local, no habrá mejor educación y calidad de vida para la mayoría, tampoco más legitimidad para el sistema político.

Ver versión en el mercurio.

¿Voto Voluntario?

Señor Director:

En vez de voto voluntario e inscripción automática creo que hubiese sido más recomendable para Chile haber optado por un sistema de inscripción automática, voto obligatorio y desinscripción voluntaria.

Esta opción impondría un deber o carga al ciudadano insatisfecho que desea desafiliarse del sistema político sin afectar la libertad que cobija su derecho a participar nuevamente en una elección en el futuro mediante una nueva inscripción.

Además disminuye el sesgo de clase que arrojan los guarismos de las elecciones con voto voluntario, como asimismo genera un incentivo para mejorar cuantitativamente la participación ciudadana que el voto voluntario suele afectar negativamente.

También es efectivo para mejorar la falta de representatividad del sistema político, puesto que condiciona a que en definitiva vote todo tipo de ciudadanos, no sólo los más pudientes.

En este sentido, discrepo de lo señalado por la senadora Ena von Baer, quien ha manifestado que la más efectiva solución al problema de la falta de legitimidad del sistema político reside simplemente en implementar el voto voluntario y la inscripción automática.

Rafael Pastor Besoaín

Me hago cargo de la argumentación de Carolina Tohá

De acuerdo a lo planteado por Carolina Tohá en su artículo El Lucro sí importa, la existencia del lucro en la provisión de bienes educacionales incide negativamente en su dimensión de calidad y equidad.

Discrepo de esta postura puesto que descarta por completo que la competencia (impulsada por el lucro) puede ser un mecanismo muy efectivo de control de la gestión de los servicios o bienes educacionales. La postura de Tohá desprecia profundamente la libertad de las personas y su capacidad para autodeterminar su futuro mediante la discrecionalidad. En efecto, existe evidencia conclusiva en la literatura económica (J. LeGrand) y en la de filosofía política (A. Sen) en el sentido de confirmar que la libertad de elección de los usuarios de sistemas públicos de provisión de bienes preferentes (como el de educación) puede ser un mecanismo muy eficaz para asegurar tanto la equidad como la eficiencia.

Es más, la libertad de elección ha sido considerada como algo intrínsecamente deseable por gobiernos de centro izquierda como el de Tony Blair. En el Reino Unido se optó por la libertad de elección de los usuarios como mecanismo de control porque la misma promueve tanto la equidad mediante el aumento de oportunidades para los más vulnerables, como también genera incentivos correctivos para los proveedores de servicios educacionales, quienes en definitiva optan por ofrecer servicios de mejor calidad y con mayor capacidad de respuesta, para efectos de evitar que sus usuarios o clientes emigren a otros establecimientos educacionales y dejar de recibir insumos financieros como consecuencia de dicha emigración. En este sentido, en el Reino Unido se optó por restringir la discrecionalidad de los proveedores de la educación más no de sus usuarios.

Obviamente que el mercado de la educación tiene su propia especificidad y posee asimetrías de información que generan fallas. Sin embargo, cobra importancia reconocer que solamente garantizaremos la calidad de educación en la medida que junto con el lucro, la competencia y la libertad de elección, seamos capaces de asegurar que los más desposeídos puedan en definitiva acceder a información fidedigna para efectos de sustentar adecuadamente sus elecciones dentro de un contexto de competencia real donde el espacio para la segmentación arbitraria en la educación por el lado de la oferta se encuentre reducida al máximo.

Nadie puede desconocer que todos las propuestas que ha ofrecido el gobierno buscan asegurar la calidad de la educación y la equidad en su acceso, como asimismo aminorar las fallas del mercado de la educación. Por lo que aceptar el lucro y recurrir a la competencia y la libertad de elegir de los ciudadanos no implica para nada renunciar a una educación mejor, sino que todo lo contrario.

Rafael Pastor Besoain

Comparto con ustedes una carta que me publicaron hoy en la tercera.

Una Solución más que un problema

En su influyente trabajo seminal Agendas, Alternativas y Políticas Públicas, el académico John Kingdon concluye que en el mundo público son mayoritariamente las soluciones las que buscan a los problemas y no al revés, como comúnmente se suele creer desde una perspectiva de formulación o diseño de políticas públicas más racionalista.

Lo anterior se confirma principalmente por el hecho que estas soluciones no son generadas desde un inicio para resolver necesariamente un problema determinado, sino que más bien flotan bajo el alero de las comunidades de especialistas (actores ocultos) en búsqueda de problemas y son entendidas mejor como procesos muy similares a los de selección natural biológicos. Es decir, todos ellas flotan competitivamente y se encuentran constantemente siendo combinadas y rearticuladas, como nuevas versiones alternativas a problemas que de un momento a otro ganan espacio en la agenda.

En definitiva, las decisores de política pública son tomadas en base a las alternativas de solución previamente existentes que son colocados en la agenda como consecuencia de una crisis o evento político (como un cambio de gabinete), para hacerse cargo de una situación factual que efectivamente ha sido identificada y explícitamente enunciada como un problema público que requiere ser solucionado.

En este sentido, al nuevo Ministro de Educación Felipe Bulnes se le viene encima la compleja labor de negociar que la solución elegida por el gobierno (Gran Acuerdo para la Educación - GANE) logre en definitiva ser enganchada con éxito con el problema publico de la educación superior.

Ahora bien esta posibilidad parece baja si el gobierno no toma una postura clara respecto al tema del lucro. El Ministro Bulnes debe salir a promover el GANE a la ciudadanía, al sistema político y a los grupos de interés, con mucha fuerza y convicción. Debe representar con claridad que el lucro es un medio legítimo para incentivar los emprendimientos educacionales superiores, como asimismo que la competencia que ella genera puede servir como un mecanismo efectivo de control de gestión no solamente para la fría burocracia del gobierno central, sino que principalmente para cada ciudadano que desde su atenta e interesada libertad de elección castigará a las universidades mediocres.

Lo anterior debe ir obviamente acompañado con la promesa que incluye el GANE de crear y desarrollar una Superintendencia de Educación Superior realmente empoderada y autónoma desde el punto de vista financiero y administrativo, que sea capaz de darle más transparencia al sistema de educación superior y corrija sus asimetrías de información y las arbitrariedades existentes en el acceso al financiamiento de las carreras.

Sin esta actitud creo que Bulnes simplemente se verá obligado a extraer por completo la palabra lucro del GANE, lo que en definitiva implicaría una derrota importante para el gobierno.

La Tragedia de la Política

Max Weber en su conferencia llamada La Política como Profesión destaca que existen tres cualidades decisivas en un político. Primero una ardiente pasión por las convicciones propias (ética de la convicción), segundo un sentido de responsabilidad (ética de la responsabilidad), y tercero una fría seguridad interna. Es decir, un buen político debe poseer la habilidad de combinar esta pasión ardiente con la fría seguridad en una racionalidad maduramente reflexionada que valora tanto los medios (instrumentos) como los fines ideológicos que conducen al éxito político.

Traigo a Weber a colación como consecuencia de la columna publicada por Ernesto Aguila (Ocaso de la República Binominal), en la que culpa a las instituciones electorales chilenas por el fracaso en la canalización de demandas sociales.

En efecto, si bien su argumento no deja de estar bien fundado, no es menos cierto que el mismo omite por completo la falta de voluntad política de la oposición para ponerse a disposición de la solución de los problemas y no en la vereda de la exacerbación del conflicto con fines electorales.

La responsabilidad de los actores políticos respecto del cuidado de las instituciones y su mantención en el tiempo es muy distinta en la centro derecha que en la centro izquierda. Mientras los gobiernos de la Concertación tuvieron problemas la centro derecha ejerció la democracia de los acuerdos y salió al amparo del Gobierno de Ricardo Lagos para generar el nuevo trato después del escándalo Mop-Gate, como también permitió a la DC participar en las elecciones del año 2002 a pesar de haber inscrito a sus candidatos fuera de plazo. Esta actitud de la centro derecha claramente fue guiada por una ética de la responsabilidad.

Sin embargo ahora, la concertación cae presa de una ética de la convicción radicada en su ala más izquierdista, lo que la ha llevado principalmente a exacerbar el conflicto, a diferencia de sólo algunos actores DC que sí han manifestado su voluntad de dialogar. El conflicto social, entonces, se explica en parte, por las instituciones electorales. Pero más relevante aún es la responsabilidad con que actúan los agentes políticos. La Concertación, en este ámbito, no ha estado a la altura y su asociación con el PC la ha convertido en un conglomerado ambiguo, sin agenda e imprevisible.

En consecuencia, parece razonable reconocer que la concertación y sus líderes se encuentran entrampados irresponsablemente en sólo una antípoda de lo que Weber llamo la tragedia de la política: aquella feroz tensión existente entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

Rafael Pastor
Profesor
Escuela de Gobierno y Gestión Pública
Universidad de Chile

PCT e Innovación

Si bien estoy de acuerdo con lo planteado por el abogado Juan Pablo Silva en su articulo sobre el PCT, creo que el mismo omite un par de puntos muy importantes a tener presente respecto a este tratado.

En primero término, el PCT le otorga al inventor un plazo de 30 meses (18 meses vía PCT y 12 meses vía prioridad del Convenio de París) para entrar a fase nacional en todos los países miembros de este tratado. En este sentido el inventor goza de una ventaja estratégica muy grande, que se traduce básicamente en la posibilidad de fijar internacionalmente la descripción del estado de la técnica o arte previo respecto a la novedad y nivel inventivo de una determinada invención en todos los países miembros del PCT por 30 meses.

En segundo lugar, esta ventaja estratégica a su vez genera incertidumbre local entre los potenciales usuarios de la invención en cada país miembro del PCT, toda vez que ellos pueden verse obligados a esperar hasta 30 meses para efectos de confirmar si efectivamente el titular de la invención en fase internacional decide entrar a fase nacional en su país y con ello evitar que su invención pase al dominio público localmente. Esta opción sin dudas genera un desincentivo al uso local de la invención solicitada en fase internacional dentro de dicho plazo y a la posibilidad de que se le aplique ingeniería inversa a dicha tecnología de forma endógena para crear nuevas aplicaciones o cambios graduales innovadores respecto a la misma.

En consecuencia, cabe concluir que el PCT es un buen vehículo para exportar invenciones nacionales vía el sistema de patentes, pero a su vez puede desincentivar el mejoramiento de la capacidad de nuestra economía para generar productos y procesos innovadores y profundizar aún más el déficit de nuestra balanza de conocimiemto con los países desarrollados.

Rafael Pastor
Abogado
Baker & McKenzie

Estridencia y Variedades Vegetales

Resulta insoportable escuchar los reclamos de ciertos grupos de interés respecto a los supuestos perjuicios que la reciente aprobación en el Congreso del proyecto de acuerdo que incorpora a nuestro país al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de fecha 19 de marzo de 1991 (UPOV 1991).

En efecto, este clamor estridente desconoce por completo que Chile es miembro de la versión anterior de UPOV (1978) desde el año 1996, por lo que la propiedad sobre variedades vegetales (VV) existe en nuestro país no sólo desde ésa época sino antes (Ley N° 1764 de 1977 que Fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semuillas), y por ende no resulta para nada algo novedoso ni pernicioso desde un punto de vista económico o legal, y más bien constituye un medio clave para el desarrollo de la innovación agrícola y forestal.

La accesión de Chile a la versión de UPOV 1991, responde básicamente al cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por nuestro país durante los gobiernos de la Concertación, y más específicamente, mediante la firma y ratificación del Acuerdo de Libre Comercio firmado con el EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

Más aún, al acceder a UPOV 1991, Chile adquirió la obligación de modificar su legislación interna sobre Variedades Vegetales para actualizarla al estándar exigido por este Tratado Internacional. En este sentido cobra importancia recordar que el gobierno de Michelle Bachelet presentó el 2009 un proyecto de ley que busca derogar y actualizar la ley Nº 19.342 sobre VV, para efectos de no incumplir las obligaciones internacionales contraídas por Chile en esta materia.

Este proyecto de ley, que se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, establece con claridad en su artículo 1 inciso tercero, que la protección sobre VV se concederá salvaguardando y respetando, tanto el patrimonio biológico y genético, como los conocimientos tradicionales nacionales, y además se asegura que el otorgamiento de derechos sobre VV que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Además, este proyecto de ley también incluye el otorgamiento de licencias no voluntarias en casos en que el titular de la VV protegida haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en la utilización o explotación de la respectiva variedad, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En consecuencia, considero que las acusaciones esgrimidas en contra de la accesión de Chile a UPOV 1991, en el sentido que la misma favorece los intereses de transnacionales como Monsanto, y que implica tanto una transgresión a derechos humanos colectivos, como asimismo, un atentado a los conocimientos tradicionales y a la seguridad alimentaria de nuestro país, no poseen fundamento alguno y corresponden más bien un esfuerzo por generar confusión entre la ciudadanía y el sistema político.

Rafael Pastor

Acuerdos de Vida en Común: una gran oportunidad para la centro derecha

El proyecto de Ley que regula los Acuerdos de Vida en Común (AVC), es una gran oportunidad para Chile, ya que permitirá a los ciudadanos diferenciar una centro derecha que busca conservar sus convicciones sin aceptar la legitimidad de los riesgos saludables que implica el debate público, de otra que, liderada por políticos como Andrés Allamand, no castiga la diferencia y valora la posibilidad de debatir la viabilidad de ciertos cambios legales, al margen de si sus convicciones están o no 100% alineados con los mismos. El proceso en sí mismo es visto como una oportunidad más que una amenaza.

En este sentido, me parece pertinente traer a colación la siguiente argumentación que Isaiah Berlin estableció en su libro Cuatro Ensayos sobre la Libertad:

"Reconocer la validez relativa de nuestras convicciones, dijo un admirable escritor de nuestros tiempos, pero sin embargo defenderlas resueltamente, es lo que diferencian un hombre civilizado de un bárbaro. Exigir más puede ser tal vez una profunda e incurable necesidad metafísica; sin embargo permitir que la misma determina nuestro accionar es un síntoma de una igualmente y más peligrosa inmadurez moral y política".

En consecuencia, y con la venia de Berlin, declaro entender la necesidad metafísica de una derecha más conservadora, pero me quedo con la madurez moral y política de la centro derecha que Andrés Allamand viene liderando hace muchos años.

Rafael Pastor

¿Public Choice?

MARIA de los Angeles Fernández y Eugenio Rivera, en una columna titulada "Un gobierno disociado", argumentan que en el gobierno existe una disociación entre sus políticas públicas (PP, buenas) y la política (mala), como asimismo, que dicho desacople estaría basado en una adhesión profunda del gobierno a la teoría de la elección social o pública.

No cabe duda que todos los gobiernos deben lidiar con el hecho de que el ciclo de las PP por lo general trasciende largamente el ciclo electoral, lo que genera incentivos perversos que se traducen en la materialización de PP que están muchas veces orientadas más al aseguramiento del apoyo electoral que a la concreción real de lo que la ciudadanía valora colectivamente en un determinado momento.

En efecto, esa realidad resulta ser una de las mayores aprensiones de la teoría de la elección pública o public choice, la cual desconfía de la administración pública para efectivamente proveer o implementar los mandatos que le exige el sistema político (los principales: ciudadanía y sus representantes), y más aun, recomienda una serie de mecanismos de control para disminuir el desvío y la demora burocrática (el agente: la administración pública). En definitiva, se aboga por una intervención mínima del Estado, porque se desconfía de la capacidad transformadora de las PP.

Sin perjuicio de ello, es curioso que se acuse a este gobierno de estar guiado por esta teoría, cuando lo que más confirma su actuar es justamente lo contrario y lo que estuvo ausente en los gobiernos de la Concertación, es decir, una gestión pública eficiente y efectiva. Basta recordar los resultados de varios casos de nefasta gestión pública en los años de la Concertación: Transantiago, Chiledeportes, MOP-Gate, o el jarrón chino de la Corfo, por mencionar algunos ejemplos.

En los gobiernos de la Concertación fuimos testigos de cómo la política y el diseño de las PP lograron imponerse y lo que reinó fue el descuido de la implementación de las mismas y una escuálida cultura de responsabilización (accountability), lo que, a su vez, trajo altos costos financieros y rendimientos decrecientes en lo que a impactos se refiere.

El gobierno actual, en cambio, está en una constante búsqueda para lograr la entrega de impactos que no son por ningún motivo ideológicamente neutros, y más bien son políticamente estratégicos, porque representan lo que una nueva mayoría considera valioso. Estamos viviendo justamente la reivindicación cotidiana de lo más importante: una gestión pública orientada a los resultados.

Políticas como el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, el posnatal, la eliminación del 7% de los jubilados, la reforma educacional y el ingreso ético familiar son ejemplos de PP que no parecen estar inspiradas en la teoría de la elección pública, y son más bien signos de confianza en la capacidad transformadora del Estado que la Concertación no tuvo siempre en el pasado.

Los argumentos de Fernández y Rivera no se sostienen, ya que este gobierno claramente no desprecia a la política ni tampoco a la función pública, todo lo contrario.

Regulación de biogenéricos

Las supuestas externalidades positivas que los biogenéricos podrían generar en el sentido de disminuir los precios de algunas terapias muy onerosas, resulta ser un argumento muy atractivo, especialmente en un contexto en que muchos gobiernos están lidiando con grandes déficits presupuestarios.

Sin perjuicio de lo anterior, los biogenéricos no deben ser regulados de la misma manera que las productos farmacéuticos genéricos tradicionales. Para la industria de genéricos actualmente no resulta obligatorio presentar estudios preclínicos y clínicos propios que sirvan para evaluar y comparar la eficacia, seguridad e intercambiabilidad de sus productos con otros ya registrados ante el Instituto de Salud Pública (ISP).

Lo anterior es económicamente razonable, ya que permite al laboratorio genérico aprovechar la externalidad positiva que genera el sistema de patentes para entrar al mercado con productos similares o iguales a aquellos que ya no gozan de protección patentaria pero sin la necesidad de presentar nuevos estudios preclínicos y clínicos, ya que la droga o molécula ya es parte del dominio público. 
Ahora bien, en lo que dice relación con los biogenéricos, la exigencia de presentar datos preclínicos y clínicos propios sí juega un rol clave para la seguridad y eficacia de estos productos y, por lo tanto, resulta ser una salvaguardia muy relevante para la salud pública en general.

Las drogas biotecnológicas poseen una serie de propiedades que hacen que la demostración de la bioequivalencia sea un proceso muy costoso y profundamente menos sencillo. Son substancias complejas que son muy difíciles de caracterizar completamente desde una perspectiva físico-química.

En consecuencia, la intercambiabilidad de los biogenéricos debe ser aceptada exclusivamente en base a data clínica propia que es presentada independientemente por cada manufacturador y no exclusivamente por el titular del registro sanitario biofarmacéutico inicial. 
La actual postura regulatoria de Chile es inadecuada y debe ser reformada para cumplir con los estándares que han sido incorporados por las principales agencias de salud pública del mundo, como la Food and Drug Administration (FDA) o European Medicines Agency (EMA).

Agencia Nacional de Medicamentos y Priority Watch List

A propósito del proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) y de la noticia de que Chile se ha mantenido por quinto año consecutivo en el Priority Watch List del Informe “Special 301” que realiza anualmente la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), creo importante aprovechar esta ventana de oportunidad para recomendar al Gobierno que de alguna vez por todas se regule en nuestro país el tema del linkage (relación entre patentes y registros sanitarios).

En este sentido, el mejor camino a seguir es justamente emular el sistema de linkage que existe en los Estados Unidos, que balancea de forma muy adecuada los derechos de los titulares de patentes de invención, como asimismo, aquellos de laboratorios que buscan entrar al mercado para competir con productos genéricos, y en definitiva al bienestar de los consumidores que buscan acceder a medicamentos más baratos, pero que a su vez sean seguros y eficientes.

Con la implementación de esta regulación el USTR, ya no podría exigirle a la ANAMED que rechace de oficio una solicitud de registro sanitario por el simple hecho que el mismo podría a la larga permitir la entrada al mercado de un producto que eventualmente infringiría una patente inscrita ante Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sino que simplemente tendría que declarar la suspensión temporal de una solicitud de registro sanitario para efectos de que las partes interesadas (titular de la patente de invención y titular de la solicitud de registro sanitario) puedan resolver su disputa ante los Tribunales de Justicia dentro de un plazo determinado.

Es sabido que los laboratorios genéricos en Estados Unidos al pedir una solicitud de registro sanitario ante el FDA (ISP o ANAMED de EEUU) pueden optar por declarar que su producto no infringe una patente inscrita o especificar las razones por las cuales las reivindicaciones de la misma son anulables, y como consecuencia de ello deben también notificar al titular de la patente dentro de 20 días contados desde que su solicitud es acogida a tramitación por el FDA, para informarle las consideraciones de hecho y derecho que sustentan la nulidad o la declaración de no infracción de la patente respectiva.

En consecuencia, si queremos evitar quedar en esta lista negra de propiedad intelectual del USTR en el futuro, lo más sensato para Chile ahora sería regular seriamente esta materia, ya que a la larga otorgará más certidumbre al mercado farmacéutico beneficiando tanto a los laboratorios innovadores como a los genéricos, y a los consumidores en general.

La Hora de la Política

En los últimos 20 años en Chile ha existido una clara propensión por parte de las fuerzas políticas de buscar copar el centro político para efectos de no solamente acceder al poder, sino que también para mantenerlo. El actuar de la Concertación encarnó muy bien la descripción anterior, y la Coalición por el Cambio pareciera estar siguiendo esta misma suerte.

La verdad es que esta condición de nuestra cultura política no tiene nada de malo, y más bien es un signo que muestra la madurez de nuestro sistema democrático, que de alguna forma condiciona a sus integrantes a moderar las ideologías estridentes e imprudentes. Tal como lo argumenta Javier Santiso, en nuestro país existe un consenso que ha permitido la duración de una economía política de lo posible, y que nos ha alejado del canto seductor de las políticas de lo imposible que fueron promovidas por el voluntarismo populista de varios de nuestros gobiernos en los años sesenta y setenta. Nuestra propensión hacia un incrementalismo pragmático que descarta todo tipo de reformas bing bang o fundacionales y el continuismo de nuestras políticas públicas es lo que le ha dado estabilidad y éxito a nuestro modelo de desarrollo.

Ahora bien, el éxito de nuestro desarrollo no se ha concretizado sin un precio. El costo más elevado viene por el lado de la política. Sin duda que el sistema binominal ha contribuido al fortalecimiento de nuestra economía política de lo posible, pero también le ha restado pluralismo, vitalidad y competitividad. Estamos frente a un sistema con fatiga de materiales que es administrado por muy pocos y que se encuentra gatillando hace rato efectos colaterales negativos. Me refiero obviamente a nuestro envejecido padrón electoral, a la poca participación ciudadana en la política, y al divorcio que existe entre los partidos políticos y la ciudadanía en general. Básicamente estamos viviendo en una sociedad que desconfía ampliamente de la política y no valora su importancia. El riesgo de esta realidad para Chile no es menor.

Una solución: Primarias

Desde este contexto resulta muy alentador escuchar voces como la del Presidente de la UDI Juan Antonio Coloma, quien ha sugerido el mecanismo de primarias para determinar el próximo candidato presidencial de la centro derecha. Lo anterior es importante puesto que las primarias podrían ser el contexto ideal para generar más competencia, legitimidad, debate y participación ciudadana dentro del sector, y con ello dar un paso importante hacia la anhelada consolidación de una verdadera mayoría social de centro derecha.

Siguiendo esta lógica, el Proyecto Ace de la Red de Conocimientos Electorales, concluye que los principales argumentos a favor de las primarias son las siguientes:
• Las elecciones primarias ayudan a los partidos políticos a seleccionar a los candidatos con mayores probabilidades de ganar una elección, mediante una consulta a un gran número de electores que probablemente votarán por ellos.
• Promueven un proceso democrático antes de que se lleven a cabo las elecciones generales.
• Confieren a los candidatos un claro mandato y legitimidad toda vez que la decisión ha sido tomada por los afiliados al partido y no sólo por sus dirigentes.
• Otorgan a los partidos, a sus candidatos e incluso a sus propuestas una gran visibilidad pública.
• Confieren una gran capacidad de decisión a los afiliados ordinarios y los involucran en la estrategia y decisiones clave del partido.
• Ayudan a los afiliados a sobreponerse a élites partidistas poco populares.

El Diseño y la Implementación de esta Solución no es Obvia ni Simple

La sugerencia de Coloma abre a la centro derecha un espacio de oportunidades pero también de amenazas. La determinación de que tipo de primarias deben efectuarse no es un tema banal. Requiere mucho análisis y reflexión política y técnica. De nada servirá una primaria que básicamente refuerce los vicios que poseen actualmente los partidos políticos. Demás esta recordar los nefastos efectos generados por la primaria de la Concertación para la elección presidencial pasada. Básicamente fue uno de los factores detrás de la derrota de Eduardo Frei.

En este sentido, cobra importancia que las primarias sean diseñadas de una forma abierta que permitan la mayor cantidad de participación ciudadana y una competencia real entre todos los actores que muestren una vocación de poder dentro de la Coalición. La primaria debería constituirse en el espacio donde se consolide una mayoría, que le sigue siendo muy esquiva a la centro derecha.

En definitiva, más que encontrar candidatos en "una realidad que se impone" (las encuestas) como se ha realizado en el pasado, la Coalición por el Cambio debe ir a buscar su mayoría social en el espacio más adecuado y transparente: una competencia política sin barreras de entrada, con reglas claras y mucha información.

Llegó la hora de que Allamand, Lavín, Golborne, Hinzpeter, Longueira, Mathei, entre otros, se reencuentren con la ciudadanía, es decir con la verdadera política.


Rafael Pastor Besoain

Respuesta a carta de Moisés Sánchez

Estimado Director,

Concuerdo con lo señalado por el señor Moisés Sánchez en su carta publicada ayer, en el sentido que existe una retroalimentación entre la transparencia activa y pasiva. Sin embargo yo no abogo por la supresión de las políticas de transparencia pasiva, sino que por darle más importancia al desarrollo de una adecuada política de datos abiertos (expresión máxima de la transparencia activa). Con lo anterior, el Estado Chileno no sólo se estaría ahorrando muchos recursos, sino que estaría asegurando aún más el derecho humano que implica el acceso a la información pública y la libre circulación de las ideas, lo que sin dudas constituye una mayor y mas fluida contribución al proceso de generación de opinión pública, a la consolidación democrática participativa y a la generación de valor público.

Creo que la mejor forma de contribuir a este derecho humano la encontramos en la disminución de los costos de transacción de acceso a la información pública. Sin duda que una política de transparencia pasiva más una de datos abiertos contribuye mucho más a este fin, que solamente una política de transparencia pasiva y activa como la que tenemos hoy en Chile.

Los ciudadanos ya no solamente le exigen a los gobiernos el acceso de cierta información o datos sin intermediarios, sino que además requieren que la misma sea liberada en un formato electrónico amigable (abierto) que asegure la interoperabilidad entre distintas aplicaciones computacionales, como asimismo la posibilidad de reutilización los datos con fines sociales, económicos, o de control vertical, horizontal o social.

Demás esta decir que si en el año 2006 Chile hubiera tenido una política de datos abiertos, los señores Claude y Longton jamás hubiesen tenido que recurrir a tantas instancias burocráticas y legales en Chile, como tampoco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener un trascendente fallo a su favor, toda vez que simplemente hubiesen accedido a la información desde los computadores de sus oficinas.

Rafael Pastor

Transparencia no es sinónimo de valor público

Si bien estoy de acuerdo con lo señalado por el Presidente Consejo para la Transparencia en su artículo de opinión publicado por su Diario el 16 de abril de 2011, quisiera sin embargo hacer algunos alcances al mismo.

Primero, la transparencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para facilitar la generación de más y mejor valor público. Es decir, transparencia a secas no implica valor público para nada.

Segundo, la transparencia sirve también como medio para asegurar que el ciclo de las políticas públicas y los sistemas de provisión de bienes públicos y preferentes sean alimentados con datos relevantes, fiables y precisos, y además que los mismos sean respaldado por sistemas de información adecuados, y utilizados con buenas prácticas de gestión del conocimiento.

Tercero, la transparencia en sí misma no detiene la corrupción, sino que implica un medio para incentivar mejor control político (vertical y horizontal), financiero y social sobre la función pública. De alguna forma es un subsidio para generar soluciones respecto al complejo problema de acción colectiva que implica controlar a los gobiernos de turno y a la burocracia.

Cuarto, el impacto generado por las políticas de transparencia debe ser medido, ya que la misma no es gratis. Implementar los esfuerzos para asegurar más transparencia pasiva son caros, y por ende resulta clave que la DIPRES u otro ente evaluador independiente, demuestre que los esfuerzos del Consejo para la Transparencia han sido efectivos para disminuir la corrupción y hacer más eficientes y efectivos a nuestro gobierno central, a los gobiernos locales y a las empresas públicas.

Quinto, considero que el foco debiese estar mucho más orientado a satisfacer los resultados en materia de transparencia activa con una política pública real de datos abiertos, antes que a meramente fiscalizar los insumos legalistas que demanda la transparencia pasiva. En la medida que tengamos más datos abiertos, las políticas de transparencia no solo contribuirán al respeto y cumplimiento del derecho ciudadano al acceso a la información, sino también a la generación de mejores políticas públicas sectoriales a un costo mucho más bajo.

Rafael Pastor

Problemas Transcientíficos

En su columna de ayer, Ernesto Tironi señala que el conocimiento técnico-científico ha perdido autoridad para hacerse cargo de los retorcidos problemas públicos como consecuencia de lo ocurrido en Fukushima.

Sin embargo, Giadomenico Majone en su libro Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas, señala que los problemas públicos poseen más bien una naturaleza “transcientífica”, lo que implica que son cuestiones que pueden enunciarse científicamente, pero no resolverse por la misma vía.

Lo anterior sucede puesto que la ciencia se hace cargo solamente del pasado generando analíticamente diagnósticos (descripciones) sobre aquello que es verdadero o falso, más no sobre aquello que tienen compromiso con la acción. Por otro lado, la retórica dialéctica (el lenguaje político) busca hacerse cargo del futuro ideológicamente por medio de diseños argumentativos fundados convencionalmente que apuntan a cambiar el futuro con impactos reales que no pueden ser axiológicamente neutros.

La definición de los problemas públicos como “transcientíficos” fue utilizada por Majone para destacar lo importante que son las palabras y los argumentos en la formulación de políticas públicas, como asimismo para concluir que los criterios científicos de la verdad chocan generalmente con las normas legales de las evidencias y con las nociones políticas de lo que constituye una base suficiente para la acción. También es relevante esta nomenclatura ya que nos refuerza la noción de que las ideas que comienzan a configurarse como soluciones a los problemas sociales están más allá del lenguaje estrictamente técnico.

En consecuancia, cobra sentido concluir que la ciencia siempre ha sido y seguirá siendo solamente un generador de insumos para fundamentar argumentos que nunca serán verdaderos o falsos sino que más bien buenos o malos según el criterio de aceptación que prima mayoritariamente en cada momento histórico.

Rafael Pastor Besoain

Profesor Escuela de Gobierno y Gestión Pública

Universidad de Chile

The A-Lo Show with Guest:Rafael Pastor of Baker & McKenzie’s Intellectual Property Practice Group

Adrien taked with Rafael Pastor, who leads Baker & McKenzie’s (a global Law Firm) Intellectual Property Practice Group in the Santiago office, where he practices mainly on trademark prosecution and litigation. Mr. Pastor authored the chapter, “The Impact of Free Trade Agreements on Intellectual Property Standards in a Post-TRIPS World” in Legal and Business Dynamics, and is also an active speaker in various conferences. He is a member of the International Trademark Association, Inter-american Association of Intellectual Property and American Intellectual Property Law Association.

Comparto carta de mi autoría publicada hoy en la Tercera.

Aprender del pasado

Señor Director:

Creo que la siguiente proposición del filosófo Sören Kierkegaard se aplica indistintamente a conservadores, liberales clásicos o aquellos de izquierda: "Vivimos nuestra vida hacia adelante aunque la comprendemos hacia atrás".

La comprensión del pasado nos permite distinguir nuestros errores y adquirir conocimiento mediante la experiencia. En este sentido cobra importancia otra proposición, esta vez de Oscar Wilde: "La experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores". De ésta tampoco se salva ninguna criatura política, ya sea de izquierdas o derechas.

RAFAEL PASTOR

Rediseño de Gabinete (Carta publicada hoy en el Mercurio)

El cambio del gabinete es un fiel reflejo de la tensión estratégica que invade permanentemente la función ejecutiva del gobierno que se genera entre dos extremos: la legitimidad y los resultados. Esta distinción fue reconocida por el académico Laurence Lynn en su libro Gestión Pública como Arte, Ciencia y Profesión, al describir dos conceptos de gobierno. Por un lado existiría un concepto Jeffersoniano, más inclinado al entendimiento público y a la deliberación política (legitimidad), y por otro un concepto Hamiltoniano, más inclinado a la ejecución de planes y al logro de resultados. Básicamente lo que Lynn concluye es que todo gerente público se verá obligado a navegar constantemente en esta tensión, por lo que si en la gestión pública se pone más énfasis en la legitimidad, se hará sin lugar a dudas a costa de la eficacia (los resultados), y si se pone más énfasis en los resultados, se hará a costa de la legitimidad. De alguna forma Bachelet (legitimidad) y Piñera (resultados) encarnan muy bien esta distinción. Sin embargo, como en todo orden de cosas, el buen gerente público es aquel que logra aplicar ambos conceptos a la vez de forma contextual.

Por otro lado, en los años noventa Mark Moore en su libro Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público, elaboró un marco conceptual que recomienda a los Gerentes Públicos crear valor público mediante el alineamiento estratégico de tres actividades: la gestión política, la gestión programática y la gestión operativa. Es decir, un directivo público para ser buen gerente no solamente debe ser eficiente y efectivo en el uso de recursos públicos, sino que debe explorar que impactos o resultados son los que los ciudadanos colectivamente consideran valiosos y gestionar los mandatos políticos para poder en definitiva proveer los bienes públicos necesarios o implementar las políticas públicas adecuadas para crear dicho valor público.

En sentido, considero que el cambio de gabinente sirve para recordarnos que un gobierno requiere no sólo gestión operacional y técnica sino también muchísima gestión política y programática.

Al parecer con el nuevo gabinete Jefferson llego para quedarse. Veremos que pasa con Hamilton en este nuevo diseño de la función ejecutiva del gobierno del Presidente Piñera.

Rafael Pastor Besoain

Mintzberg on Managing